Sacudón para el acuerdo de paz en Colombia: todo lo que tenés que saber

El anuncio de Iván Márquez, ex número dos de las FARC, de volver a la clandestinidad plantea preguntas sobre el futuro de la implementación de los tratados de La Habana, en un país que parecía listo para abandonar la lucha armada.

Lo hicieron con un video. Con caras serias, armas en calidad de bastones y vistiendo los antiguos uniformes, una facción de las FARC anunció su regreso a la lucha armada. Quien dirigió el mensaje fue Iván Márquez, líder de la comitiva que negoció el acuerdo de paz y ex número dos de la guerrilla, que se encontraba desaparecido desde hace un año. A su lado, con sus habituales gafas oscuras, lo acompañó Jesús Santrich, otro de los prófugos que hace meses inunda las noticias del país; El Paisa y Romaña, dos guerrilleros con pasado activo en los primeros frentes del grupo, completaron el cuadro simbólico del video, que contó con más de una decena de uniformados.

En el video, Márquez responsabilizó principalmente al Estado por el incumplimiento de los acuerdos de paz; según él, fueron "obligados" a rearmarse. Después, apuntó contra la "oligarquía" colombiana y otros marcos institucionales como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Rodrigo Londoño, conocido popularmente como Timochenko, líder del entonces grupo armado y ahora, luego de los acuerdos, del partido político FARC (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común), lamentó la decisión y aseguró que la gran mayoría -un 90%- de los exguerrilleros siguen comprometidos con el Acuerdo.

¿Por qué es importante?

Primero por lo simbólico: Márquez era el número dos del grupo, y el hecho de que fuera el líder de la negociación y luego haya pasado a la clandestinidad dice bastante sobre el devenir del Acuerdo, que prometía dejar atrás el pasado de violencia y enfrentamientos entre el Estado y las FARC, la guerrilla creada en la década del 60 y combatida hasta el 2016, cuando se firmó la paz.

La aparición de Márquez y otros referentes guerrilleros luego de meses por debajo del radar y su decisión de rearmarse plantea interrogantes acerca de la capacidad de articularse con otras disidencias de las FARC -especialmente con los agrupados detrás de Gentil Duarte, comandante de otro frente, quien, luego de rechazar el Acuerdo, se convirtió en el referente disidente- y otras guerrillas como ELN, que ganó potencia militar y territorial en los últimos años. Se estima que el conjunto disidente -que permanece dividido y no responde a una única estructura- alcanza los 2300 uniformados; ELN también revolotea en la órbita de los 2000.

El anuncio también empodera a los sectores uribistas (que se alinean en torno a la figura del ex presidente y Senador del partido oficialista, Álvaro Uribe), agrupados en el gobierno de Iván Duque y a las cúpulas militares que se han opuesto al acuerdo y plantean un enfoque más agresivo del Estado respecto a la lucha armada vigente.

¿Cúal es el argumento de Márquez y los nuevos disidentes?

El pronunciamiento del rearme tiene como argumento medular el incumplimiento de las condiciones del proceso de paz por parte del gobierno y el contexto actual: la muerte de más de 100 líderes sociales en lo que va del año, la demora en la reinserción de ex combatientes y en la reforma agraria, entre otras. Márquez considera que el acuerdo se modificó de manera unilateral y que tanto el gobierno de Santos como el de Duque han incumplido lo acordado.

"Nos obligaron a retomar las armas", dijo Márquez en el vídeo de media hora. Además, sentenció el inicio de una "segunda república de Marquetalia", haciendo alusión al enclave de guerrilleros en regiones del Tolima (departamento colombiano) que funcionó durante los años 50 y 60 y dio origen a las FARC. Así, busca situar al anuncio del rearme como el del inicio de una "resurrección" del grupo armado.

¿Qué se acordó en el Acuerdo de Paz?

El acuerdo se centró en 6 puntos:

· Fin del conflicto: cese al fuego y hostilidades, dejación de armas y creación de zonas veredales y puntos transitorios de normalización; reincorporación social, económica y política y garantías de seguridad.

