Lula espera Justicia

Un fallo genérico sobre cuestiones de ejecución penal del Supremo Tribunal Federal de Brasil abre la puerta a la liberación del ex presidente.

Martín Schapiro
8 de noviembre de 2019 13:11 hs
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Desde Río de Janeiro.- En el 2005, casi diez años antes de que la Operación Lava Jato se convirtiera en la actuación más relevante de la historia del Poder Judicial brasileño, un joven Sergio Moro escribía que las reglas procesales de Brasil debían cambiar para combatir a los peces gordos del delito. De acuerdo al actual ministro de Justicia, las presunciones debían modificarse, de modo tal que la condena del juez de primera instancia implicara, como regla, el inicio del cumplimiento de la pena de prisión, sin necesidad de que fuera confirmada por un tribunal de apelaciones.

El Supremo Tribunal Federal de Brasil en su sentencia de ayer estableció el criterio exactamente opuesto. Como regla, dijo el Tribunal, la prisión sólo procede cuando la condena haya tenido "tránsito en Juzgado", es decir, cuando se hayan agotado todos los recursos posibles, incluyendo los tribunales superiores. Una visión garantista sobre la presunción de inocencia similar a la conocida doctrina desarrollada por el senador Miguel Ángel Pichetto, que, en pos de evitar abusos como el sufrido por el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, mantiene al ex presidente Carlos Menem en su banca del Senado, a pesar de haber sido condenado por la Cámara de Casación.

Hasta aquí, un debate sobre una cuestión de derecho procesal penal, en el que el criterio del Supremo Tribunal Federal brasileño beneficiaría a alrededor de cinco mil presos. Sin embargo, una discusión procesal se convirtió en un debate nacional sobre la figura de Lula da Silva, que esta mañana aguardaba con expectativas por su liberación. En abril de 2018, el tribunal decidió, para el caso específico del ex presidente y con un criterio eminentemente político, postergar la discusión sobre el criterio aplicable a los casos de condenados en segunda instancia, habilitando su detención cuando encabezaba todas las encuestas. Por su peso simbólico, es probable que la detención del ex presidente haya contribuido a acentuar la radicalización política que vive Brasil. En ese sentido, la pregunta sobre si habría Bolsonaro sin la contribución del Tribunal Supremo es pertinente.

Esta vez, el Tribunal fijó un criterio general que beneficia a Lula. Se pronunció sobre la correcta interpretación y constitucionalidad de una ley del Congreso. Como Lula tiene recursos pendientes relativos a su condena, debería salir libre. No es, sin embargo, automático. La jueza Lebbos, del riñón del ahora ministro de Justicia, Sergio Moro, probablemente intente dilatar los trámites a la espera de una reacción social de los sectores de derecha más radicales, que desde la destitución de Dilma Rousseff se han vuelto numerosos y movilizados o una improbable reforma legislativa express que obligue al tribunal a rediscutir desde cero la situación de Lula, que debería esperar en la cárcel.

Los jueces no fueron terminantes sobre la posibilidad de cambios que, desde la política, compliquen al ex presidente. Y el momento elegido para la decisión adelanta y quita presión a la decisión postergada hace algunos meses cuando, tras las revelaciones del portal The Intercept, comenzaron a tratar los alegatos relativos a la falta de imparcialidad de Sergio Moro al momento de dictar sentencia. Esta decisión ajustada es indicativa de las dificultades que tendrá la próxima, en la que los jueces deberán pronunciarse sobre el caso específico, según varias indicaciones, antes de fin de año. Políticos al fin, podrán medir las reacciones y el ánimo de la sociedad brasileña antes de decidir sobre la justicia o injusticia de un proceso.

Lava Jato ya no es intocable. Un juez y un grupo de fiscales, a su tiempo, pudieron condicionar a su aprobación o desaprobación el accionar de tribunales superiores y de otros poderes del Estado, habilitando o vetando decisiones e incluso valiéndose de medios manifiestamente ilegales, como la grabación liberada por Moro para impedir la asunción de Lula como Ministro Jefe de la Casa Civil, sin más cuestionamientos que los de la dirigencia de izquierda de Brasil y un pequeño grupo de juristas y periodistas preocupados por la vigencia de la Constitución. Si la asunción de Moro como ministro de Justicia empaño su aura de imparcialidad, las revelaciones de The Intercept echaron luz sobre las sombras de su accionar. Con Bolsonaro ocupando el Palacio de Planalto, moderar los impulsos autoritarios ganó espacio entre las prioridades tanto legislativas como judiciales y la prisión de Lula, fundamental para la revisión integral impulsada por las clases dominantes brasileñas del proceso de avance social que él mismo encabezó a partir del 2002, perdió centralidad tras las elecciones.

Bolsonaro gobierna un país donde la izquierda está débil y desarticulada. Lula se mantiene como su mayor símbolo, el recuerdo de tiempos mejores que guardan, en el corazón, los miserables de un país en donde la raza y la clase son, casi siempre, la misma cosa. Donde tildan de extremista a quien llegó prometiendo no mucho más que tres comidas al día para todos los brasileños, y dejó el poder con aura de estadista global por haber cumplido su palabra. Su eventual liberación no le permitiría ser candidato, aunque abriría paso a un retorno a la actividad política plena, retomando las caravanas por el país e intentando revitalizar su espacio político de cara a las elecciones municipales de 2020 tras la debacle de la izquierda en 2016. Del otro lado, sin embargo, es posible que una eventual salida de Lula fortalezca los discursos más radicales en la derecha. Jair Bolsonaro, que hasta ahora debió enfrentar el "fuego amigo" de miembros de su propio gabinete, su partido y aliados legislativos, podría beneficiarse del efecto centrípeto que suele venir adosado a la polarización.

Si las encuestas tienen algún valor predictivo, Brasil seguirá en el futuro avizorable atravesando un clima político borrascoso. Las dos figuras que mayores apoyos cosechan hoy entre los brasileños son el propio Lula y Sergio Moro. Cada uno, a su manera y para los suyos, un justiciero.