Alonso, Stornelli y los objetivos político-judiciales en año electoral

Reunión entre el fiscal de la causa Cuadernos y la titular de la OA. El mensaje de la funcionaria oficialista a un juez de Comodoro Py. ¿Y las escuchas ilegales?

Ariel Zak
23 de junio de 2019 14:06 hs
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@Ariel_Zak

El viernes 7 de junio la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, ingresó al edificio de los tribunales federales porteños ubicados en la Avenida Comodoro Py por la puerta principal. Atravesó el hall central convencida, subió a uno de los ascensores y marcó el piso con decisión. Bajó en el quinto, donde habitan los representantes del Ministerio Público Fiscal. Caminó hacia el ala que da al Río de la Plata y recién se detuvo cuando se topó con el hombre al que iba a buscar: Carlos Stornelli. Se saludaron amistosamente ante la atenta mirada de un puñado de empleados judiciales que caminaban por los pasillos e ingresaron al despacho del fiscal. Estuvieron reunidos por más de media hora. 

El encuentro se produjo el día después a que el juez federal Claudio Bonadio dio inició al trámite para elevar a juicio oral la causa conocida como "Cuadernos". En simultáneo, el día anterior el magistrado les había corrido vista al fiscal y a las querellas (entre ellas la OA) para que opinaran si el caso debía pasar a la instancia de debate público o si restaban medidas por llevarse a cabo. Lo que hablaron Alonso y Stornelli no trascendió. Pero ahora parece comenzar a descifrarse.

El 18 de junio, el fiscal Stornelli formuló su requerimiento de elevación a juicio en el caso de los cuadernos. El fiscal dejó afuera de su escrito a los empresarios de Techint Luis Betnaza y Héctor Zabaleta, quienes fueron acusados de haber pagado coimas para que ex funcionarios argentinos destrabaran una situación vinculada con una filial de esa empresa en Venezuela. El pretexto para no requerir su elevación a juicio fue que aún nos estaba concluida la investigación en relación a ellos. Mucho tiempo antes, la cámara Federal porteña había desprocesado al CEO de ese Grupo, Paolo Rocca.

El periodista económico Marcelo Bonelli publicó el 20 de junio en el diario Clarín que la decisión de Stornelli encuentra sintonía con los intereses de la Casa Rosada, dispuesta a negociar con Techint en temas vinculados a la energía que por estos días le generaron dolores de cabeza. Y la llave para que no ocurra nada fuera de libreto la tiene la propia Laura Alonso.

"La Casa Rosada tiene proyectado -en caso de ganar las elecciones- negociar un acuerdo con Techint y frenar el conflicto judicial por la controversia de los subsidios a Vaca Muerta. La decisión del fiscal Carlos Stornelli de excluir de la causa de los cuadernos a Techint, facilita las cosas. Ni la UIF (Unidad de Información Financiera), ni la Oficina Anticorrupción van a apelar", escribió Bonelli. 

La visita de Alonso al despacho de Stornelli no fue la única sobre la cual tuvo noticias Cenital. Otro magistrado con oficina en Comodoro Py relató, con cierta sorpresa, un encuentro también ocurrido en los últimos días en los tribunales de Retiro. Según la fuente, que reclamó anonimato, la titular de la OA se presentó interesada en saber cuándo se daría por finalizada la instrucción de un caso que compromete a un ex funcionario que acumuló poder durante la gestión kirchnerista y mostró cierto apuro por que la causa pasara a juicio oral. 

-Hay tiempos e instancias procesales que hay que respetar. -asegura el magistrado que le respondió, palabras más palabras menos.

-Para mí es un objetivo político. -escuchó como respuesta. 

Las expediciones de Alonso a los tribunales de Comodoro Py son una evidencia de cómo se entremezclan los caminos de la política con los de la justicia. Algo, que en el caso particular de la Oficina Anticorrupción, ya había quedado en evidencia en un expediente judicial. La ex diputada del PRO había sido acusada de utilizar el organismo que encabeza para para perseguir dirigentes opositores. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi la sobreseyó, pero en el mismo fallo resaltó que de la investigación surgía que la OA no había querellado a ningún funcionario del actual gobierno. 

