El gobierno tras los jueces que no lo representan

Desde el Ejecutivo apuntan contra Alejandro Slokar y Alejo Ramos Padilla.

Ariel Zak
17 de junio de 2019 18:10 hs
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@Ariel_Zak

El presidente Maurcio Macri lo dijo sin rodeos: "Los jueces tienen que saber que queremos saber la verdad o vamos a buscar otros jueces que nos representen". La frase, pronunciada hace ya dos años, expuso un mantra de este Gobierno que tiene que ver con promover jueces con los cuales se siente identificado y buscar sacar del juego a todos aquellos que puedan incomodarlo.

Esa máxima macrista podrá respirarse entre quienes pisen el Consejo de la Magistratura mañana y en las próximas semanas. Es que el gobierno arremeterá contra dos magistrados de esos que pueden colocarse con facilidad en el lado de la hoja donde van los "no alineados" con la Casa Rosada: el camarista de Casación Alejandro Slokar y el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla.

Hay otros denominadores comunes para estos dos jueces a los que apunta el Gobierno. Uno es que el consejero instructor de las denuncias contra ambos es el diputado de Cambiemos Pablo Tonelli quien ya dejó trascender entre sus colegas su voluntad de promover su juicio político. Con lo que tenga a mano, por poco que sea.

El caso de Ramos Padilla es el que cobró mayor notoriedad en el último tiempo porque es el juez que lleva la causa en la que se investiga una supuesta asociación ilícita dedicada a la extorsión y al espionaje ilegal. Ese expediente cuenta con decenas de evidencias que permiten acreditar vínculos entre el detenido falso abogado Marcelo D'alessio y dirigentes oficialistas e incluso con ministros y funcionarios del Gobierno.

Ramos Padilla fue denunciado en el Consejo de la Magistratura por el ex representante del Ejecutivo ante ese cuerpo, Juan Bautista Mahiques. Lo hizo -según explicó por escrito- por orden del ministro de Justicia Germán Garavano que, a la vez, recibió la orden del mismísimo Mauricio Macri. Lo denunciaron por aceptar una invitación para ir al Congreso a exponer sobre la causa en trámite. El mismo argumento usó el imputado fiscal Carlos Stornelli para recusarlo, pero la Cámara Federal de Mar del Plata desechó el argumento confirmó al juez del caso.   

Notificado de acuerdo al artículo 11 del reglamento de la comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura que otorga un plazo de 20 días a los magistrados acusados para formular su descargo y solicitar medidas de prueba, Ramos Padilla tiene tiempo para manifestar su verdad hasta el 5 de julio.

El caso de Slokar también es elocuente. La comisión de Acusación y Disciplina del Consejo tiene previsto tratar en la reunión de mañana el proyecto de Tonelli que propone citar al camarista de Casación "en los términos del artículo 20", que es lo más parecido a una indagatoria en el marco de los procesos que lleva adelante el órgano encargado de la promoción y la remoción de los jueces. Estaba previsto que ese punto fuera tratado la semana pasada pero debió postergarse.

El expediente contra Slokar está vinculado con un supuesto actuar "negligente" en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito contra el recientemente condenado ex secretario de obras públicas del kirchnerismo, José López. El proyecto de Tonelli no fue visto con buenos ojos por sus colegas que, siempre off the records, comentaron que se trata de un expediente del 2016, que estaba por caducar, y que fue desempolvado en los últimos días. ¿Por qué lo habría sacado Tonelli de la pila de los saldos? Porque Slokar integra la sala dos de Casación que es la que revisa las decisiones tomadas en el marco de la caso D'alessio en la que actúa como juez Ramos Padilla. Todo tiene que ver con todo.

La servilleta negra de los jueces a los que el gobierno quería y quiere destituir es un secreto a voces. Cuando Macri llegó al poder comenzaron a trascender los nombres: sus principales enemigos íntimos eran, desde su primer día de gobierno, los jueces que intervinieron en la causa de las escuchas ilegales en la Ciudad de Buenos Aires por la que supo asumir procesado: el juez Norberto Oyarbide y los Camaristas Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah.

Oyarbide fue invitado a renunciar para evitar ser destituido y perder el beneficio de su jubilación. Ballestero siguió el mismo camino. Freiler fue destituido por el Consejo de la Magistratura. Farah fue trasladado y liberó sus silla en el estratégico tibubal de apelaciones. Son solo algunos ejemplos.

En este contexto, el gobierno sumó en estos días una filosísima espada en el Consejo de la Magistratura al asegurarse el pase del senador Miguel Ángel Pichetto, consejero y presidente de la Comisión de Acusación y Disciplina. Un hombre, además, bien ponderado en los siempre cuestionados tribunales federales de Comodoro Py, lugar por el que suelen marchar los funcionarios nacionales cuando abandonan el poder.

El senador peronista que oficiará de candidato a vicepresidente de Macri en las próximas elecciones presidenciales avisó ya públicamente que piensa atornillarse a su banca en el Consejo hasta que venza su mandato y que no le importa tener que ir a defender su decisión en la justicia. Sus colegas y otrora socios políticos empezarán a delimitar mañana, en una reunión de senadores justicialistas, la estrategia para sacarlo. La preciada banca en el Consejo no es del senador sino de quien elija la primera mayoría parlamentaria que supo elegirlo a él y que de volverse a conformar podría sacarlo.  

Como sea, la incorporación de Pichetto al oficialismo tiene una fuerte carga judicial. Es que el gobierno solo quiere jueces que o representen.