Los mensajes detrás del arrepentimiento de D'Alessio

Pidió declarar bajo esa figura pero a la vez solicitó tiempo para armar lo que va a decir. Sospechan que apuntará contra el oficialismo y la central de espías.

Ariel Zak
17 de noviembre de 2019 11:11 hs
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@Ariel_Zak

-D'alessio está mandando un mensaje.

La afirmación le pertenece a un miembro del Poder Judicial que siguió de cerca la causa del espionaje ilegal con ribetes políticos y judiciales por la que está detenido el falso abogado Marcelo Sebastián D'alessio. Pero el mensaje, aclara, no está solo en el pretenso arrepentimiento sino en cómo y cuándo lo pidió y en qué hizo después. Veamos.

La última semana, a través de su abogado, D'Alessio le solicitó al fiscal de Dolores, Juan Pablo Curi, que lo convoque a una audiencia para declarar en los términos establecidos por la ley del arrepentido. Pero le avisó que no quiere declarar ya. Pidió un tiempo no menor a 15 días para preparar su exposición. Y así le fue concedido; está citado para el 3 de diciembre.

El lapso reclamado generó dos lecturas entre quienes siguen el expediente: por un lado están los que dicen que abrió una ventana para negociar su silencio y por otro los que señalan que buscó conseguir una fecha lo más cercana posible al cambio de gobierno en virtud de las personas a las que tiene pensadas apuntar. Todos coinciden en que no podía dejar pasar mucho más tiempo porque si la causa es elevada a juicio oral perderá la oportunidad de negociar una reducción de pena.

Ley del arrepentido

"La información que se aporte deberá referirse únicamente a los hechos ilícitos de los que haya sido partícipe y a sujetos cuya responsabilidad penal sea igual o mayor a la del imputado arrepentido", indica el texto de la Ley 27304. Es decir: D'Alessio tendrá que apuntar "para arriba", mostrar a quién respondía y por qué hizo las operaciones extorsivas y de inteligencia ilegal que llevó a cabo. Además deberá procurar que la información que aporte sea verosímil, nueva para el expediente, creíble y, sobre todo, comprobable. Arranca con un punto en contra: el fiscal Curi -que en todo momento quiso que el expediente se fuera de Dolores a Comodoro Py- ya rechazó a otros dos pretensos arrepentidos, el detenido ex espía Rolando Barreiro y el suspendido fiscal de Mercedes Juan Ignacio Bidone. Ambos brindaron información útil para el expediente, de todas formas, en sus indagatorias.

En lo que va de la causa de Dolores, y en el marco de otros expedientes que tramitan en Comodoro Py, D'alessio dijo que en su faceta de súper espía ilegal había respondido a los ex comisarios -también detenidos ahora- Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi y que le habían prometido que ingresaría a trabajar formalmente a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). La garantía de que se materializaría esa promesa era Pablo Pinamonti, directivo de la central de espías, según surge de las declaraciones del falso abogado en los distintos expedientes. ¿Qué aportará ahora? Fuentes vinculadas al caso creen que seguirá hablando de servicios de inteligencia, de "La Casa", pero que también le apuntará a funcionarios y dirigentes de la actual gestión de gobierno, como la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, con quien aparece en videos, fotografías y con quien registra intercambios de whatsapp.

Quienes siguieron los pasos de D'Alessio se entusiasmaron además con la idea de que apunte a un poderoso empresario que sobrevuela el expediente de Dolores pero que no figura entre los imputados. Aunque saben que sería una jugada de alto riesgo.

Seguridad o comodidad

Inmediatamente después de solicitar ser tenido como arrepentido, D'alessio le pidió al juez federal Alejo Ramos Padilla que le otorgue la prisión domiciliaria porque teme por su vida en el penal de Ezeiza. La excusa fue la velocidad con la cual se filtró la información de que había pedido declarar y estaba dispuesto a dar nombres. Su abogado, Claudio Fogar, había pedido que el planteo no se filtrara pero en cuestión de horas llegó a los medios.

