Corrupción M: los casos de "conflicto de interés" en la mira de la justicia

Dos resoluciones pusieron nuevamente sobre el tapete la discusión de los riesgos de armar un gabinete de empresarios. Avanzan las causas judiciales.

Ariel Zak
20 de octubre de 2019 12:01 hs
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@Ariel_Zak

La misma noticia se puede presentar de varias maneras. La forma más aséptica de hacerlo sería señalar, a secas, que procesaron este viernes a un ex funcionario de la ANSES por negociaciones incompatibles con la función pública. Pero el caso parece dar más tela para cortar: se trata del primer ex funcionario de jerarquía de la gestión Cambiemos procesado por un delito de los que se encuadran bajo la etiqueta de "corrupción". Con un detalle más, lo que se le cuestiona al acusado es haber estado de los dos lados del mostrador, uno de los problemas patentes de un Poder Ejecutivo poblado de CEOs.

Lo mismo, exactamente, ocurre con otro de los títulos de este viernes: citaron a indagatoria al ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, por haber encabezado esa cartera cuando todavía tenía acciones de la petrolera Shell, a la que debía controlar. Pero esta causa incluye un condimento adicional. El juez del caso indagará también a la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, bajo la sospecha de haber encubierto al ex ministro.

El caso Blaquier

El ex Subdirector Ejecutivo de Operación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, Luis María Blaquier, fue procesado por haber beneficiado desde ese organismo a las firmas Arcor y Cablevisión, para las cuales había trabajado hasta instantes antes de sumarse a la administración pública. Un caso típico de conflicto de intereses. Blaquier debió haberse abstenido de intervenir en cualquier asunto relacionado con las personas o empresas con las que estuvo involucrado en los tres años anteriores a su ingreso al FGS, tal como lo establece la ley de ética pública.

En su calidad de administrador operativo del Fondo que funciona como colchón del sistema previsional, Blaquier intervino -según consta en el expediente judicial- en los procesos que culminaron en la suscepción de operaciones negociables -algo así como bonos emitidos por privados- de las empresas Arcor y Cablevisión:

- El 8 de junio de 2016 el FGS suscribió 10.000.000 de dólares de Obligaciones Negociables de Cablevisión S.A.

- El 29 de junio de 20116 el FGS suscribió 12.000.000 de dólares de obligaciones negociables de Arcor S.A.I.C.

En el caso de Cablevisión, Blaquier había sido miembro del directorio del Grupo Clarín S.A., controlante de la cableoperadora, hasta diciembre de 2015 y tras su salida fue reemplazado por su hermano Gonzalo y por su primo Sebastián Salaber. Esos elementos fueron ponderados por el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, quienes intervienen en la causa.

En cuanto a Arcor, uno de los agravantes fue que Blaquier había formado parte del equipo de la empresa que diseñó la política de colocación de deuda y que, una vez en la función pública, estuvo al frente del organismo que suscribió la compra de esa deuda. Es decir, decidió la emisión de deuda del privado y la suscripción por parte del Estado. Un ejemplo gráfico de la metáfora del mostrador.

El caso Aranguren

El ex ministro de Energía fue uno de los más apuntados por la oposición desde que asumió esa cartera en el inicio de la gestión Cambiemos hasta el que dejó su cargo en junio de 2018. Su paso por Shell, antes de desembarcar en la gestión pública, puso en alerta a los críticos del Gobierno. Tres años y medio más tarde, un juez lo llamó a indagatoria para que explique su paso por la función pública y responda por aquellas decisiones con las que pudo haber beneficiado a sus anteriores empleadores. La citación sorprendió a su entorno y al Gobierno. "No lo esperábamos, era una causa que tenía otro trámite", indicó a Cenital un hombre que conoce al dedillo ese pasillo invisible que une a la Casa Rosada con Comodoro Py por el que transitan los más hábiles operadores judiciales.

La causa por la que fue convocado Aranguren la lleva el juez federal Luis Rodríguez y se inició en mayo de 2016 por una denuncia de los diputados kirchneristas Mario Doñate y Rodolfo Tailhade en la que acusaron al entonces ministro de beneficiarse con el aumento de la tarifa del gas a raíz de su "doble rol como funcionario público y accionista de Shell S.A.". El ex ministro ya hizo descargos en ese expediente en el que lo representa Alejandro Perez Chada, el penalista preferido de Macri. Aún no sabe por qué resultaron insuficientes.

