La rebelión de los gobernadores

Un grupo de mandatarios provinciales acudió a la Corte Suprema para que declare inconstitucional la eliminación del IVA sobre productos de la canasta básica, la suba del piso de Ganancias y el congelamiento el precio del petróleo. El financiamiento de esas medidas es aportado casi en un 60% por sus administraciones.

Mara Ruiz Malec
27 de agosto de 2019 10:08 hs
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@marucha_rm

Un grupo de gobernadores realizaron una presentación este miércoles ante la Corte Suprema de Justicia para que declare inconstitucional los tres decretos (561, 566 y 567) firmados por el presidente Mauricio Macri luego de las elecciones primarias: la eliminación del IVA sobre productos de la canasta básica, la suba del piso de Ganancias y el congelamiento el precio del petróleo.

La medida cautelar fue presentada por Formosa, Tierra del Fuego, Catamarca, Chubut, La Pampa, La Rioja, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tucumán, Santa Fe y San Juan.

Hace dos semanas, golpeado por la derrota electoral, Macri anunciaba un paquete de medidas para contener a lo que identificaba como parte de su electorado desilusionado. El paquete, que analizamos con algún detalle en esta nota, incluía una rebaja en el impuesto a las ganancias, una exención de aportes personales de llegada directa al bolsillo del trabajador, un bono para los titulares de derecho de la asignación universal por hijo y la eliminación del componente impositivo del monotributo por un mes. Además, se eliminó hasta fin de año el IVA de algunos de los productos de la canasta básica (también lo analizamos acá) y se congeló, en un confuso episodio, el precio de las naftas.

Una pregunta recurrente fue cómo haría el Poder Ejecutivo para pagar todas estas medidas, en un momento donde eliminar el déficit fiscal se ha convertido en el objetivo principal de la política económica. Sin muchos detalles, se explicó que el gasto se compensaría con recortes en otras partidas.

La próxima ronda la invito yo

Lo que Mauricio Macri obvió decir es qué parte de este gasto lo financiarán directamente las provincias. ¿Por qué esto es así? Tanto la recaudación de ganancias, como la del IVA y el componente impositivo del monotributo se coparticipan, es decir, que una parte de esa recaudación va directamente a las provincias. Del IVA, algo más de la mitad llega directamente a las arcas provinciales. En el caso de ganancias, 2 de cada 3 pesos recaudados tienen el mismo destino. El monotributo se compone de dos partes, un pago que hace las veces de impuesto general que pagaría el emprendedor/profesional si tuviera una empresa más grande (ganancias por ejemplo) y uno que hace las veces de aportes y contribuciones laborales y que suma para la jubilación. El que se perdona por un mes es el primero y de éste, un 20% va a las provincias. En total, las provincias aportan cerca del 60% del financiamiento de las medidas.

Se trata de alrededor de 32 mil millones de pesos que van a perder de recursos las provincias. A esto debe sumarse que algunas provincias provincias recaudan mucho gracias a las regalías petroleras. Pero con el congelamiento de las naftas, no van a poder apropiarse del todo de este recurso.

Los gobernadores no oficialistas pusieron el grito en el cielo. Este miércoles se juntaron 19 gobernadores y firmaron un documento conjunto, cuestionando, no las medidas, pero sí su financiamiento y advirtiendo por las dificultades que podría generar en el pago de salarios de los empleados provinciales este recorte. Parece exagerado, pero lo cierto es que muchas provincias ya están teniendo hoy problemas con sus cuentas.

El Poder Ejecutivo contestó que esta merma de recursos será compensada por la propia dinámica inflacionaria. ¿Qué significa esto? Como los precios suben se recauda más IVA porque se aplica un 21% sobre un precio mayor. Este razonamiento obvia dos cuestiones básicas. La primera es que la inflación también puede aumentar los gastos provinciales (especialmente si, por ejemplo, existe algún tipo de cláusula gatillo en la paritaria provincial), por lo tanto, las provincias van a necesitar estos recursos extra. La segunda es que este aumento de la recaudación es contingente, no solo a cuánto aumenten los precios sino también a cuándo se venda y a cuánto se venda en el mercado formal. El año pasado, los meses de mayor inflación fueron septiembre y octubre. La recaudación de IVA aumentó pero en noviembre y diciembre, recesión mediante, vino muy floja. De hecho, en diciembre de 2018 la recaudación de IVA fue solo un 25% superior a la de diciembre de 2017, mientras que la diferencia en los precios alcanzaba el 47%.

El segundo argumento del gobierno nacional es que las medidas también tendrán un impacto en la actividad porque mejoraran el consumo, lo cual aumenta la recaudación nacional y la provincial. El efecto de esto es difícil de medir, más aún cuando las medidas tienen lo que llamamos un sesgo "pro-rico". ¿Qué implica? No que necesariamente beneficien a los "ricos", pero sí que beneficia más a sectores con un ingreso mayor en relación a los más vulnerables. Algunos de estos sectores llegan a ahorrar parte de su ingreso, por lo tanto el beneficio que van a recibir no necesariamente se va a canalizar en un mayor consumo, al menos no de manera inmediata.

Medidas clase media-alta friendly

De acuerdo al Instituto de Trabajo y Economía, de los $85.700 millones estimados de este paquete casi el 90% se destina a la clase media y media alta, mientras que poco más del 10% se destina a los sectores vulnerables y clase media baja. Esto es así porque la clase media y media alta concentra a una buena parte de quienes tienen empleos en relación de dependencia registrados y a todos los que pagan impuesto a las ganancias. Estos dos grupos recibieron los mayores beneficios, con un descuento de ganancias que promedia los $2.000 por trabajador/a y que además es retroactivo a enero de 2018 (o sea, $24.000) y un beneficio de $2.000 por dos meses para los que no llegan a pagar ganancias. Los sectores con ingreso más bajos reciben algunos el beneficio del monotributo y del bono de $1.000 por dos meses para los beneficiarios de la asignación. Los empleados públicos, que se encuentran en un límite entre estos dos grupos, recibirán un bono compensación de $5.000.

Este cálculo no tiene en cuenta la medida del IVA por dos motivos. En primer lugar, no se sabe cuál será su impacto real ya que no está claro de cuánto será la reducción sobre el precio final (recordemos que el IVA se cobra a lo largo de toda la cadena de producción), ni tampoco cómo se supervisará que este descuento efectivamente se traslade a los precios y no a la rentabilidad del comerciante. De funcionar correctamente, si bien es un beneficio horizontal, debería tener un sesgo hacia las clases más populares ya que son ellas quienes gastan una mayor proporción de su ingreso en productos de la canasta básica. Por ahora, quienes anunciaron bajas de precios en estos productos fueron grandes cadenas de supermercados, identificadas en general con las clases medias.