Las maniobras detrás de la causa que apunta contra el caso D'alessio

Cómo se quedó Bonadio con la denuncia de Carrió que sostiene que la causa que lleva adelante Alejo Ramos Padilla es una operación contra la causa de los cuadernos. Los detalles insólitos del expediente.

Ariel Zak
7 de julio de 2019 13:07 hs
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@Ariel_Zak

El primer intento salió mal. Se trató de una denuncia presentada el 8 de febrero por el fiscal Carlos Stornelli en base a las transcripciones de escuchas realizadas sobre el teléfono público de un pabellón del penal de Ezeiza. Dijo que las tiraron en un sobre anónimo bajo la puerta de su fiscalía y que quien las dejó se definió -por escrito- como un admirador de su trabajo. El desconocido daba cuenta, además, de un supuesto complot orquestado desde la cárcel por ex funcionarios kirchneristas contra fiscal, contra el juez Claudio Bonadio y, en definitiva, contra la causa de los Cuadernos. Se refería a una caso que avanzaba en el juzgado federal de Dolores, desde donde hacía dos días se había ordenado el allanamiento de la casa del falso abogado Marcelo D'alessio: un operativo sorpresivo encabezado por el juez federal Alejo Ramos Padilla que destapó una olla a presión en la que se cocinaban maniobras extorsivas y de espionaje ilegal en suelo argentino y en otros países de la región. Una causa en la que, cinco meses después, Stornelli se encuentra declarado en rebeldía por negarse a prestar declaración indagatoria. Está imputado de valerse y reclamar información de la banda dedicada a espiar sin autorización.

El sorteo de rigor realizado en la Cámara Federal porteña -y el destino pícaro- hizo que la denuncia presentada por Stornelli cayera en las manos equivocadas. La causa quedó radicada en el juzgado a cargo de Luis Rodríguez, un juez con el que el fiscal principal de la causa de los Cuadernos mantiene una vieja rivalidad basada en las diferencias de criterios en el manejo del caso Rio Turbio donde el juez apartó al fiscal tras la recusación formulada por el ahora detenido ex funcionario de Planificación Federal, Roberto Baratta. No tardaría en gestarse la maniobra para conseguir otro juez.

Ese 8 de febrero fue un día convulsionado en el edificio de los tribunales federales de Comodoro Py. La tarde anterior se había filtrado la información de que Carolina Pochetti, viuda del ex secretario presidencial Daniel Muñoz, había declarado como arrepentida en una causa ligada al caso de los Cuadernos. Había dicho ante el fiscal Stornelli que el juez Rodríguez habría cobrado una coima para frenar una investigación sobre el supuesto lavado de unos 70 millones de dólares que el ex secretario de Néstor Kirchner envió hacia el exterior. Un nuevo capítulo en el enfrentamiento Rodríguez-Stornelli.

Buscar otro juez

Eran las 18.40 de aquel viernes de verano cuando las legisladoras de la Coalición Cívica, Paula Oliveto y Mariana Zuvic, ingresaron a la mole del barrio porteño de Retiro que alberga a los 12 juzgados federales y a las 12 fiscalías del mismo fuero. Las legisladoras -que en la actualidad también se encuentran investigadas en el caso D'alessio- llevaban consigo una denuncia, en nombre de Carrió, inspirada en las mismas escuchas que había recibido Stornelli. Dijeron que la información le había llegado a su referente política también en un sobre anónimo. Había sobres para todes.

Las recibió el fiscal Franco Picardi, acaso el único magistrado que permanecía a esa hora en el edificio de Comodro Py. "La presente denuncia está originada en un pedido de la doctora Carrió para que nos presentáramos en esta causa en virtud de haber recibido a su nombre un sobre con la transcripción de escuchas telefónicas verosímiles pero de cuya autenticidad no podemos dar fe", decía el texto de la denuncia al que accedió Cenital.

Las legisladoras afirmaban allí que las escuchas hacían referencia a una "operación" en la cual "intervienen personas de los servicios de inteligencia, el detenido Roberto Baratta y otros, con la intención de entorpecer la causa judicial de Los Cuadernos, mediante acciones contra el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli". Pero agregaron un párrafo con el que se diferenciaron de la denuncia de Stornelli: "La realidad es que la doctora Carrió enterada de esto emite un tweet el 7 de febrero advirtiendo, estas maniobras se dan justo en el momento en el que se conoce el pago de un posible retorno millonario al Juez Luis Rodríguez según declaró la detenida Carolina Pochetti. El juez también estaría relacionado con personajes del servicio de inteligencia argentinos".

Ese párrafo marcó el destino de la causa. El lunes 11, después de un tenso fin de semana, el fiscal Picardi -que había recibido la denuncia- dio curso al trámite ordinario y la mandó a la Cámara Federal para que se realizara allí el sorteo de rigor. El presidente del tribunal de apelaciones, Martín Irurzun, tomó la denuncia y, al mandarla a sorteo, dispuso: "En atención a que en las actuaciones que anteceden se encuentra mencionado el señor juez federal Luis Rodríguez, procédase al sorteo de estilo con la exclusión del sorteo federal N°9, de turno con esta Cámara en el día de la fecha". Entonces sí, el azar, un tanto condicionado, hizo que la causa cayera en el juzgado de Bonadio, que también aparecía mencionado en la denuncia, aunque como víctima. Nada importó.

