Stornelli en su laberinto

Las causas que promovió en Comodoro Py no logran absorber el expediente de Dolores. La "Operación Puf" no encuentra fiscal.

Ariel Zak
13 de octubre de 2019 09:02 hs
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La estrategia defensiva del fiscal Carlos Stornelli para contrarrestar el avance del caso D'Aessio -en el que se encuentra imputado y rebelde por negarse a presentarse a declarar- comienza a mostrar signos de agotamiento. Las causas abiertas en Comodoro Py con las que el fiscal del caso de los Cuadernos pretendía atraer territorio porteño el expediente que se investiga en Dolores parecen haberse vuelto insuficientes. Dos de ellas podrían correr la suerte contraria y acabar inesperadamente en el juzgado de Alejo Ramos Padilla en el corto plazo. Se acercan los tiempos de definiciones.

Además, la causa en la que se investiga la Operación Puf-Puf -una supuesta maniobra orquestada desde el penal de Ezeiza en contra del juez y el fiscal de la causa de los Cuadernos- no encuentra un fiscal que quiera y pueda compartir las aventuras de Claudio Bonadio que engordó el expediente a base de escuchas de apariencia legal pero de dudosa legitimidad realizadas sobre el teléfono público de una cárcel en el marco de una investigación de narcotráfico. Cuatro representantes del ministerio público ya pasaron sin suerte por el caso: tres se excusaron y uno fue recusado. Pero vayamos por partes.

Los expedientes de Py

Esta semana, el juez federal de Dolores le reclamó a su colega porteño Julián Ercolini que se inhiba de seguir interviniendo en la denuncia presentada por Stornelli contra el falso abogado Marcelo Sebastián D'Alessio por defraudación. Ramos Padilla entendió que el magistrado capitalino había empezado a investigar los mismos hechos que él tiene en su juzgado. Y el doble juzgamiento no es algo que esté permitido en el Código Penal.

La denuncia que dio origen al expediente que tiene bajo su cargo el juez Ercolini, con la fiscal Alejandra Mangano, fue presentada el 12 de febrero, cuatro días después de que se hiciera pública la acusación del empresario Pedro Etchebest contra el fiscal del caso de los cuadernos y el falso abogado por una supuesta extorsión. Stornelli lo acusó por defraudación tras asegurar que había invocado un vínculo con él que en realidad no tenía. Ese sería uno de los expedientes desde los cuales intentaría atraer a la Ciudad de Buenos Aires el caso D'Alessio.

Esa causa se erigió como la piedra basal de la estrategia de Stornelli para asegurar que él no tiene con D'Alessio la relación que surge del expediente de Dolores. Y la estrategia marchaba bien. Fue allí, incluso, donde se produjo la declaración exculpatoria: "El Dr. Carlos Stornelli jamás tuvo una conversación vinculada a una solicitud de datos, dineraria o de cualquier tipo de actitud espuria para conmigo, para que pida a terceras persona", declaró D'Alessio en este expediente.

Hace poco más de un mes, la fiscal Mangano solicitó el procesamiento del falso abogado en relación a ese hecho en particular, la defraudación. Pero el juez Ercolini postergó esa decisión y lo citó a Comodoro Py hace pocos días para ampliar su indagatoria. En la causa comenzaron a cobrar fuerza las versiones de supuestas manipulaciones de los chats y las conversaciones entre D'Alessio Y Stornelli. En ese contexto, ocurrió el planteo de Ramos Padilla.

"No se trata de un hecho distinto que se vincule con esta investigación, sino que directamente se ha avanzado sobre la misma base fáctica, sobre el mismo hecho, que se vuelve más grave aún, en tanto una de las personas imputadas en estos actuados ha decidido mantenerse en rebeldía", sostuvo el juez de Dolores en la resolución con la que le planteó la inhibitoria a su colega porteño.

"La existencia de procesos paralelos perjudica la correcta y adecuada administración de justicia -desde que pueden dictarse resoluciones contradictorias- lo que podría derivar en una privación de justicia por el mal desarrollo de un proceso; e incluso podría hacer incurrir al Estado Argentino en responsabilidad internacional", remarcó.

