¿Salida democrática o legitimación del golpe?

El cronograma electoral acordado en Bolivia abre interrogantes respecto de las posibilidades de una auténtica normalización institucional.

Martín Schapiro
27 de noviembre de 2019 10:11 hs
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El acuerdo anunciado por la senadora en ejercicio de la presidencia Jeanine Añez, junto a la presidenta del Senado, la masista Eva Copa, fue aprobado por unanimidad en el Poder Legislativo boliviano. Supone un nuevo llamado a elecciones, con participación de todos los partidos políticos, incluyendo al MAS. El plazo para el llamado a elecciones es de 120 días, lo que casi con seguridad implicará alargar la estancia de la autoproclamada presidenta, así como de los diputados y senadores electos, más allá del 22 de enero, fecha de cumplimiento de los mandatos presidencial y legislativo.

La legislación, dictada con carácter de "extraordinaria" contiene una prohibición expresa (que replica el texto constitucional vigente) de presentarse para aquellos que hayan cumplido dos mandatos en cualquier cargo ejecutivo, lo que efectivamente implica la proscripción de Evo Morales y Álvaro García Linera como candidatos en la próxima cita electoral, a pesar del fallo aún vigente del Tribunal Constitucional, que consagró el Derecho Humano a la reelección indefinida.

La intención de los legisladores era, junto con la convocatoria a elecciones, aprobar una amnistía que permitiera liberar a los detenidos en las protestas, y que beneficiara también al presidente y vicepresidente exiliados. La senadora Añez descartó de plano promulgar cualquier iniciativa en ese sentido. La cuestión sigue pendiente. Una normalización limitada, con Evo Morales y Álvaro García Linera en el exilio, sin protestas sociales activas y manteniendo viva la amenaza implícita de una nueva intervención de las Fuerzas Armadas es el escenario preferido por la base de apoyo de Añez, y la apertura de la negociación parlamentaria es una señal de que el gobierno se siente en condiciones de construir ese escenario. En el mismo sentido, se abrieron canales de negociación con los movimientos sociales movilizados, que consiguieron, tras las protestas, la represión y los manifestantes fallecidos, un levantamiento de casi todos los bloqueos vigentes. Apenas Andrónico Rodríguez, vicepresidente de las Seis Federaciones del Trópico, la confederación de sindicatos cocaleros que incluso formalmente sigue conduciendo Evo Morales, se negó a levantar definitivamente las protestas de la entidad, aunque aceptó, en las asambleas de la entidad, un cuarto intermedio que las suspenda. El grupo sigue sosteniendo "el cese de la usurpación" entre las condiciones para un cese total.

Las posturas dentro del Movimiento al Socialismo, la herramienta política creada por el presidente depuesto, también aparecen diversas. Detrás de la unanimidad del voto de la Asamblea Plurinacional en favor de la realización de nuevas elecciones, hay algunas, entre ellas la ex presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, quien suscribió ayer un comunicado junto a las Federaciones del Trópico y otros movimientos sociales, que siguen dando un lugar protagónico a la conducción de Evo Morales. Del otro lado, la actual presidenta del Senado, sin abrogar del liderazgo del presidente exiliado, marcó distancias, y señaló que hace tiempo no tiene diálogo con Evo.

Hay comicios y comicios, también entre los irregulares. Si algunas maniobras controversiales en los márgenes en una elección en el Estado de Florida, sobre las que hay sospechas pero no pruebas concretas de que fueran fraudulentas, hicieron presidente de los Estados Unidos a George W. Bush en 2000, las sospechas en los márgenes de la elección (no está en duda su victoria, sino si la misma quedó apenas encima o debajo de los diez puntos requeridos para imponerse en primera vuelta) sobre el accionar de Morales motivaron un golpe de estado que legitimaron las dos principales potencias continentales y el Secretario General de la OEA, Luis Almagro. Mientras los cinco jueces afines al Partido Republicano que hicieron presidente a Bush cuando ordenaron parar el recuento manual continuaron dictando sentencias desde la Corte Suprema estadounidense, los miembros del Tribunal Electoral boliviano se encuentran detenidos, con prisión preventiva. Figuras políticas como el gobernador de Chuquisaca y el vicepresidente del MAS también lo están, con razones jurídicamente débiles, que sólo se sostienen en el marco de un régimen de excepción impuesto mediante la fuerza.

La decisión de negociar una salida electoral, con un gobierno considerado ilegítimo, y en sus propios términos es una señal de debilidad ante la represión extendida. El intento de recuperar márgenes para la actividad política es un reconocimiento tácito de que el gobierno, aún sin ninguna legitimidad de origen, se consolidó y se encuentra en condiciones de tomar decisiones y llevarlas adelante aparece como un acto de racionalidad política. El rápido triunfo del golpe de estado, sin que fuera desbordado por la movilización popular, y la exhibición posterior, a cielo abierto, de grietas en el seno de la fuerza política y los movimientos sociales respecto al lugar de Evo Morales, ponen un interrogante respecto de la capacidad de quienes se opusieron al golpe de permanecer unidos frente a los intentos oficiales de división y cooptación. Si estos intentos fueran exitosos, estaremos ante una mera legitimación de una asonada violenta, frente a una comunidad internacional que mantiene dudas sobre la situación boliviana. Si, aún con sus diferencias, quienes se opusieron al golpe de estado pudieran permanecer unidos, el llamado a elecciones y la retirada, tan siquiera temporal, de las Fuerzas Armadas del escenario político, puede acaso abrir el camino a un reagrupamiento de fuerzas, potencialmente capaz de reestablecer la democracia plena en Bolivia.