Lava Jato, Lula y Sergio Moro: algo huele mal en Curitiba

La causa que llevó a la primera condena judicial de Lula, en el ojo de la tormenta.

Leticia Martínez
10 de junio de 2019 10:06 hs
leticia@cenital.com  
@aletimartinez

¿Qué pasó ayer?

El sitio periodístico norteamericano The Intercept arrancó anoche la publicación de años de mensajes privados, documentos, audios y fotos, correspondientes a integrantes de la investigación de Lava Jato, incluyendo al procurador del Ministerio Público, Deltan Dallagnol, y al ex Juez Sergio Moro, de las que surgen evidencias de la politización, direccionalidad e irregularidad de una de las causas de corrupción más resonantes de la historia de América del Sur, cuyas consecuencias trascendieron las fronteras brasileñas y terminaron con la condena de Luis Inacio Lula Da Silva, el principal dirigente político brasileño.

La información, recibida hace algunas semanas por la publicación de una fuente anónima, da cuenta de mensajes intercambiados entre los procuradores fiscales de la causa Lava Jato y entre el principal acusador Deltan Dallagnol y el juez de la causa, Sergio Moro, quien es actualmente Ministro de Justicia de Jair Bolsonaro. Desde la sede de Paraná, donde Lula se encuentra detenido, de la Fiscalía de la República confirmaron la autenticidad de las publicaciones, al denunciar, mediante un comunicado de prensa, el hackeo y la apropiación ilegal del contenido de sus teléfonos celulares.

"¿Mucho tiempo sin operaciones, no?", regañaba Moro al Fiscal Dallagnol en uno de los mensajes. En otro, le ofrece contactar a una fuente que, se supone, le acercaría datos sobre propiedades de los hijos de Lula. En otro, conversan sobre la divulgación de escuchas ilegales realizadas sobre la entonces presidenta Dilma Rousseff, un acto que había recibido duras críticas pero que permitió impedir la nominación de Lula Da Silva como Ministro Jefe de la Casa Civil.

Indicaciones, sugerencias y hasta retos por parte del juez Moro al procurador Dallagnol, que dan cuenta de un relacionamiento estrecho y coordinado entre quien representa al órgano encargado de  investigación y acusación, y el juez, encargado de velar por las garantías y la legalidad del proceso de forma imparcial, con el agravante de que, a diferencia del sistema argentino, donde las condenas son habitualmente dictadas por tribunales orales, los jueces de primera instancia brasileños están habilitados para dictar sentencias sobre la investigación que supervisan, lo que hace aún más importante el respeto por la estricta separación entre jueces y fiscales.

¿Y entonces?

"El problema consiste en saber si los documentos divulgados poseen valor probatorio, si la respuesta es sí, sin dudas debería haber nulidad del proceso", explica en diálogo con Cenital el profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC), Claudio Ladeira de Oliveira, quien va más allá y señala que "si fuese una conversación entre un juez y el abogado de un acusado en un proceso criminal normal, el magistrado automáticamente sería apartado y castigado". 

El abogado constitucionalista asegura que la actuación conjunta entre el juez y el procurador aparece evidente, lo que demostraría un fuerte sesgo en el dictado de la condena contra Lula. El exmandatario brasileño se perfilaba como favorito para las elecciones de 2018, que finalmente ganó Jair Messías Bolsonaro, fue acusado de corrupción y lavado de dinero y condenado primero a 12 años de cárcel, que fueron luego reducidos a 8 años y 10 meses.

"Lo que publicó The Intercept es la prueba de lo que venimos diciendo, que Moro actuaba con los procuradores y esto es ilegal. El juez no tenía una posición imparcial, él ha participado todo el tiempo de la acusación y por eso el juicio debería ser anulado", afirma a Cenital Valter Pomar, secretario de Relaciones Internacionales del Partido de los Trabajadores entre 2005 y 2010.

Críticas redobladas

No está claro cuáles serán las repercusiones judiciales de la publicación de los intercambios, que se extendieron por lo menos desde el 2015 al 2018. Desde el momento en el que se juzgaba a Lula, fueron extendidas las críticas nacionales e internacionales que denunciaron la insuficiencia de las pruebas utilizadas para condenar al dos veces presidente brasileño.

Desde la defensa del líder del PT se presentaron diversos recursos, llegando incluso a exponer ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU en julio de 2016, donde alegaron que los fiscales de la Operación de Lava Jato habían actuado en conjunto con el actual ministro de Justicia. Su nombramiento en el cargo por Jair Bolsonaro redobló las críticas, ya que, según la defensa del ex presidente, demostraría la motivación política en la condena contra quien encabezaba las encuestas para las elecciones presidenciales.

Luego de conocer la publicación de la revista digital, los abogados de Lula insistieron y reforzaron su postura según la cuál el expresidente habría sido víctima de lawfare, esto es, manipulación de la legislación y los procedimientos con fines políticos. Un concepto recuperado días atrás por el Papa Francisco, quien a fines de mayo envió una carta al exmandatario, a quien le aseguró que "el bien vencerá al mal, la verdad vencerá a la mentira, y la salvación vencerá la condenación".

Si bien todos los especialistas coinciden en que el comportamiento acreditado por las filtraciones constituye una violación de los deberes éticos de la judicatura, el dirigente del PT no se muestra esperanzado: "La nulidad desde el punto de vista jurídico es clara sí, pero la cuestión es política".