El viejo truco de esconder las pruebas

La AGN expuso esta semana la falta de transparencia de algunas áreas de la gestión Cambiemos que se niegan a ser auditadas. Situaciones similares se dieron en expedientes judiciales como el de la causa del Correo.

Ariel Zak
9 de noviembre de 2019 09:11 hs
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@Ariel_Zak

Los papeles no aparecen por ningún lado. Son pruebas que podrían resultar fundamentales para determinar cómo se gestó el fallido acuerdo por la deuda que el Correo Argentino S.A. (del Grupo Macri) mantiene con el Estado Nacional, pero se perdieron según asegura la versión oficial.

La respuesta es insuficiente para la justicia. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), órgano especializado en la investigación de hechos de corrupción, envió esta semana un nuevo oficio a la secretaria de Modernización, que absorbió al extinto ministerio de Comunicaciones, para que se inicie un sumario con el objetivo de saber cómo "se perdieron" los documentos que faltan.

El titular de la PIA, Sergio Rodríguez, decidió insistir con la apertura de ese sumario tras dos años de respuestas evasivas a su intento de dar con las notas originales del intercambio entre el ex ministro de Comunicaciones Oscar Aguad y el entonces director de legales de esa cartera, Juan Manuel Mocoroa, vinculadas con el caso del correo.

¿Qué dicen esas notas? Según las fotocopias que obran en el expediente se trata del pedido de Mocoroa a Aguad para que le dé instrucciones sobre cómo proceder en la audiencia que finalmente se llevó a cabo en junio de 2016 y en la que el gobierno dio conformidad a la oferta de la empresa postal del Grupo Macri. Y la consecuente respuesta del entonces ministro.

Lo que resultó llamativo a los ojos de los investigadores es que en ese intercambio los funcionarios públicos ya tenían información sobre la oferta que haría más tarde el Correo Argentino S.A.; por lo que sospechan que podrían haber sido elaboradas con posterioridad (y fechadas como si hubiesen sido escritas antes) a la aceptación del acuerdo que finalmente no prosperó porque la fiscal de la Cámara Comercial, Gabriela Boquin, lo calificó como "abusivo" para los intereses del Estado.

Esas notas permitirían a los investigadores terminar de reconstruir la trama del caso: lo que intentan determinar es si además de aceptar una oferta ruinosa (hecho que ya investiga el juez federal Ariel Lijo, que indagó a Aguad y a Mocora), los funcionarios participaron de la elaboración de la oferta que solo beneficiaba a la empresa del grupo empresario de la familia del presidente Mauricio Macri.

Transparencia y accountability

La desaparición o extravío de documentos fundamentales en casos judiciales no se limita a la causa del Correo Argentino. Fuentes judiciales informaron a Cenital que situaciones similares ocurrieron en causas en las que se investiga a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) vinculadas a obras públicas y a concesiones de autopistas. Estos hechos podrían devenir en allanamientos en el corto plazo. Ese parece ser el camino si no aparecen los papeles.

Ni siquiera la Oficina Anticorrupción pudo liberarse de las sospechas de falta de rendición de cuentas. Sobre todo cuando fue obligada esta semana por la justicia a brindarle a la Auditoría General de la Nación (AGN) la información que le había negado.

El jueves, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó el fallo con el que un juez le había ordenado a la oficina que conduce la secretaria de Ética Pública, Laura Alonso, el listado de denuncias presentadas por el organismo ante la Justicia. Se trata de un caso que había sido revelado por este portal en junio pasado cuando la AGN demandó a la OA en el fuero contencioso administrativo por no dejarse auditar.

La AGN le había reclamado a la OA el listado de manuales de procedimientos o de guías de trabajo en uso, el listado de denuncias presentadas ante la justicia y el listado de denuncias recibidas por el Organismo y el estado actual de las mismas. La decisión de evaluar a la AGN había sido aprobada por la Comisión Mixta Parlamentaria Revisora de Cuentas del Congreso como parte del Plan Operativo Anual 2018.

La DNV también le retaceo papeles a la AGN, por lo que el organismo encargado de auditar el funcionamiento de las distintas áreas del Estado demandó al Ministerio de Transporte, cartera que alberga a la dirección que se pretende controlar. Sucede que la DNV no respondió o lo hizo en forma parcial a "tres pedidos de distintas auditorías", según indicaron a Cenital fuentes de la AGN.

Entre la información solicitada hay documentación vinculada con las ampliaciones presupuestarias para obras. Esa misma información también fue reclamada, por ejemplo, en una causa radicada en la justicia federal en la que se investiga una obra realizada sobre la ruta nacional 8 cuya licitación ganó Iecsa (ahora SACDE), la firma que supo pertenecer a la familia presidencial. Pero los papeles vinculados con la ampliación presupuestaria todavía no aparecieron.