En su resolución, Ramos Padilla recordó que Stornelli se encuentra declarado en rebeldía -con confirmación de Cámara- por haberse negado a prestar declaración indagatoria en el expediente de Dolores, en seis oportunidades. En esa causa, al fiscal del caso cuadernos se le reclama que responda sobre su vínculo con D'Alessio. La investigación en torno a este vínculo abarca el encuentro en un balneario de Pinamar -elemento en el que se basó Etchebest para presentar la denuncia en Dolores-; el pedido de información del fiscal al D'Alessio sobre el ex marido de su actual pareja y las maniobras del falso abogado en el caso en el que se investiga la impetración de GNL, entre otros hechos.

Y esta semana hubo más novedades contra los intereses de Stornelli: la Cámara Federal de Mar del Plata rechazó un intento del fiscal Juan Pablo Curi de cuestionar la competencia de Ramos Padilla y de mandar el caso a los tribunales federales de Comodoro Py. El juez volvió a ser confirmado.

El caso Liñani

El 20 de septiembre se generó en los tribunales de Retiro, más precisamente en la Cámara Federal porteña, un movimiento que bien podría haber sido guionado por Stornelli. Ese día el tribunal de apelaciones confirmó el procesamiento del lobista Carlos Liñani -también investigado en el caso D'Alessio- por haber invocado falsamente un supuesto vínculo con uno de los fiscales de la causa de los cuadernos, Carlos Rívolo, para extorsionar a los familiares de uno de los investigados de ese expediente. En ese fallo hubo una mención al fiscal Stornelli. Una puerta para que el fiscal pudiera intentar sumar argumentos para su defensa.

"Corresponderá al a quo continuar y profundizar la investigación de los extremos relativos a la maniobra que incluyó la invocación falsa de influencia sobre el fiscal federal Rívolo (siguiendo la lógica del fallo, también se hizo lo propio con el fiscal Stornelli y el juez Bonadio), sus móviles, alcances e involucrados, a través de las medidas de pesquisa pertinentes a esos efectos", sostenía el fallo firmado por los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia que encomendaba al juez Sebastián Casanello profundizar la investigación por las líneas sugeridas.

En criollo: los dos jueces que firmaron el fallo dijeron que estaba confirmado que Liñani había mentido sobre su supuesto vínculo con Rívolo y que, siguiendo la misma lógica de análisis utilizada para llegar a esa afirmación, se podía decir que también había mentido al señalar que D'Alessio y el abogado con el que trabajaba, Rodrigo Gonález, tenían llegada a Stornelli y a Bonadio. Algo que Casanello debía investigar, según los camaristas.

Con esa información bajo el brazo, el fiscal Stornelli se presentó ante el juzgado federal número 7 donde se encuentra radicada la causa contra Liñani y pidió ser tenido como querellante. Casi como si desde la misma Cámara le hubieran comentado el contenido del fallo para que diera él mismo los próximos pasos.

"Nada de lo que se escribe en Comodoro Py es inocente. Cada fallo incluye un mensaje", sostuvo un funcionario judicial que habita ese edificio y que analizó el fallo de la Cámara Federal a pedido de Cenital. La resolución, explicó, podría ser utilizada por el fiscal Stornelli para sostener su versión de que en realidad fue engañado y utilizado por un grupo de personas que tenía por único objetivo voltear la causa de los Cuadernos. "Liñani y D'Alessio eran parte del mismo armado", sería la fórmula a la que apuntaría el fiscal. Aunque quedarían allí algunos detalles por zanjar que aún debe explicar.

Sin embargo la estrategia no fue redonda. Restaba esperar a ver qué hacía el juez Casanello tras la resolución de la Cámara Federal. El 2 de octubre, el magistrado resolvió declararse incompetente para seguir interviniendo en la causa y afirmó que ante el nuevo escenario propuesto por la Cámara Federal quien debía intervenir en la causa era el juez de Dolores. Un escollo fuera de los cálculos.

La resolución de Casanello fue apelada por Stornelli como pretenso querellante, por la defensa del imputado Liñani que antes había reclamado que el caso fuera a Dolores y por el fiscal de la causa Eduardo Taiano que también se había opuesto en un principio a que el juez porteño investigara y ahora le reclamó que se quede con el expediente. Asombrosa coincidencia entre todas las partes del proceso. Casanello concedió las apelaciones y deberá definir el tribunal que encabeza Irurzun: el mismo que le abrió la puerta a Stornelli para esta jugada.