Es poco probable que Ramos Padilla acceda a otorgarle a D'alessio el beneficio de la prisión domiciliaria por el solo hecho de haberse presentado como arrepentido. Hasta ahora no se registró ningún incidente considerable como para suponer que el falso abogado está en peligro dentro de su lugar de detención. Sin embargo, fuentes judiciales informaron que el magistrado solicitó al Servicio Penitenciario Federal que informe, "con carácter urgente", sobre el estado y las condiciones de detención del falso abogado en el penal de Ezeiza.

D'alessio está detenido desde el 15 febrero, luego de que los investigadores del caso detectaran -a través de intercepciones telefónicas- que estaba intentando obstruir la investigación en su contra, que había comenzado tan solo una semana atrás. Desde entonces su lugar fue el Hospital Penitenciario del Penal de Ezeiza. Permanece en una celda individual, custodiada por agentes del Servicio Penitenciario Federal, de la que sale poco. La radio portátil y el teclado en el cual toca silenciosos acordes que escucha con auriculares son sus permitidos. Muy lejos quedaron los lujos de su majestuosa casa en el barrio privado Saint Thomas, en la localidad de Canning, que queda físicamente cerca del penal.

¿Podrá salir de ese penal después del 3 de diciembre? Habrá que ver que piensa el fiscal Curi sobre la declaración, si finalmente el juez la homóloga y si consideran que podría caberle semejante beneficio. Por lo pronto, y por las dudas, el magistrado requirió a la a delegación de la Policía Federal en Dolores "arbitre las medidas tendientes para el eventual alojamiento del detenido en esa dependencia" para después de esa fecha.

Con el pedido de ser enviado a su casa, por temor a ser asesinado, además de intentar un escape a la comodidad, D'alessio sembró sospechas sobre aquellos que tienen que velar por su seguridad que son, sin ir más lejos, funcionarios que responden al gobierno actual.

Los protegidos

El manto de dudas que echó D'Alessio sobre sus cuidadores parece ser una moneda corriente que circula también en la política nacional. Sin ir más lejos, esta semana el gobierno nacional tuvo que congelar, de momento, su deseo de traspasar por decreto de necesidad y urgencia el Programa de Protección de Testigos de la órbita del Poder Ejecutivo al Poder Judicial. La excusa, al menos la dada a conocer a través de distintos medios, es que algunos de los arrepentidos (imputados colaboradores) que lograron ingresar al programa -como el ex funcionario kirchnerista José López o el chofer escritor Oscar Centeno- temen por su seguridad si quedan bajo la guarda de un funcionario peronista tras el cambio de gobierno, el 10 de diciembre. Del otro lado creen que el único objetivo del decreto era garantizarse poder "seguir manipulando" a algunos imputados colaboradores. Sospechas a la carta.

El presidente Mauricio Macri tenía previsto firmar ese DNU el miércoles pasado pero debió postergar la firma cuando trascendió que la mayoría de los jueces de Casación -a donde recaería el Programa- y los jueces de la Corte Suprema de Justicia estaban en desacuerdo con el traspaso. Los motivos principales eran tres:

-No existe necesidad ni urgencia.

-No se puede legislar por decreto en materia penal.

-Genera problemas jurisdiccionales porque los jueces, eventualmente, deberán decidir sobre personas acogidas por el programa.

El texto completo del decreto solo pasó por manos de miembros del Ejecutivo y por el presidente de la cámara de Casación, Carlos Mahiques, un magistrado de buena sintonía con el oficialismo. Los demás se enteraron del proyecto de forma oral y a grandes rasgos. Y casi todos lo rechazaron.

La movida, de claro corte político, no parece haber reparado en que de las 225 personas del Programa de Testigos Protegidos solo una minoría ínfima corresponde a imputados colaboradores que apuntaron contra el kirchnerismo. La mayoría son testigos anónimos de causas de trata y narcotráfico que temen por sus vidas y que denunciaron a personajes que esperan una falla del sistema para cobrarse venganza.