Macri, el Consejo de la Magistratura y el viejo deseo de controlar a los jueces

El órgano del Poder Judicial ya funciona en "modo transición". Apuro en el oficialismo y tranquilidad en la oposición. Preocupa al Presidente la composición de la Cámara Federal porteña, el cual revisará los fallos de los magistrados que juzguen a los miembros de su gobierno.

Ariel Zak
1 de septiembre de 2019 11:04 hs
ariel@cenital.com  
@Ariel_Zak

El Consejo de la Magistratura ya funciona en modo transición. De un lado, el oficialismo intenta "sacar todo lo posible" antes de un eventual cambio de gobierno. Del otro, la oposición se mueve sin apuro, a la espera de su turno para tomar el control de la situación en el órgano encargado de la promoción y la remoción de los jueces.

"Sacar todos lo posible", tiene doble significancia, según explican fuentes del Consejo: por un lado elevar la mayor cantidad de ternas de jueces posibles al Poder Ejecutivo -para que luego vayan al Senado- y por otro limpiar el camino de los jueces en actividad que fueron denunciados ante ese organismo. Cerrarles las causas como quien busca sellar un pacto con el futuro. El famoso "me debés una".

"Los que saben que se van quieren sacar todo lo que puedan ya", dice una fuente del Consejo que conoce al dedillo cómo funcionan los mecanismos de relojería de ese organismo. Y esa afirmación encuentra respaldo en las palabras de una fuente del oficialismo que confirma que los representantes de Cambiemos y sus aliados en el Consejo asumirán esa actitud. "Aunque todo lo elevado lo resolverá el próximo gobierno", afirma la fuente que cree que el resultado de las PASO es irreversible.

Los números a los que accedió Cenital dan cuenta de estos movimientos: los pliegos de 99 jueces ya fueron enviados desde el Poder Ejecutivo hacia el Senado en busca de su aprobación. Y otros 27 trámites se encuentran avanzados: el presidente Mauricio Macri tiene unos 11 pliegos para estudiar antes de mandar al cámara alta que ya pasaron por manos del ministro de Justicia Germán Garavano, quien recibió las ternas del Consejo. En la órbita del poder Ejecutivo hay otros 16 casos de estudio. Es decir, si Cambiemos deja el poder en diciembre, antes habrá enviado al Senado al menos 126 pliegos de jueces para ser designados. Lo más probable es que si cambia el signo político del Gobierno, el próximo presidente retire esos pliegos para poder reevaluarlos.

Las PASO

El resultado de las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) apuró los tiempos del oficialismo en el Consejo. Eso quedó evidenciado en los movimientos realizados por los representantes de Cambiemos en el organismo tendientes a cerrar las causas que allí radican contra jueces ocupan cargos estratégicos, que tienen expedientes sensibles o que simplemente el macrismo no quiere hacer enojar.

El caso más evidente fue el del juez en lo Contencioso Administrativo Enrique Lavié Pico, uno de los magistrados a los que el oficialismo considera propio. El 15 de agosto, cuatro días después de las PASO el Consejo de la Magistratura le cerró una causa a instancias de consejero Juan Bautista Mahíques, representante del Poder Ejecutivo. Lavié Pico ocupa un lugar clave en la estrategia de la familia Macri en la causa del Correo Argentino S.A., la que más preocupa al presidente: esperan que acumule todas las demandas de la empresa contra el Estado. En su última oferta en el marco del concurso preventivo, la firma del grupo Macri propuso pagar los intereses de su deuda con la plata que le cobre al Estado de los juicios que pretende ganarle con Lavie Pico como "referí".

Un juez al que el Gobierno prefiere no molestar es a Claudio Bonadio. El juez del caso de los Cuadernos, tiene bajo su órbita una causa por supuestas maniobras de corrupción en las licitaciones de las obras del Paseo del Bajo por la que fueron denunciados funcionaros del Gobierno Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires. Y la movió después de las PASO al requerir información sobre el proceso licitatorio. Por las dudas, aunque nadie en el gobierno crea en la posibilidad de influir en las decisiones de ese magistrado, la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura tratará el 12 de septiembre dos proyectos de desestimación de denuncias contra Bonadio redactados por Mahíques.

Los números en el Consejo

Todavía no está claro cómo se modificará la relación de fuerzas en el Consejo de la Magistratura ante un eventual cambio de gobierno. Mucho dependerá de como queden conformadas las mayorías en el Congreso de la Nación. El único cambio que sería inevitable es el del representante del poder ejecutivo en ese órgano: saldría Mahíques para que ingrese alguien que responda a las órdenes del próximo presidente.