· Participación política: creación de nuevos partidos políticos, fortalecimiento de medios de comunicación comunitarios, creación de circunscripciones transitorias especiales para las zonas más golpeadas y otras garantías para la oposición.

· Política de Desarrollo Agrario Integral: un fondo de tierras para campesinos, la protección de áreas con interés ambiental, estímulos para la producción, inversión en infraestructura y la sustitución de cultivos de coca por alimentos, entre otros.

· Solución al problema de las drogas ilícitas: creación de un Programa Nacional Integral de Sustitución y Desarrollo Alternativo de la mano de comunidades afectadas, lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico (con la creación de estrategias integrales para desarticular y judicializar las redes de narcotráfico), lucha contra el lavado de activos.

· Víctimas: creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que se compone de varios mecanismos judiciales y extrajudiciales. Se creó una Unidad para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas y la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el mecanismo institucional principal para dar justicia a las víctimas.

· Implementación, verificación y refrendación: para que todo lo anterior se cumpla, se creó la Comisión de seguimiento y verificación, con apoyo internacional y ciudadano.

¿Y qué pasó después?

El acuerdo se firmó el 24 de noviembre de 2016, luego de que una versión anterior fue rechazada en un plebiscito popular. El triunfo del "No", impulsado en gran medida por el uribismo y con apoyo de sectores evangélicos, obligó al Estado a renegociar el acuerdo, que terminó siendo aprobado en ambas cámaras del Congreso.

En diciembre de ese año se puso en marcha la primera fase: se instaló el Consejo Nacional de Reincorporación, se aprobó la Ley de Amnistía y se creó la Comisión de Seguimiento. En enero del 2017, se eligieron los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y a lo largo de diez días, se concentraron casi siete mil integrantes de las FARC para iniciar el proceso de dejar las armas; en marzo, se aprobó la JEP en el Congreso, que en abril aprobó la reincorporación política de las FARC. En septiembre nació el partido, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que tiene las mismas siglas, y en marzo del 2018 debutó en las elecciones legislativas: obtuvo diez escaños.

Para ese entonces Londoño ya realizaba críticas a la implementación del acuerdo, la demora en la aprobación de leyes y las trabas en la JEP.

En junio del 2018 el proceso de paz sufrió el primer gran golpe: Iván Duque, del partido Centro Democrático y delfín de Álvaro Uribe, triunfó en las elecciones presidenciales. De esa forma llegaron al poder los sectores que se opusieron al acuerdo, al considerarlo demasiado benevolente para con los grupos armados. Después de idas y vueltas, Duque descartó anular el acuerdo. La puesta en práctica, no obstante, había caído en un limbo. Para eso se necesitaba -se necesita- un rol activo del Estado, que llene el vacío dejado por el grupo armado y lidere el proceso de implementación, junto con la voluntad de las FARC de cumplir con sus compromisos ante los tribunales especiales.

Con un partido gobernante sin la voluntad política de llevar a la práctica el Acuerdo tejido por su antecesor, y con un discurso que denunciaba el deterioro de las fuerzas de seguridad y la necesidad de reforzarse, la situación se agravó.

¿Es cierto lo que dice Márquez?

Sus argumentos basados en la demora en la implementación del Fondo de Tierras y reincorporación de algunos excombatientes, la sustitución de cultivos de coca y el clima de asesinato de líderes sociales son ciertos. En un informe presentado por el Alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos se habla de 110 líderes asesinados solo en lo que va del año. Duque ha avanzado en la reincorporación civil de excombatientes rasos pero no en lo relacionado a las inversiones en desarrollo; también ha intentado modificar aspectos de la justicia transicional. Sin embargo la implementación del acuerdo ha sido lenta; solo se ha puesto en marcha el 69% de los elementos planteados en el texto y la principal alerta es el asesinato sistemático de líderes sociales en las zonas de implementación del acuerdo.

Respecto al argumento de unilateralidad, el Congreso y la Corte Constitucional han intervenido en algunos puntos del acuerdo, lo que resulta esperable dado el clima político y el funcionamiento de las instituciones en una república democrática. Los críticos de la postura de Márquez la consideran "ingenua", por creer que, una vez firmado, el acuerdo no iba a poder ser revisado y modificado por instancias medias.

