Cambiemos busca proteger a Bonadio en el Consejo de la Magistratura

El Gobierno intenta ayudar al juez de la causa de los cuadernos. Además, el órgano que selecciona magistrados apunta a limitar los traslados.

Ariel Zak
28 de septiembre de 2019 10:09 hs
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El nombre del juez que más veces indagó, procesó y que detenta el récord de ser el único que dictó la prisión preventiva de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner volverá a sonar esta semana en los pasillos del Consejo de la Magistratura. Y otra vez generará polémicas: el oficialismo intentará aprobar en la Comisión de Disciplina y Acusación la desestimación de dos denuncias que pesan sobre magistrado Claudio Bonadio mientras que la oposición y los no alineados apuntarán a una nueva postergación del asunto.

El tironeo en relación a ese y otros expedientes no hacen más que poner en evidencia que el órgano encargado de la promoción y la remoción de jueces ya funciona en "modo transición" a la espera de que se lleven a cabo las próximas elecciones y se despeje el horizonte político. En ese contexto, el gobierno prefiere congraciarse con Bonadio, cuidarlo; mientras que la oposición no tiene apuro.

Otro de los temas con significativa carga política que forma parte de la agenda del Consejo de la Magistratura tiene que ver con los traslados: en la reunión plenaria del próximo 3 de octubre se tratará un proyecto de modificación del reglamento de traslado de jueces, impulsado por el juez Alberto Lugones, que ya fue aprobado por la Comisión de Reglamentación y que tiende a emprolijar el uso de esa herramienta que le permitió al oficialismo colocar jueces tribunales estratégicos como la Cámara Federal porteña y la Cámara de Casación.

Bonadio denunciado

El juez Bonadio es uno de esos jueces a los que el Gobierno prefiere no molestar. Con fama de incontrolable, tras las últimas elecciones PASO movió un expediente por supuestas maniobras de corrupción en las licitaciones de las obras del Paseo del Bajo por las que fueron denunciados funcionaros del gobierno nacional y de la ciudad de Buenos Aires. Tan solo requirió información sobre el proceso licitatorio y generó que se encendieran las alarmas en la Casa Rosada. La reacción del Poder ejecutiva fue inmediata: el consejero Juan Bautista Mahiques presentó dos proyectos de desestimación de dos denuncias contra el juez del caso de los cuadernos. Pero la oposición se los frenó.

Los proyectos redactados por el representante del Gobierno en el Consejo de la Magistratura debían tratarse en la reunión de la Comisión de Acusación y Disciplina que se desarrolló el 12 de septiembre último. Pero se postergó por pedido del consejero académico Diego Molea. Ambos expedientes figuran ahora en la orden del día de la próxima reunión de esa comisión, prevista para el 3 de octubre, pero fuentes del Consejo señalaron a Cenital que podría volver a postergarse. "El ánimo que sobrevuela el Consejo es patear todas estas definiciones para adelante, para cuando aclare el panorama político y se vislumbre la nueva composición de las mayorías", indicó una de las fuentes consultadas por este medio.

Las dos denuncias contra Bonadio fueron presentadas en 2017: una la formuló el abogado de la ex presidenta, Carlos Beraldi, y la otra el ex secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli. Curiosidades del destino quisieron que ambas denuncias cayeran en manos de un mismo instructor y que ese instructor fuera el consejero representante del Poder Ejecutivo.

Beraldi denunció a Bonadio por "abuso de poder" en el manejo del expediente del caso conocido como Los Sauces. El abogado de la ex presidenta cuestionó la designación de un interventor judicial al frente de la sucesión de Néstor Kirchner, "atribuyéndose facultades exclusivas de un juez con competencia civil", y la detención del ex contador de la familia ex presidencial Víctor Manzanares.

En los días posteriores a aquella detención arreciaron los rumores sobre la posibilidad de que Manzanares se arrepintiera y comprometiera judicialmente a Cristina Fernández de Kirchner. Pero eso no ocurrió hasta este año en el marco de la causa de los Cuadernos.

La denuncia de Parrilli contra Bonadio tenía que ver con el manejo de un expediente en el que el juez lo procesó por administración fraudulenta por haber dispuesto la utilización de fondos públicos para la elaboración de un libro que no se publicó. El ex secretario general de la Presidencia y ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia acusó al juez de haber falsificado testimonios.