Las escuchas

Fue la propia Carrió la que le indicó a Bonadio -por medio de la denuncia presentada por Zuvic y Oliveto- que fuera a buscar las escuchas realizadas sobre el penal de Ezeiza al juzgado federal de Lomas de Zamora. Con la excusa de escuchar si desde ese penal se estaba moviendo droga, el juez Federico Villena había pinchado los teléfonos de la cárcel durante un largo rato. Las conversaciones cuyas transcripciones habían sido filtradas se habían registrado en ese expediente.

"Solicitamos se consulte al Juzgado Federal Criminal y Correccional N°2 de Lomas de Zamora, acerca de la autenticidad de las escuchas telefónicas transcriptas presuntamente ordenadas en la causa Nro. 41475/2016, y en caso de ser auténticas se remitan en incorporen las copias a las judiciales que correspondan", escribieron las legisladoras de la Coalición Cívica en la denuncia. Así fue que Bonadio se las pidió a Villena quien le dijo que las había destruido porque no le habían aportado nada a su investigación pero que quedaba un respaldo en la oficina de escuchas que depende de la Corte Suprema de Justicia. El juez porteño consiguió una autorización de su colega de Lomas de Zamora para ir a buscarlas y ordenó que la fuerza encargada de recogerlas fuera la Agencia Federal de Inteligencia, según indicaron fuentes judiciales.

En poco tiempo, Bonadio tuvo en su despacho cientos de horas de escuchas realizadas sobre el teléfono del Penal de Ezeiza. Las solicitó desde la causa de los Cuadernos, expediente por el que estaba preso, entre otros, Baratta. Es decir, Bonadio pudo saber, por ejemplo, lo que hablaba el ex funcionario de Planificación con su ex abogado Juan Pablo Alonso, mientras lo tenía detenido. Una jugada el filo de la legalidad. Desde ese expediente el juez se las envió al otro, el iniciado con la denuncia de Carrió. E hizo un movimiento más: mandó copias de la causa y de las escuchas al Consejo de la Magistratura para incorporar, por pedido del consejero oficialista Pablo Tonelli, al expediente abierto contra Ramos Padilla por una denuncia del gobierno. El expediente se había iniciado como reacción de la Casa Rosada a la presentación del juez de Dolores ante el Congreso, donde contó algunos detalles del caso D'alessio. Pasaron a ser muchos, entonces, los que pudieron enterarse de qué hablan los políticos presos en Ezeiza. Incluso cuando hablan con sus parejas o sus hijos.

Otros detalles del expediente

Tras los movimientos para elegir al juez -o al menos evitar al juez "indeseado"- y la jugada para intentar blanquear la utilización de las escuchas; el expediente iniciado por la denuncia de Carrió empezó a sumar una serie de presentaciones llamativas que pudo conocer Cenital y que se enumeran a continuación:

-La confirmación del encuentro Carrió-D'alessio: "Marcelo D'alessio se acercó a nosotros en calidad de funcionario de ENARSA, diciendo que tenía información sobre contratos de energía que podían ser de nuestro interés", relataron Zuvic y Oliveto que, además, aseguraron que el falso abogado y panelista televisivo les dijo les dijo que tenía información de narcotráfico. "Esto motivó un solo encuentro entre la Dra. Carrió y el doctor D'alessio", aseguraron. El reconocimiento se produjo el mismo 8 de febrero, cuando poco se sabía sobre las relaciones de D'Alessio. Ese vínculo es investigado ahora por el juez Ramos Padilla en el marco del expediente en el que se intenta determinar para quien trabajaba D'alessio. Las legisaldoras dijeron que fue presentado por un periodista de su confianza.

-La denuncia contra CFK: El 6 de marzo, Carrió, Zuvic y Oliveto presentaron una ampliación de la denuncia original. Aseguraron que la operación a la que ya habían referido estaba orquestada por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que estaría asociada con D'alessio, los detenidos ex comisarios bonaerenses Ricardo Bogoliuk y Anibal Degastaldi y hasta el juez Ramos Padilla. Aseguraron que el caso D'alessio se inició en Dolores por una decisión coordinada por esas y otras personas personas para que el empresario Pedro Etchebest, que había grabado las extorsiones del falso abogado, formulara allí la denuncia. El foco de esa teoría radicaba en que el ex embajador argentino Eduardo Valdés supo de la denuncia de Etchebest antes de que fuera presentada; algo que decían que surgía de un diálogo que el dirigente mantuvo con un ex funcionario detenido en Ezieza. Etchebest siempre dijo que hizo la denuncia en Dolores porque el propio D'alessio, que le pedía plata para supuestamente hacerlo zafar de la causa de los Cuadernos, lo llevó hasta Pinamar para que se estrechara la mano con Stornelli y corroborara que lo que le decía era cierto.

-La falsa detención del hijo de Carrió: el 13 de marzo, Carrió avisó en el juzgado de Bonadio que había recibido un llamado del Canciller Jorge Faurie quien le hizo saber que por una comunicación entre embajadas argentinas en el exterior había tomado conocimiento de que su hijo estaba detenido en México desde el 28 de febrero por una causa de drogas. La propia diputada aclaró que su hijo le desmintió la información por vía telefónica. El diálogo entre Carrió y Faurie fue ratificado por el propio Canciller, según consta en el expediente. La diputada de Cambiemos justificó la presentación del episodio ante Bonadio en el hecho de que podría estar vinculado con intentos de amenazarla por las denuncias realizadas.

Las presentaciones realizadas por Carrió, en apariencia inconexas, dan cuenta del elevado nivel de confianza de la diputada en el juez Bonadio. En su juzgado parecen estar depositadas las esperanzas de aquellos que están siendo investigados en el caso D'alessio.