Pero también es cierto que una parte del grupo no ha cumplido con sus compromisos, por ejemplo no presentándose ante la JEP, y cuya postura inicial -la negativa a cambiar las cifras para el partido político o candidatear excombatientes con un amplio abanico de denuncias, como Santrich- tampoco ayudaron a legitimar el acuerdo.

Márquez era considerado como parte del ala radical del grupo, y la decisión de Timochenko de designarlo líder en las negociaciones fue interpretada como una estrategia para alinear a otras voces radicales y mostrar unidad frente a otros sectores del grupo armado, que podían estar dudando acerca de la desmovilización.

¿Qué es lo que resta saber?

Todavía quedan varias preguntas por responder. Se desconoce la presencia militar y territorial del grupo de disidentes y sobre todo si van a ser capaces de articularse con la disidencia de las FARC que comanda Gentil Duarte, y con el ELN.

No está claro que otros grupos disidentes vayan a alinearse detrás de Márquez y cuál sería el arreglo con Duarte, que según trascendió en la prensa colombiana, les daría la bienvenida, pero como "guerrilleros rasos". Las FARC siempre respondieron a una estructura verticalista, los mandos medios hoy han ganado autonomía y por ahora no aparecen muchos incentivos para alinearse. Las diferencias entre facciones, aún disidentes, siguen existiendo.

Las FARC y ELN mantienen diferencias estructurales y resulta muy difícil que vayan a aglutinarse con disidentes; sí puede verse cierta coordinación. Por lo pronto, el comandante del frente occidental del ELN apoyó la decisión de Márquez.

No se sabe que tipo de recursos económicos y armas tiene este nuevo grupo y cómo van a subsistir. En el video Márquez habló de cobrar impuestos a las multinacionales y a la economía ilegal, que incluye la minería ilegal, el contrabando y el narcotráfico. Cómo se llevaría a la práctica y si van a tener algún tipo de rol en la cadena ilegal es algo que todavía queda como interrogante. El nuevo grupo descartó apelar a los secuestros con fines económicos, una modalidad que fue habitual en las FARC del pasado.

¿Qué pasará con el gobierno de Duque? ¿Y con Venezuela?

También se desconoce qué relación tiene Venezuela con todo esto. Maduro había dado la bienvenida a excombatientes de las FARC hace un tiempo y se estima que el video fue filmado cerca de la frontera, algo que alimenta las sospechas de que algunos de los prófugos se estaban escondiendo allí y que plantea el interrogante de si este grupo va a operar entre ambos países, en un contexto donde el contrabando y el narcotráfico en la frontera han florecido.

El conflicto podría servir como una posible carta de negociación del gobierno de Maduro, que se ha visto acorralado por la constante presión internacional, liderada por el gobierno norteamericano y el bloque de países de la región que se oponen a sus políticas, que incluye a Colombia.

Del otro lado, no se sabe cuál va a ser la respuesta del gobierno de Duque, cuyos índices de popularidad se han alimentado de de contextos como el que se abre ahora, y que ha renovado la cúpula militar con el intento de reforzar el aparato de seguridad de cara a la lucha armada. Hasta ahora, ha anunciado la creación de un grupo especial para combatirlos y ayer, menos de 24 horas después del anuncio, llegó el primer operativo, en el que Duque asegura haber dado de baja a uno de los "cabecillas" de la banda de Márquez, aunque esto está lejos de ser confirmado.

También puede esperarse una reacción tanto por parte de los sectores de la sociedad civil que apoyan al proceso de paz como de las FARC desmovilizadas, que, pese a tener críticas respecto de la implementación, buscan dar un mensaje de apoyo al Acuerdo y a los ex combatientes que efectivamente cumplieron.

El gobierno colombiano deberá enfrentarse a la tarea de continuar con la implementación de los acuerdos, y de apoyar a los miles de ex combatientes que adhirieron al acuerdo, o podrá poner mano dura, con acciones militares concretas. El liderazgo del presidente Duque se pondrá a prueba.