Los argumentos del Consejero oficialista para reclamar la desestimación de la denuncia pasan por la idea de no enjuiciar a un magistrado por el contenido de sus fallos, aunque a Bonadio no se lo está acusando específicamente por eso. El titular del juzgado federal 11 tiene, además, otras 5 denuncias vinculadas con el caso D'Alessio, la causa Cuadernos y la supuesta utilización de escuchas ilegales.

Los traslados

El mismo 3 de octubre, a las 11, está previsto que se desarrolle la reunión plenaria del Consejo de la Magistratura donde uno de los temas a tratar será el proyecto de modificación del reglamento de traslado de jueces. Se trata de una herramienta explotada por el actual gobierno para ocupar lugares estratégicos. La uso para trasladar al ex ministro de Justicia de Maria Eugenia Vidal, Carlos Mahiques, de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de Capital Federa; aunque después y por orden de la Corte Suprema de Justicia debió conseguir el acuerdo del Senado.

La herramienta de los traslados también fue utilizada para poblar la Cámara Federal porteña: allí recalaron los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi provenientes del Tribunal Oral Federal 4, luego de que el oficialismo lograra correr de la sala I del tribunal de apelaciones a Eduardo Freiler (destituido) y Jorge Ballestero (presentó su renuncia).

El proyecto que se debatirá busca que los casos como los de Mahiques, Bertuzzi y Bruglia requieran, de manera ineludible, acuerdo del Senado para lograr los traslados.

"En los casos en los que el pedido de traslado importe una competencia más amplia a la que ejerce el solicitante en la sede judicial de origen y/o distinta jurisdicción, o bien no se cumpla estrictamente el plazo de antigüedad previsto en el inciso C) del artículo 1 se requerirá además acuerdo del Senado en la Nación", sostiene el proyecto redactado por el juez Lugones que ya fue votado en comisión por el académico Molea, la abogada Marina Sánchez Herrero y la senadora radical Inés Brizuela y Doria.

Cortocircuito

El proyecto de traslados, que además marcará la cancha al próximo oficialismo, volverá a poner en debate la forma en la que llegaron al tribunal federal de apelaciones los jueces Bruglia y Bertuzzi. Ambos fueron trasladados por un decreto presidencial que contó con el apoyo de la mayoría que construyó el oficialismo en el Consejo de la Magistratura.

Tanto desde el oficialismo como desde la oposición descuentan que una vez que ocurra el eventual final de la gestión Cambiemos el próximo oficialismo buscará revertir esos traslados para poder designar dos jueces más. Será un tema de negociación política.

Las vacantes que esos dos jueces dejaron en el Tribunal Oral Federal (TOF) 4 no fueron ocupadas, por lo que podrían volver allí, dice una fuente de Cambiemos. De todas formas, Bruglia tiene el trámite jubilatorio concluido y podría disponer de su jubilación con la sola firma del ministro de Justicia. Bertuzzi está lejos de los 60 años, edad que se le exige a los jueces para poder jubilarse.

La novedad en relación a esos dos jueces es que ahora serían los propios representantes de Cambiemos en el Consejo de la Magistratura los que ofrecen poner en discusión sus traslados como prenda de negociación de cara a un eventual cambio de gobierno. Algo se rompió.

Distintas fuentes consultadas para esta nota aseguraron que los magistrados tenían buen vínculo con el representante del Gobierno en el Consejo, Juan Mahiques, pero que la relación sufrió un irremontable cortocircuito por una decisión que tomaron los magistrados en un expediente que interesaba al funcionario. Se trata del caso en el que se investigó a quienes montaron una operación contra el juez Sebastián Casanello para acusarlo de haber estado durante la quinta de Olivos durante la gestión kirchnerista.

Dicen que el fallo que irritó a Mahiques fue aquel con el que lo jueces Bruglia y Bertuzzi dispusieron el procesamiento del abogado Santiago Viola, otrora defensor de uno de los hijos de Lázaro Báez, a quien sindicaron como el orquestador de la maniobra. Ese abogado es amigo del funcionario de Cambiemos que, de todas formas, festejó semanas más tarde cuando la Cámara de Casación revocó ese fallo y le dictó la falta de mérito.