Evo Morales defiende su triunfo y Camacho radicaliza a la oposición

Desde el espacio del referente del Comité Cívico pro Santa Cruz quieren forzar la salida del líder cocalero.

Juan Manuel Karg
7 de noviembre de 2019 13:11 hs
 
@jmkarg

Bolivia, país que parecía un oasis de las administraciones progresistas dentro de una América Latina de alta conflictividad, vive un deja vú del 2008: la oposición radicalizada pide la salida anticipada de Evo Morales, misma exigencia que tenían once años atrás. A la vez, el candidato y ex presidente Carlos Mesa demanda nuevas elecciones presidenciales, nuevo Tribunal Electoral y que Morales finalice este mandato en enero de 2020. En este escenario conflictivo asoma un nuevo personaje, central en esta nueva trama: Luis Fernando Camacho, líder del Comité Cívico de Santa Cruz. "Macho Camacho", tal como apodan sus seguidores a este dirigente conservador-religioso, dice enfrentar a una dictadura y ha llamado a un ultimátum de 48 horas a Morales el último sábado, pidiendo además el apoyo de las Fuerzas Armadas para concretar la salida del hombre de Chapare de la Casa Grande del Pueblo.

"Tenemos que hacer, salvando las diferencias, y sacar la agenda como lo hacía Pablo Escobar, pero solo para anotar los nombres de los traicioneros de este pueblo", dijo Camacho la semana pasada, a los pies del Cristo Redentor situado en la avenida Monseñor Romero de Santa Cruz de la Sierra. No era un mensaje que solo buscaba los flashes mediáticos: pedía, no tan encubiertamente, una acción directa a sus bases.

Lo que pasó

Hay una fecha grabada a fuego en la oposición a Morales: el 21 de febrero de 2016, cuando el Jefe de Estado perdió un referéndum para intentar una nueva postulación. El resultado fue finísimo -51% a 49%-, similar a otras elecciones en el último lustro en el continente. Morales se apresuró, probablemente asustado por el nuevo contexto regional: apenas un año y pocos meses antes había ganado con el 61%, logrando una elección histórica hasta en bastiones opositores, como Santa Cruz. Una fake news sobre un supuesto hijo no reconocido del presidente se coló en el tramo final de la campaña del 2016. Cuando se desmintió, semanas después, el Movimiento al Socialismo (MAS) ya había perdido la elección y, al mirar a sus costados, veía a Macri gobernar en Argentina, a Temer en Brasil, y a Maduro contra las cuerdas en una Venezuela sumida en una profunda crisis. Pasado el trago amargo de la derrota, y analizando además el problema de relevos que se presentó en Argentina y Ecuador -donde Scioli fue derrotado y Lenín Moreno ganó pero se reconvirtió y comenzó a perseguir judicialmente al correísmo- Morales llegó a la conclusión de que un delfín no garantizaría la victoria. Y tuvo pedidos del MAS y la histórica Central Obrera Bolivia (COB) para su repostulación: cualquier otro nombre hubiera enfrentado cuestionamientos internos, tanto a nivel político como sindical. La justicia lo avaló, y luego el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, hizo una gira por Bolivia donde transparentó al jefe de Estado en su rol de candidato. Si el frente legal y externo parecía sellado, el interno comenzaba a estar en ebullición con el 21F como bandera.

20 de octubre de 2019. Llegó la elección. El sistema Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) cargó hasta el 83% y la tendencia marcaba un nítido triunfo de Morales, aunque quedaba la duda si existiría o no una segunda vuelta electoral. La noche terminó con esa pregunta flotando en el ambiente. El lunes por la tarde continuó la carga: del 17% restaba un importante caudal de actas del área rural. Esto sucedió siempre, en todas las últimas elecciones presidenciales de ese país. Es un dato geográfico. Ocurre que nunca el resultado había sido cerrado: Morales había ganado holgadamente en 2014, cuando el TREP apenas cargó el 70% de las actas aquel día domingo. El gobierno comunicó pésimamente mal lo sucedido con el TREP, lo que despertó sospechas en el amplio espacio no masista. Y el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, Antonio Costas, renunció a su cargo (aunque, vale la pena remarcarlo, sostuvo que la carga rápida y la del Cómputo Electoral no permitía sospechar de fraude alguno, demostrando una equivalencia entre ambas).