La propia Alonso reconoció este año durante una entrevista con el periodista Luis Majul que la OA no querellaba en cusas de corrupción en la que eran investigados por el gobierno de Mauricio Maci. "Porque para que me acusen de encubridora en las causas y de ir a embarrar causas de la corrupción, que las lleven adelante los fiscales, que son los fiscales y los jueces naturales de las causas de este gobierno", fundamentó. Eso le valió otra denuncia y una nueva investigación por incumplimiento de los deberes propios de los funcionarios públicos.

Del riñón del presidente de Boca, el empresario del juego y militante radical Daniel Angelici, Alonso ya fue diputada del macrismo antes de desembarcar en la OA sin cumplir los requisitos necesarios para el cargo y hay quienes aseguran, con cierto sarcasmo, que su futuro en la función pública ya está sellado. Así los escribió el periodista Carlos Pagni en el diario La Nación el pasado 20 de junio: "Al binguero le atribuyen querer una banca para Laura Alonso. Sus rivales dicen con malicia que quiere dotarla de fueros, por si gana el kirchnerismo. Alonso es un blanco móvil, en una campaña donde la principal guerra es judicial".

El Poder Judicial realizó otros guiños que parecen confirmar que sus miembros están dispuestos a meterse de lleno en la campaña. Esta semana la Corte Suprema se despachó con una acordada firmada por sus cinco integrantes en la que le recordó a los jueces algo que ya sabían: que tiene que tener fundamentos para pedir una pinchadura telefónica, que no pueden pinchar teléfonos por tiempo indeterminado para ver si escuchan algo sobre lo cual trabajar y que el contenido de las escuchas debe ser custodiado con todo el celo del mundo. Algo que no pasaba desde hacía tres años. Las víctimas del festival de filtración de escuchas fueron, en todos los casos, ex funcionarios del gobierno pasado. Un dato: según un informe de la oficina de la Corte que gestiona las escuchas (Dajudeco), en el ranking de motivos por los cuales se ordenan, el segundo es "nn s/delito". Es decir: no se identifica al imputado ni el delito.

Pero hubo más, la causa de los Cuadernos -acaso la que más sacudió a la política argentina en lo últimos años y quizás en la historia- se tramitó en un tiempo récord: en menos de un año el juez Claudio Bonadio determinó que estaba en condiciones de ser elevada a juicio oral. Justo cuando está por iniciarse la campaña. De todas formas el debate público no empezará cuando haya concluido al menos el primer mandato de Macri al frente de la Casa Rosada. 

Estarán preocupados en Balcarce 50 con otros expedientes que tramitan en Comodoro Py. No faltará mucho para que el juez Ariel Lijo resuelva, por ejemplo, la situación procesal del ministro de Defensa y ex ministro de Comunicaciones Oscar Aguad por negociaciones incompatibles con la función pública. Se lo acusa de haber suscripto desde el Gobierno un acuerdo ruinoso para las arcas del Estado en relación a millonaria deuda del Correo Argentino S.A. del Grupo Macri. Ya fue indagado. Y luego planteó un recurso de "falta de acción" en la que señaló que el caso debía cerrarse porque no cometió ningún delito. El planteo choca de frente con la indagatoria a la que debió someterse. 

En un apartado que podríamos titular como "noticias judiciales relevantes para la política" también podría incluirse un sobreseimiento que le dictaron al precandidato a gobernador bonaerense del Frente de Todos, Axel Kicillof. Lo dispuso el juez federal Sebastián Ramos en el marco de una causa abierta por una denuncia contra el ex ministro de Economía en la que se lo acusaba por montar un supuesto dispositivo para cambiar los Registros de Exportación de Granos (ROE) por dádivas. La investigación que se inició en junio de 2015 y la supuesta comisión del delito no fue probada. Cuarto años después, y con Kicillof lanzado, la noticia no llegó a las páginas de los diarios. Cosas que pasan en épocas de campaña.