Autopistas: ex abogado del Estado podría complicar a Mauricio Macri y sus funcionarios

Se trata de Carlos Balbín, que encabezó la Procuración General del Tesoro de la Nación durante los primeros años de la gestión Cambiemos. Es la conocida como causa peajes, en la que se investiga una supuesta maniobra montada para que se le reconociera a AUSOL, vinculada a la familia presidencial, una deuda millonaria que no correspondía.

Ariel Zak
1 de diciembre de 2019 09:12 hs
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@Ariel_Zak

Algunos lo leen como una inconfundible señal de fin de ciclo: un ex funcionario del gobierno de Mauricio Macri podría complicar al presidente saliente y a algunos de sus ministros en el marco de un expediente judicial que preocupa a la Casa Rosada. Se trata de Carlos Balbín, el juez especialista en derecho administrativo que encabezó la Procuración General del Tesoro de la Nación durante los primeros años de la gestión Cambiemos. Es la conocida como causa peajes, en la que se investiga una supuesta maniobra montada para que el Estado argentino le reconociera a Autopistas del Sol (AUSOL), vinculada al Grupo Macri, una deuda millonaria que no correspondía. La firma reclamaba más de 1000 millones de dólares por supuestos atrasos tarifarios (por pesificación y congelamiento) y se conformaría finalmente con la suma de 500 millones y la extensión de las concesiones (que vencían en 2023) sin licitación hasta el 2030.

Balbín, hombre que llegó al gobierno con el aval de la fundadora de Cambiemos Elisa Carrió, fue llamado a declarar como testigo por el juez Rodolfo Canicoba Corral. La cita estaba fijada para el viernes 29 de noviembre pero, dada su calidad de juez Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el ex procurador del Tesoro pidió declarar por escrito. La moción le fue concedida y el mismo viernes las preguntas le fueron enviadas en un sobre cerrado. Las respuestas se esperan para martes o miércoles de la semana próxima. ¿Cuál es el elemento central de la declaración? Durante su paso por el gobierno, Balbín había manifestado la oposición del Estado argentino a una demanda que la firma Abertis (por parte de Ausol) había presentado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) como estrategia para reclamar su deuda.

Cuando Abertis presentó el reclamo ante el Ciadi, que depende del Banco Mundial, Balbín solicitó que se bifurque el trámite; es decir que adelantó que el Estado argentino iba a oponer excepciones a la procedencia del reclamo. El entonces procurador del Tesoro sostenía que el planteo formulado por la firma vinculada a la concesión de las autopistas era improcedente por cuestiones formales, según pudo saber Cenital de fuentes seguras. Entre otros motivos, porque la firma estaba intentando la intervención de un tribunal de arbitraje internacional sin haber agotado primero la jurisdicción local.

El testimonio de Balbín podría servir para destrabar una sospecha de los investigadores: que la presentación formulada por Abertis ante el Ciadi sólo buscaba crear un escenario para justificar el acuerdo que el Gobierno de Macri tenía previsto sellar con Ausol. Un hecho que llamó la atención de quienes llevan la causa fue que cuando se le pidió a la Procuración del Tesoro que informara todo lo actuado ante el Ciadi en relación al caso Ausol, el sucesor de Balbín, Bernardo Saravia Frías, omitió informar la presentación de su antecesor en el cargo. ¿Por qué? Una respuesta podría ser que se buscaba evitar que declarar como testigo en la causa. Y eso está por ocurrir.

La presentación formulada por la Procuración del tesoro cuando todavía la conducía Balbín fue confirmada por el Ciadi que respondió al requerimiento formulado por el juzgado de Canicoba Corral a través del ministerio de Justicia y a través de la Cancillería. La respuesta llegó mucho más rápido de lo previsto, aun cuando desde la cartera que conduce Germán Garavano habían advertido al juzgado que ese tipo de consultas no suelen ser contestadas por el tribunal de arbitraje internacional.

La cronología de los principales hechos, tal como se desenvolvieron ante el Ciadi, y la salida de Balbín de su cargo, resultan elocuentes para entender el caso.

-El 7 de diciembre de 2015, a tres días de la asunción de Macri, Abertis presentó la solicitud de arbitraje ante el Ciadi. Por entonces, Sideco era socia de esa firma española en AUSOL. El supuesto conflicto por los atrasos tarifarios llevaba más de 10 años, pero la presentación ocurrió sólo después de la elección nacional que ganó Cambiemos. La Solicitud quedó registrada ante la secretaría general del tribunal internacional 10 días más tarde.

-El 17 de diciembre de 2015 las partes acordaron la constitución del tribunal de arbitraje internacional integrado por un miembro de los Estados Unidos, uno de Costa Rica y uno de Colombia.

-Entre el 2 de agosto y el 11 de septiembre de 2016 los miembros del tribunal aceptaron el arbitraje, se llevó a cabo la primera sesión por conferencia telefónica y se determinaron las reglas del arbitraje que se iba a desarrollar en español, en Washington.

-El 10 de enero de 2017 la demandante presentó el "memorial" con el cual justificó su solicitud.

-El 3 de febrero de 2017 la Procuración del Tesoro Argentina, a cargo de Balbín, solicitó la "bifurcación"; a la que Abertis se opuso 25 días más tarde bajo el argumento de que ya habían realizado un reclamo administrativo previo ante el ministerio de Planificación.

En este punto corresponde hacer un parate: esa presentación generó dos informes del ahora extinto órgano de Control de Concesiones Viales que indicaban que el reclamo de Ausol era injustificado porque no había cumplido con las obras comprometidas, había incurrido en maniobras para ocultar sus ganancias y reclamaba un monto exorbitante de dinero. Los informes, que llevaban la firma de Gustavo Gentili, indicaban que tampoco debían extenderse las concesiones de las autopistas. Por razones que aún desconoce el juez de la causa, la Dirección de Vialidad Nacional de la gestión Cambiemos no aportó esos informes al expediente. Gentili, ex funcionario kirchnerista, fue citado como testigo para el 5 de diciembre. Sigamos:

-El 27 de marzo de 2017 el Ciadi hizo lugar a la solicitud de "bifurcación" Balbín. Es decir, compartió el criterio de que debía evaluarse primero si el reclamo era procedente. Menos de un mes más tarde, el 25 de abril, Balbin sería invitado por el gobierno de Macri a dejar el cargo.

-El 16 de junio del 2017, ya con Saravia Frías como Procurador del Tesoro, el Estado argentino presentó el memorial con el que justificó lo que antes había planteado Balbín. Sin embargo, en paralelo, negociaba con la demandante.

-El 6 de julio de 2018 las partes informaron al tribunal del Ciadi que estaban concluyendo una "avenencia", es decir, que estaban por acordar sin llevar a cabo ni una sola audiencia ante el tribunal de arbitraje.

-El 13 de agosto de 2018 las partes informaron que habían llegado a una acuerdo de "avenimiento de la controversia" y que incluso estaban dispuestas a dividir los gastos generados por el planteo del tema ante el Ciadi. Tres días después el Estado argentino prestó conformidad. Tema cerrado. O no tanto: tiempo después el asunto llegaría a la justicia.

El caso llegó a los tribunales federales de Comodoro Py por una denuncia del diputado Rodolfo Tailhade. En la causa están señalados Macri, el ministro de Transporte Guillermo Dietrich y el ex titular de la Dirección de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, como supuestos facilitadores de la maniobra. Podrían haber incurrido en los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, abuso de poder y negociaciones incompatibles con la función pública. La causa lleva varios meses de trámite. Pero recién empieza.