Piden investigar si el Gobierno espió a Vidal y Larreta

El juez Canicoba Corral requirió nuevas medidas para determinar si el listado incluye a los gobernadores, entre ellos los más cercanos a Mauricio Macri. La reacción de los magistrados, la aparición de Lorenzetti, los llamados de Garavano y las citaciones a indagatoria que se vienen.

13 de octubre de 2019 10:05 hs

Juan Amorín
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Ariel Zak
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El juez federal Rodolfo Canicoba Corral le requirió este viernes a la Dirección Nacional de Migraciones que informe si su base de datos fue consultada desde distintos organismos del Estado en busca de información vinculada con entradas y salidas del país que pudieran registrar gobernadores, legisladores y ministros nacionales, ministros de la provincia de Buenos Aires y jueces federales de todo el país.

La lista entregada por la justicia a Migraciones incluye los nombres de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, según confirmaron a Cenital fuentes judiciales. Para mediados de esta semana, se espera que el magistrado comience a citar a varios funcionarios a declaración indagatoria.

Se trata de la segunda parte de la investigación judicial de la que ya surgió una suerte de seguimiento sobre al menos 22 jueces cuyos movimientos migratorios fueron consultados desde distintos organismos del Estados como la AFIP, la Policía Federal, el ministerio de Seguridad o la Unidad de Información Financiera. El último nombre en sumarse a esa lista fue el del ex titular de la Corte Suprema de Justicia y actual integrante del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti.

Las sospechas de espionaje ilegal realizado desde organismos del Estado sobre jueces crece por minuto. El juzgado federal 6 recibió la información de que se habían realizado dos consultas a la base de datos de la Dirección Nacional de Migraciones para conocer los movimientos de Lorenzetti. Pero un dato adicional conmovió a los investigadores: también hubo búsquedas vinculadas con los hijos del ministro de la Corte.

Las fuentes judiciales consultadas por Cenital señalaron que las búsquedas realizadas en relación Lorenzetti ocurrieron el 18 de febrero de 2017 y el 14 de abril del mismo año y que provinieron de la propia Dirección de Migraciones. Ese sería el motivo por el cual el nombre del ex titular de la Corte no figuraba en el primer listado: la consulta no había sido formulada desde usuarios registrados a nombre de otros organismos públicos, fuerzas de seguridad o ministerios.

Las fechas de las búsquedas realizadas sobre Lorenzetti despertaron suspicacias en los tribunales federales de Comodoro Py. Ocurrieron en derredor de los días en los que la co-fundadora de Cambiemos, Elisa Carrió, presentaba el pedido de juicio político contra el entonces titular de la Corte.

El caso

La causa se originó en 2017 a partir de varias denuncias -entre ellas una presentada por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)- para que se investigue la información que por esos a principios de abril de ese año había publicado el periodista Carlos Pagni en el diario La Nación bajo el título "El Pestilente Circulo Negro". En aquel texto el periodista narraba que existían "operaciones clandestinas" de inteligencia orquestadas en el seno de la AFI con distintos "blancos" que iban desde la megaestrella del futbol mundial Leonel Messi hasta el propio autor de la nota, Pagni.

El camino para dar con el listado de jueces cuyos nombres habían sido introducidos en la base de datos de Migraciones fue largo. El juzgado intentó primero con listas de nombres y apellidos pero las respuestas que recibió incluyeron homónimos. Tras escuchar el testimonio de especialistas que conocen cómo funcionan esas búsquedas se confeccionó una primera lista de magistrados del fuero federal que incluyó sus nombres, documentos y fechas de nacimiento. De allí surgió la información de los primeros 21 magistrados.

A pesar de que la mayoría de los magistrados estaban al tanto del resultado de la medida de prueba realizada por Canicoba Corral, el caso recién estalló esta semana cuando lo publicó el sitio El Destape, donde aparecieron por primera vez los nombres de todos los magistrados presuntamente espiados.

El primer listado lo encabezó el juez de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda e incluyó también a la jueza de Casación Ana María Figueroa y a los jueces de la Cámara Federal porteña Martín Irurzun y Mariano Llorens. Entre los jueces de primera instancia estuvieron el propio Canicoba Corral, María Eugenia Capuchetti, Sebastián Casanello, Daniel Rafecas, Luis Rodriguez y María Romilda Servini. Del fuero penal económico, el primer listado incluyó a Marcelo Aguinsky, Javier López Biscayart, Pablo Yadarola y Claudio Gutierrez de la Cárcova. Mientras que de los Tribunales Orales fueron presuntamente espiados Gabriela López Iñiguez, Sabrina Namer, Gabriel Nardiello, Sergio Paduczak, Javier Feliciano Ríos, José Martínez Sobrino y Nicolás Toselli.

A pesar de las diversas reacciones de los magistrados -algunos se enfurecieron en privado al ver sus nombres y otros le restaron importancia-, hasta el momento ningún juez se presentó ante el juzgado de Canicoba Corral para ser tenido como querellante, aunque sí varios notaron cierta preocupación del Gobierno cuando recibieron el llamado del ministro de Justicia, Germán Garavano, quien se comunicó para "solidarizarse" con el caso. Garavano también llamó al magistrado a cargo del caso, aunque no pudo comunicarse.

Lo que también se supo es que los organismos desde los cuales se consultó la base de datos de Migraciones fueron la AFIP, el ministerio de Seguridad de la Nación, la Policía de la ciudad de Buenos Aires, el ministerio de Seguridad de la provincia de Salta, la Unidad de Información Financiera, Gendarmería Nacional, la Agencia Federal de Inteligencia de la Nación, la Procuración General de la Nación, la Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Prefectura Naval Argentina y el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6.

Por el momento, el juzgado no recibió respuestas contundentes sobre los motivos de las búsquedas realizadas desde esos organismos. En ningún caso se indicó que las búsquedas se hubieran realizado en el marco de causas judiciales o legajos de algún tipo. De ahí que la investigación apunta a desentrañar si desde el Estado se desplegaron actividades de espionaje e inteligencia ilegal.

La UIF

Entre los organismos que consultaron el registro de migraciones aparece la Unidad de Información Financiera (UIF). El organismo que conduce Mariano Federici es el que requirió, según la investigación, en dos oportunidades información migratoria del juez Canicoba Corral. El magistrado ya extrajo testimonio sobre su caso y lo envió a sorteo porque no puede investigar una causa que lo tiene como presunta víctima. Es parte de la investigación está ahora en manos de la jueza Servini.

Sin embargo, ya existe una tensión entre ese organismo y el juez Canicoba Corral. El magistrado sospecha que la UIF está detrás de las denuncias en su contra en el Consejo de la Magistratura y de las publicaciones periodísticas en las que se le cuestionan sus viajes fuera del país.

La UIF, además, no quiso responder a las consultas realizadas por Canicoba Corral en el marco de su investigación. "La UIF-AR tiene por ley el deber de guardar secreto sobre sus investigaciones y no revela su existencia ni contenido a ningún tercero, menos aún a quien pueda ser objeto de las mismas", sostuvo el organismo a través de un comunicado. En la aclaración final pasó por alto que la UIF figura también pidiendo información de otro magistrado. Detalles de un caso que tiene más de dos años pero recién empieza.

Es por esto que, según confirmaron fuentes con acceso al expediente a Cenital, existen serias posibilidades que a mediados de esta semana comiencen los llamados a declaración indagatoria para funcionarios de la UIF, del ministerio de Seguridad y de la Dirección Nacional de Migraciones para que expliquen detalladamente cada una de las investigaciones paralelas perpetradas contra jueces y, probablemente, también contra funcionarios políticos.