En aquella denuncia, Doñate y Tailhade hicieron referencia también a resoluciones ministeriales publicadas en el Boletín Oficial que autorizaron el aumento de tarifas en el PIST (Punto de Ingreso al Sistema de Transporte) a la empresa Shell, a la que por entonces estaba vinculado Aranguren. Meses más tarde, el ex ministro se desharía de sus problemáticas acciones.

Otro de los hechos que le imputaron fue el haber autorizado la "compra de gas a Chile en forma directa, y pagando tarifas mucho más caras de las que se venían pagando a Bolivia" lo que habría puesto "en situación de privilegio a la empresa Shell, que es dueña de BG, la mayor proveedora de gas al vecino país trasandino".

Y los demás también

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a la que Argentina brega por entrar, define como conflicto de interés al "conflicto entre el deber público y los intereses privados de un empleado, cuando el empleado tiene a título particular intereses que podrían influir indebidamente en la forma correcta de ejercicio de sus funciones y responsabilidades oficiales". Y de eso estamos hablando.

Los potenciales conflictos de intereses que acarrearía formar un gabinete nacional con empresarios exitosos en la gestión privada fueron expuestos en más de una oportunidad desde ámbitos como el de la política, el periodismo y la academia. El mejor ejemplo de ello fue el informe realizado por las investigadoras Ana Castellani y Paula Canelo, integrantes del Observatorio de las Elites Argentinas (IDAES-UNSAM) con el que desmenuzaron la composición del gabinete y alertaron sobre la superpoblación de CEOs. "Las lealtades que traen al seno del Estado y del Gobierno quienes desarrollaron sus trayectorias en el sector privado, aumentando la probabilidad de conflictos de intereses y la permeabilidad a las presiones de los actores económicos", fue uno de los argumentos que esgrimieron al resaltar el peligro de saltar de las grandes empresas al Estado, sin solución de continuidad.

El más evidente y resonante conflicto de intereses que se le presentó al Gobierno fue el vinculado al concurso de acreedores del Correo Argentino S.A., empresa del Grupo Macri, que data del 2001. Fue la fiscal ante la cámara Comercial Gabriela Boquín la que destapó la olla cuando denunció que la empresa de la familia presidencial y el gobierno de Macri habían llegado a un acuerdo ruinoso para las arcas del Estado que implicaba una quita de más del 90 por ciento.

El caso del Correo generó una denuncia penal en contra del presidente Macri y de su ex ministro de Comunicaciones Oscar Aguad, que fue quien en lo formal ejecutó la jugada que cerraría el concurso del Correo Argentino S.A. con un evidente beneficio para la empresa. Aguad ya fue indagado por el juez Ariel Lijo que aún debe definir su situación procesal. En esa causa también está imputada Laura Alonso por no tomar cartas en el asunto.

Otro de los ex funcionarios al que lo persiguen los fantasmas de los conflictos de interés es Luis "Toto" Caputo. Tiene varias denuncias en su contra pero por estos días podría reabrirse una causa en la que fueron denunciados desmanejos de los fondos de garantías de la ANSES.

Un informe de la Auditoria General de la Nación (AGN) aprobado días después de las PASO sería la llave para reabrir una denuncia contra el ex secretario de Finanzas que había sido desestimada por el juez Rodríguez, a instancias del fiscal Eduardo Taiano, que decidió no dar impulso a la acción penal.

El informe, que ya está en manos del fiscal y también de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) decía que en 2016, mientras integraba el Comité Ejecutivo del FGS, Caputo propició la colocación de parte del dinero en fondos comunes de inversión (FCI), como Axis Ahorro Plus, del cual había sido presidente hasta diciembre de 2015. Y que esos FCI estaban integrados en más de un 99 por ciento por títulos públicos de los cuales la mayoría son Lebacs emitidos por el Banco Central a los que el FGS podría haber accedido sin tener que pagar comisiones.

La denuncia había sido formulada en 2017 por el entonces titular de la Unidad fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (Ufises), Gabriel De Vedia, quien aseguró que Caputo favoreció que se invirtieran unos 500 millones de pesos del FGS de la ANSES en un fondo de inversión con el que había estado vinculado. De Vedia es el mismo que denunció a Blaquier. Aún no se puede decir que el tiempo le haya dado la razón, pero sí que tenía sentido lo que planteaba. Y que había que investigarlo.