A un mes de la elección, Vidal busca nombrar más de 40 jueces, fiscales y defensores

La oposición denuncia que Cambiemos intentó designar magistrados, entre ellos dos cargos vacantes en Casación Penal, antes de un posible cambio de gobierno. Fuentes del ministerio de Justicia bonaerense argumentan que los pliegos en cuestión "estaban ya en el Senado antes de la PASO después del proceso del Consejo de la Magistratura".

Martín Waisman
22 de septiembre de 2019 09:02 hs
waisman@cenital.com  
@MJwaisman

Tras dos meses de inactividad del Senado bonaerense, el oficialismo buscó darle tratamiento a 42 pliegos para nombrar jueces, fiscales y defensores a pocos días las elecciones generales de octubre.

Si bien los pliegos ingresaron en julio a la Legislatura provincial, luego de la derrota en las PASO Cambiemos intentó tratarlos con celeridad en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, que ya aprobó las dos nóminas de candidatos sin el apoyo de los bloques de Unidad Ciudadana, el PJ y el Frente Renovador. Esto generó alerta en la oposición, que busca frenar esta avanzada por todas las vías posibles.

Dentro de los magistrados que buscan designarse se encuentran jueces de Tribunal en lo Criminal, de Cámara de Apelación y Garantía en lo Penal, de juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil, de Garantías, de Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial y de Casación Penal. En la máxima autoridad penal antes de la Corte bonaerense están abiertas las vacantes que dejaron Horacio Piombo y Benjamín Sal Llargués, que renunciaron en 2015 por los cuestionamientos recibidos tras otorgar beneficios a condenados por delitos sexuales.

El gobierno bonaerense propone como reemplazantes a la defensora de Casación, Ana Julia Biasotti, y al secretario de Política Criminal de la Procuración, Francisco Pont Vergés. Estos dos funcionarios son del riñón del procurador general de la Suprema Corte de Justicia, Julio Conte Grand. Desde la oposición mostraron especial preocupación respecto a estos últimos nombramientos, ya que la Cámara de Casación Penal es el organismo que deberá juzgar las cuestiones penales, como pueden ser causas de corrupción, de los funcionarios de la actual gestión provincial en caso de la gobernadora, María Eugenia Vidal sea derrotada, en las urnas.

"Estos cargos están vacantes hace 4 años y es llamativo que enviara los pliegos 15 días después de las PASO con el resultado en la mano y sobre todo porque Pont Vergés es un hombre de Conte Grand, que ya ha manifestado que como procurador no se piensa ir. Si tiene cola de pato, pata de pato es pato. Nos resulta sospechoso", le dijo la senadora provincial María Teresa García a Cenital.

La presidenta del bloque de Unidad Ciudadana remarcó que Vidal "tiene responsabilidad en este tema" porque "las ternas salen del Consejo de la Magistratura y la gobernadora es la que elige los nombres". García recordó que en 2015 "cuando (el entonces gobernador Daniel) Scioli perdió la elección e ingresaron pliegos al reciento, el bloque de Cambiemos rechazó la posibilidad de tratamiento de los pliegos y los mandó de nuevo a la comisión argumentando que en periodo de transición de gestión era una locura cristalizar cuestiones de la Justicia". De esta manera, la legisladora pidió que los pliegos permanezcan en la Comisión de Asuntos Constitucionales para continuar en su análisis.

Fuentes del ministerio de Justicia bonaerense informaron que los pliegos en cuestión "estaban ya en el Senado antes de la elección" primaria y fueron enviados a ese órgano legislativa "después del proceso del Consejo de la Magistratura donde está representada la oposición". Así, desde el entorno de Gustavo Ferrari remarcaron que "después del 11 de agosto no se envió ningún pliego al Senado, es decir que todo lo que se está tratando en la Legislatura es todo lo que ya había".