La cacería

Luego del golpe se desató una persecución contra dirigentes del MAS en Bolivia.

Juan Manuel Karg
11 de noviembre de 2019 16:11 hs
 
@jmkarg

¿Los altos mandos de las Fuerzas Armadas le pidieron la renuncia a Evo Morales? Sí. ¿La Policía Boliviana liberó el sábado y domingo la Plaza Murillo, donde está el Palacio Quemado? Sí. ¿Hay un liderazgo, como el del cruceño Luis Fernando Camacho, que se plantea en el horizonte ilegalizar al Movimiento al Socialismo como partido político? Sí. ¿Hay políticos del masismo, tanto ministros como diputados y senadores, asilados en Embajadas de distintos países? Sí. ¿Hay censura, impuesta y autoimpuesta, en medios? Sí.

Es un golpe de Estado. Cívico, político y policial. No hay que confundir hechos con deseos: se puede, desde una perspectiva conservadora, saborear el ocaso de un proyecto político sin dejar de remarcar lo que es: un golpe. El propio sábado y domingo la entonces avanzada quedó en evidencia cuando casas de gobernadores del MAS eran incendiadas para forzar renuncias, profundizando una violencia que durante la semana pasada se había visto en Cochabamba (allí la alcaldesa de Vinto, Patricia Arce Guzmán, fue vejada en público por quienes pedían la salida anticipada de Morales).

La persecución llegó al propio presidente: incendiaron la casa de su hermana y le ofrecieron a su equipo de seguridad 50 mil dólares para que sea entregado a los opositores radicales. Evo salvó su vida por la lealtad de sus acompañantes que lo trasladaron, junto a Álvaro García Linera, su vicepresidente, y Gabriela Montaño, su ministra de Salud, a Chimoré. Incluso después de su renuncia, sectores opositores al líder cocalero invadieron y saquearon su domicilio particular. La vida de Morales corre riesgo: si bien está en el Trópico de Cochabamba, lugar fundacional para su construcción sindical y política, y que conoce a la perfección, la deriva callejera que instauró Luis Fernando Camacho tiene en sus bases una capilaridad de creciente violencia, que no parece concluir con la carta de renuncia de Morales. No es para menos: el líder político-religioso, que llegó Biblia en mano al histórico Palacio Quemado luego de que las fuerzas policiales le abrieran paso, había pedido anotar en una lista, a lo Pablo Escobar Gaviria, a los "traidores". Aquella no fue una frase en caliente: tenía un horizonte de planificación, como se deja ver por los datos. Así, la palabra "traidor" apareció pintada en la fachada de los hogares que fueron incendiados.

Y ahora Camacho tiene una nueva idea, que manifestó en un video grabado en La Paz para su concentración diaria ante el Cristo Redentor de Santa Cruz: abrir procesos penales contra los diputados y senadores del Movimiento al Socialismo. El trasfondo del pedido de Camacho es uno: la ilegalización del partido más grande de la política boliviana. Camacho busca la proscripción del MAS. Lo dice sin pelos en la lengua, sin nadie que lo contradiga. Es decir: cacería en las calles y también en las instituciones. Cacería electoral para una fuerza que representa a casi la mitad de los electores del país. Cacería callejera para todo aquel que se plantee resistir, tal como sucede en la ciudad de El Alto.

Es en este contexto que vuelve a asomar la figura de Morales como aquella que intentó conducir de otra manera. Algunos dirán que por ceder, la oposición radical se envalentonó. Es una hipótesis que habrá que discutir a futuro, con mayores elementos para la consideración. Lo cierto es que Morales planteó una seguidilla de propuestas para intentar destrabar el "empate catastrófico", figura que suele utilizar Linera: auditoría vinculante, diálogo con las fuerzas democráticas del país, nuevas elecciones generales y finalmente su propia renuncia, forzada por las propias circunstancias de las que dábamos cuenta antes. Camacho y Mesa solo aceptaron la salida de Morales. Era su única petición. Su acuerdo de fondo. Y ahora enfrentan un problema concreto: el día después.

Párrafo aparte merece el accionar de la Organización de Estados Americanos. El organismo con sede en Washington llevó adelante una auditoría largamente demorada, cuyos resultados se filtraron a medios de comunicación y periodistas especializados en la tarde del sábado pasado. Por eso, el domingo a primera hora, el propio Secretario General Luis Almagro informó en su cuenta de Twitter la existencia del informe preliminar, donde se denunciaban irregularidades, retomando las dudas en la carga del TREP, el conteo rápido. Morales contestó con un llamado, a la OEA y a las organizaciones políticas bolivianas: nuevas elecciones generales. Fuera de Bolivia, fue bien recibida la noticia: la puja se iba a dirimir en las urnas. Aparecía como un anuncio positivo. Dentro de Bolivia, significó una seguidilla de dirigentes que pidieron la cabeza (esta vez en términos estrictamente gubernamentales) del hombre de Chapare.

La ausencia de una Misión Electoral independiente en La Paz, distinta a la de la Organización de Estados Americanos, es uno de los grandes déficit de la reversión de los procesos de integración que vivió América Latina en los últimos años. Lejos de la ideologización que algunos pretenden ver a la distancia en organismos como Unasur, donde participaban presidentes como Álvaro Uribe o Sebastián Piñera, estos mecanismos planteaban herramientas para cotejar datos en procesos electorales complejos. Resumidamente: más misiones electorales, más capacidad de saber si una elección había sido amañada, si solo existían irregularidades puntuales y de poca incidencia. En definitiva, lejos de lo que creen algunos políticos opositores en Bolivia, para quienes Almagro fue una especie de defensor a ultranza de Morales, la OEA jugó un rol dinámico, activo: se posicionó rápidamente cuando Luis Fernando Camacho fue retenido en el Aeropuerto Internacional de El Alto la semana pasada, pero obvió la persecución que en este momento se está desarrollando contra dirigentes del Movimiento al Socialismo.

La definición de la grave crisis institucional que vive Bolivia tras el golpe sigue en dos planos: las calles y las cancillerías. Morales deberá ver si sus fuerzas resisten en un marco notoriamente más desfavorable al de semanas atrás. Su preocupación principal ahora parece ser asegurar su propia integridad física, algo decisivo para cualquier proceso transformador que sale eyectado de la Jefatura del Estado. Morales debe salvar su vida. Y, por otro lado, los sectores hasta hoy triunfantes en el plano interno deberán lograr apoyo internacional a lo que ellos llaman transición.