Mahíques es un funcionario de familia judicial: su padre es juez de la Cámara Federal de Casación Penal y uno de sus hermanos es fiscal y busca convertirse en juez federal de Mercedes aunque su pliego está frenado en el Senado. Y ya tiene su próximo destino asegurado: será Fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires, cargo para el que ya recibió el aval de la legislatura porteña. El jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, había acordado con Macri que el pase se concretaría el 1 de agosto. Pero "pasaron cosas", podría decirse según la expresión del propio presidente. Y el principal negociador del Gobierno en el Consejo de la Magistratura debió quedarse en ese lugar. Hasta las elecciones de octubre, al menos.

Los jueces

El presidente Macri nunca escondió sus intenciones de influir sobre el Poder Judicial. Criticó, por ejemplo, al juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla cuando fue al Congreso a exponer sobre el Caso D'alessio donde se investiga a una supuesta asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal. "Ya ha hecho varias", dijo el presidente sobre el juez durante un reportaje televisivo. Y luego ordenó a su ministro de justicia que lo denunciara ante el Consejo de la Magistratura.

Con igual soltura se había manifestado en contra de los jueces de la Cámara Federal porteña que habían dejado en libertad a los dueños del Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián De Sousa, en el marco de la causa en la que se investiga a deuda de Oil Combustibles con la AFIP. "Lo peor no es si está libre o está preso, lo peor es que me digan que cambió la carátula, eso es lo que a todos nos enloqueció", sostuvo el mandatario que en aquella oportunidad apuntó su ira contra los entonces camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballestero.

Esos dos jueces ya integraban la lista de los principales enemigos de Macri en el Poder Judicial porque que intervinieron en la causa de las escuchas ilegales en la Ciudad de Buenos Aires por la que supo asumir procesado: allí también estaban el juez Norberto Oyarbide y el Camaristas Eduardo Freiler.

Oyarbide fue invitado a renunciar para evitar ser destituido y perder el beneficio de su jubilación. Ballestero siguió el mismo camino. Freiler fue destituido por el Consejo de la Magistratura y Farah fue trasladado y liberó su silla en el estratégico tribunal de apelaciones. Allí también "pasaron cosas".

La Cámara Federal Porteña, como órgano revisor de los fallos de primera instancia en causas de corrupción contra funcionarios del gobierno nacional, es una obsesión del presidente Macri. Le preocupa su composición. Sobre todo de cara a su eventual futuro fuera del poder.

Tras sacar a Ballestero, Farah y Freiler, Macri colocó en la Cámara Federal a los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Ambos fueron trasladados a sus cargos actuales desde Tribunales Orales por un decreto presidencial que contó con el apoyo de la mayoría que construyó el oficialismo en el Consejo de la Magistratura. Desde Cambiemos descuentan que el próximo Gobierno buscará poner en discusión sus traslados. Las vacantes que dejaron en el Tribunal Oral Federal (TOF) 4 no fueron ocupadas, por lo que podrían volver allí, dice una fuente de Cambiemos. De todas formas, Bruglia tiene el tramite jubilatorio concluido y podría disponer de su jubilación con la sola firma del ministro de Justicia. Bertuzzi está lejos de los 60 años, edad que se le exige a los jueces para poder jubilarse.

En las últimas semanas Macri preguntó en más de una oportunidad a alguno de sus asesores sobre las posibilidades de sostener a esos dos jueces en la Cámara Federal, según indicaron a Cential fuentes del oficialismo. No recibió las respuestas que esperaba. "Habría que haber hecho pasar sus designaciones por el Senado", le dijeron. De los seis cargos que ofrece la Cámara Federal porteña -dos salas compuestas por tres jueces cada uno- hay solo dos lugares ocupados por magistrados que concursaron para esos cargos. El tribunal de apelaciones se convirtió en un territorio atractivo para conquistadores.


Los números

El gobierno de Cambiemos fue el que más jueces nombró, algo que fue destacado por el propio presidente en las oportunidades en las que se refirió al tema como un récord. El número merodea los 200 si se suman los designados y los trasladados. Pero creen en el Gobierno que fallaron en algunos lugares estratégicos: no pudieron "blindar" la Cámara Federal porteña, no lograron completar la vacante que hay en la estratégica Cámara Nacional Electoral, ni designar al juez electoral de la provincia de Buenos Aires. Además, existen aún algunas vacantes sensibles en los tribunales federales porteños de Comodoro Py.

Los tribunales orales de Comodoro Py 2002, a cargo de juicios por corrupción, narcotráfico y otros delitos del fuero, tienen varias vacantes a cubrir. Tal como ocurre en la Cámara Federal. El TOF 2 - que tiene a su cargo la causa del supuesto direccionamiento de la obra pública durante el kirchnerismo- tiene una vacante por la muerte de Jorge Tassara. El TOF 4 -que juzga a Lázaro Báez por lavado de dinero- tiene dos vacantes. El TOF 5 que ventilará las causas Hotesur y Los Sacues, también tiene una.

La Cámara Federal porteña tiene dos vacantes en su sala segunda, integrada ahora solo por su presidente Martín Irurzun. Parece una cuestión de números. Pero es un tema de poder.