Legajo AFIP: investigan si se usaron datos secretos con objetivos políticos

Crece la causa de presunto espionaje ilegal desde oficinas del Estado. Analizan si fue filtrada información que sólo maneja el organismo a cargo de la recaudación de impuestos.

Ariel Zak
2 de noviembre de 2019 17:11 hs
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@Ariel_Zak

La causa en la que se investiga si se realizaron maniobras de espionaje ilegal desde oficinas del Estado contra jueces y dirigentes políticos, entre otros, tiene un capítulo de esos que pueden desatar batallas políticas sin cuartel. Se llama "Legajo AFIP".

El ente recaudador -o mejor dicho, algunos de sus funcionarios- quedó bajo la mira de la justicia en el marco de la causa que tiene en sus manos el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, donde se constató que varios organismos del Estado habían ingresado a la base de datos de la Dirección Nacional de Migraciones para consultar las salidas del país de , al menos, una veintena de jueces y de algunos dirigentes políticos. La AFIP fue uno de esos organismos.

De acuerdo a la investigación judicial que lleva a cabo el titular del juzgado federal 6, con intervención del fiscal Ramiro González, desde la Administración Federal de Ingresos Públicos se hicieron consultas a la base de migraciones sobre, al menos, cuatros jueces federales. Restan saber los motivos y si fueron realizados dentro de algún marco legal. Por ahí se perfila la primera parte de la investigación. Aunque la pregunta que sobrevuela todo el expediente es ¿quién y para qué utilizó esa información?

Pero hay más: hace 10 días el programa televisivo ADN, que se emite por la señal C5N, publicó un informe en el que se indicaba que un subdirector de la AFIP había realizado extrañas consultas a través del sistema informático del ente recaudador sobre personalidades como Susana Giménez, Mirtha Legrand y Jorge Lanata. Y también sobre empresas y empresarios. La información periodística generó ecos dentro de los tribunales de Comodoro Py, desde donde Canicoba Corral, a instancias del fiscal González, decidió indagar en el tema.

Los funcionarios apuntados por la justicia son dos: Néstor Abelardo Sosa y Jaime Mecicovsky. Se sospecha que forman parte de un grupo más grande que filtraba información secreta que, por si fuera poco, habría sido obtenida por fuera de cualquier consulta permitida en el marco de las actuaciones del ente recaudador. En ese contexto, el juez Canicoba Corral le solicitó a la AFIP que informe cuáles fueron las consultas realizadas por estos dos funcionarios en los últimos 4 años en relación a personas físicas y jurídicas amparadas por el secreto fiscal. La respuesta se espera para los primeros días de la semana que viene.

Las búsquedas realizadas por los funcionarios investigados quedaron registradas por el sistema informático de auditoria interna que tiene la AFIP, denominado E-Logs. Ese programa registra los movimientos realizados dentro del sistema informático del ente recaudador por lo que es posible ver qué búsquedas realizó cada usuario, cuánto tiempo permaneció observando los datos de un contribuyente o con qué frecuencia y en qué momentos husmeó información sobre algún otro. De allí saldrá la información que permita robustecer, o no, las sospechas de la justicia.

¿Utilización política?

Una de las sospechas que tienen los investigadores es que tanto la información de migraciones como la fiscal habrían sido utilizadas para armar lo que en la jerga del espionaje se conoce como "carpetas". Y, aunque su nombre no figura en el expediente, creen que en muchos casos esa información pudo haber llegado a manos de la diputada de Cambiemos que ya anunció su retiro de la política, Elisa Carrió. De alguna manera, ella misma se hizo cargo del vínculo con el caso cuando, según el diario La Nación, dejó trascender que "sigue con atención una causa por presunto espionaje donde están vinculados funcionarios de la AFIP con los que ella tuvo relación". Es más, según el mismo matutino, le dijo a su entorno que no se piensa someter a ningún desafuero y que si le toca ser investigada quiere "estar sin privilegios".

Los "funcionarios de la AFIP con los que ella tuvo relación" serían, entre otros, Sosa y Mecikovsky. El primero ya se presentó ante la justicia a través de un abogado y desde su entorno advirtieron que no conoce a Carrió. El segundo, Mecikovsky, aún no se presentó, aunque ya fue investigado antes. Y alguna vez fue incluido por Carrió dentro de los "héroes" de la AFIP, un grupo de directivos que fueron despedidos poco tiempo atrás por la actual gestión y luego vueltos a tomar tras las quejas de la diputada.

No es la primera vez que se investiga si funcionarios de la AFIP filtran información, de manera ilegal, para que sea utilizada políticamente. Mecikovsky, de hecho, ya había sido denunciado antes como uno de los funcionarios que, supuestamente, proveía datos protegidos por el secreto fiscal a la diputada Carrió. Pero esa causa del 2016 fue archivada por el juez federal Claudio Bonadio, acaso el preferido de la diputada chaqueña.

En esa causa se habían acumulado dos denuncias: una del diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade y otra del abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten. La causa la tuvo primero el juez federal Luis Rodríguez quien ordenó allanamientos en los que se secuestraron computadoras y teléfonos de Mecikovsky. Pero después de haber sido acusado por la defensa de una de las partes de plantar pruebas se declaró incompetente y, tras rechazar las acusaciones, mandó la causa al juzgado de Bonadio donde tramitaba un expediente similar y anterior.

En las computadoras secuestradas se encontraron archivos que coincidan con lo denunciado: había información fiscal que no debía estar allí. Pero el juez Bonadio la descartó porque según los peritajes de la Policía Metropolitana y la Federal eran archivos plantados y no elaborados por los dueños de los equipos informáticos o sus usuarios habituales.

Más allá del archivo del caso, el juez Bonadio no logró determinar quién, supuestamente, había intrusado las computadoras requisadas ni en qué momento se había roto la cadena de custodia. Lo único que precisó fue que "todas estas carpetas y archivos fueron creados por un usuario -Alejandro- distinto al habitual, no configurado en la máquina". Lanzó así un manto de sospechas sobre el abogado denunciante, Sánchez Kalbermatten. Aunque en ese expediente también se investigaba a un funcionario de AFIP, de apellido González y de nombre, Alejandro.