El desconocimiento de Carlos Mesa a la auditoría de la Organización de Estados Americanos desconcertó a quienes esperaban una mayor moderación del ex presidente de Bolivia. Mesa habló de una "unilateralidad" no chequeable: la OEA son los países de la CELAC junto a Estados Unidos y Canadá. Lo que molestó al candidato de Comunidad Ciudadana, en apariencia, es no haber sido consultado sobre los pasos a seguir. Pero la derechización de Mesa corrió también a Camacho, que pasó de pedir segunda vuelta a intentar forzar la renuncia de Morales. El último sábado, con un discurso radicalizado, Camacho le dio a Morales un "ultimátum" de 48 horas para que este renuncie. El deadline se terminó en la noche del lunes. Lejos de moderarse, Camacho redobló la apuesta: anunció una serie de medidas imposibles de cumplimentar, visto y considerando que no gobierna Bolivia. ¿Cuáles fueron esas decisiones? El cierre de fronteras, la toma de instituciones públicas en todo el país, el no ingreso de dinero a las arcas estatales y la garantía de que Morales firmaría su renuncia. Con esa última ambición viajó Camacho esa misma noche rumbo al Aeropuerto Internacional de El Alto, a más de 4 mil metros de altura sobre el nivel del mar. Velozmente se convocó en las cercanías una movilización que buscaba impedir la llegada del dirigente a la ciudad de La Paz. Pasaron las horas y el líder cruceño volvió a Santa Cruz, en un chárter privado que dispuso el propio gobierno de Morales para evitar cualquier confrontación.

Al día siguiente, Camacho desembarcó finalmente en El Alto, donde dos concentraciones lo esperaban: una de partidarios de Morales y otra de detractores del jefe de Estado. La jornada del miércoles fue particularmente violenta en Cochabamba con el saldo de un muerto, Limbert Guzmán, y al menos cincuenta heridos. Además, una alcaldesa del MAS, Patricia Arce Guzmán, fue secuestrada durante horas y sometida a diversos vejámenes públicos en un tarima donde le cortaron el pelo, le pintaron la cara y el cuerpo ,y le pidieron la renuncia. La alcaldía de Vinto, en la que Arce cumple funciones, fue incendiada. "Bolivia es libre. Y no voy a callar. Si quieren matarme, que me maten. Y como he dicho un día: por este proceso de cambio voy a dar mi vida", dijo en medio de la retención Arce Guzmán, antes de ser rescatada por la policía. En Cochabamba quedó demostrado que la amenaza de Camacho, aquella de la lista a lo Pablo Escobar que mencionaramos antes, está tomando encarnadura real en sus bases.

Lo que viene

¿Cómo se define todo esto? En dos lugares: las cancillerías y las calles. En el frente externo el gobierno de Morales logró una serie de apoyos internacionales a la auditoría, entre los cuales se destacan los gobiernos de Alemania, España, Francia y Holanda. Ese fue trabajo del canciller Diego Pary, también muy activo en la auditoría de la OEA, y la vicecanciller Carmen Almendras, que coordinó desde Europa esos pronunciamientos. En el frente interno, el MAS muestra músculo junto a la Central Obrera Boliviana en El Alto, La Paz y Cochabamba. Santa Cruz vuelve a ser, como en 2008, el claro bastión de la oposición más radical a Morales, lo que abre nuevo lugar a la xenofobia, la discriminación racial y la persecución a viviendas y locales vinculadas al MAS (el asedio a la casa de la presidenta del Senado, la cruceña Adriana Salvatierra, es muestra de ello, tal como la quema de al menos cinco sedes partidarias del masismo).

Morales espera que la auditoría avance y que se descongestione la violencia callejera. Pero a la vez sabe, como en 2008, que la defensa a su gobierno se da en diversos planos: allí importa tanto la fría diplomacia que puede darse en Washington, donde tiene sede la OEA, como el calor de una movilización en la Plaza San Francisco de La Paz.