Operaciones Puf

Las dos causas anteriores surgieron como vías alternativas a las principales: las denuncias de Stornelli y la miembro fundadora de Cambiemos Elisa Carrió que indicaban que el expediente que tramita en Dolores era en realidad una operación para boicotear el caso de los cuadernos, bautizada como "operación Puf". La primera denuncia, realizada por Stornelli, había caído en manos del juez Luis Rodríguez y fue archivada por falta de elementos de prueba que permitieran seguir avanzando, a instancias del fiscal Jorge Di Lello. La denuncia de Carrió era idéntica a la del fiscal rebelde pero contaba con un agregado estratégico: mencionaba al juez Rodriguez (enemistado con Stornelli) por lo que el titular del tribunal encargado de los sorteos, otra vez Irurzun, dispuso que se lo excluyera. Así, le tocó a Bonadio que no se excusó a pesar de que el caso podía tenerlo como eventual víctima.

El titular del juzgado 11 avanzó con medidas de prueba que implicaron ir en busca de escuchas telefónicas que habían sido ordenadas por otro juez (el de Lomas de Zamora, Federico Villena) en un causa narcotráfico. Eran escuchas sobre un teléfono público del penal de Ezeiza desde el que hablaban también algunos ex funcionarios presos a los que Carrió y Stornelli acusaron, con información que dijeron haber recibido de fuentes anónimas, de estar detrás del supuesto intento de boicotear la causa de los Cuadernos. Por lo pronto esas escuchas solo sirvieron para que, tras una filtración de la que nadie se hizo cargo, se llenaran horas de televisión y páginas de diario. Y para que tuviera que apartarse la segunda fiscal del caso.

A pesar de no estar vinculada con la filtración y de que no pesan sospechas sobre ella en ese sentido, la fiscal Alejandra Mangano se excusó por su vínculo personal con uno de los directores de la oficina encargada de las intercepciones judiciales, Juan Tomás Rodríguez Ponte. El primer fiscal que se había excusado fue Gerardo Pollicita.

El expediente aún no encuentra a su fiscal definitivo. Después de Pollicita (titular de la fiscalía 11) y Mangano (12), la causa le tocó a Di Lello (1) que fue recusado por Stornelli porque ya había opinado por archivar el caso espejo. Pasó entonces a Rívolo (2) que como es fiscal de la causa Cuadernos y denunciante de Liñani se excusó. El próximo número en la fila corresponde al fiscal Eduardo Taiano (3).

Casación y Procuración

En paralelo a esos movimientos, una noticia tardía agregó tensión en torno a la figura del fiscal Carlos Stornelli. La sala uno de la Cámara Federal de Casación Penal convocó a una audiencia para el 5 de noviembre en el marco de una recusación planteada por el detenido ex funcionario de Planificación Roberto Baratta contra Stornelli en la causa de los Cuadernos. Baratta invocó supuestas irregularidades en el manejo del expediente y se refirió entre otras cosas las acusaciones que pesan sobre Stornelli en la causa en la que se encuentra rebelde. Si bien el tramo central de la causa Cuadernos ya fue elevado a juicio, ese debate aún no tiene fecha y es probable que de prosperar la recusación se convierta en un elemento contundente para pedir la anulación de buena parte de ese proceso. Por ahora, es solo una llamada de atención.

Para completar el cuadro, en los últimos días el fiscal Marcelo Retes envió al Procurador General Interino de la Nación, Eduardo Casal, el informe final realizado en el marco del sumario que se le sigue a Stornelli por estar en rebeldía en el Caso D'Alessio.

En la versión preliminar se sugería que Stornelli debía recibir un "apercibimiento" por su inconducta, según pudo recontruir Cenital. El informe final se demoró luego de que Stornelli reclamara que la realización de medidas de prueba que implicaban pedir a varios juzgados, al Consejo de la Magistratura y a la propia Procuración los expedientes referidos al tema y sobre todo a la supuesta Operación Puf. Una jugada para ganar tiempo mientras busca encontrar la salida de su propio laberinto.