¿Quieres ser Martín Guzmán?

El principal desafío del flamante ministro de Economía es resolver el problema de la deuda, donde se pondrá en juego no sólo buena parte de su prestigio académico sino también el futuro del país.

En la famosa película de Spike Jonze, John Cusack encuentra un túnel que lo teletransporta a la mente de John Malkovich. ¿Qué inversor no querría en este momento hacer lo mismo con Martín Guzmán, el flamante ministro de Economía? Porque, sin dudas, el principal desafío que tiene en lo inmediato es la reestructuración de la deuda pública, donde se pondrá en juego no sólo buena parte de su prestigio académico sino también el futuro económico del país.

Y cuando decimos que es inmediato hablamos en serio, ya que el 60% de los vencimientos de la deuda que deja el gobierno de Mauricio Macri para el 2020 (aproximadamente 36.500 millones de dólares) vencen en los primeros cinco meses del año.

Si bien es imposible meternos en su cabeza, lo que sí podemos hacer es analizar sus últimas investigaciones, que precisamente se enfocaron en las reestructuraciones de deuda.

En su último trabajo, Guzmán analiza los 187 episodios de reestructuración que tuvieron lugar durante el período 1970-2013 y encuentra que en más de la mitad de los casos (52%) a los cuatro años volvieron a caer en un default de la deuda. Esto estaría demostrando que en esos casos la reestructuración no fue exitosa ya que la reducción de la deuda no fue suficiente, o bien se le impuso a la economía un ajuste fiscal muy severo que desencadenó lo que se conoce como "la trampa de la austeridad". Es decir, que el ajuste fiscal es de una magnitud tal que provoca una recesión económica, lo que a su vez lleva a que el Gobierno recaude menos, haciendo necesario un ajuste todavía mayor. A su vez, esto se ve reforzado por el efecto negativo que genera en los mercados, ya que el deterioro económico y fiscal pone más dudas sobre la capacidad de pago de la economía, haciendo subir la prima de riesgo que debe afrontar el país deudor (el famoso "riesgo país"), lo que significa un encarecimiento del financiamiento.

Otra conclusión importante del estudio es que sólo en los casos donde se aplicó una quita de la deuda se observó luego una mejora sustancial en el crecimiento económico. En cambio, en la mayoría de los casos donde solo hubo reperfilamiento (extensión de los plazos sin quita) no se observaron mejoras en el desempeño económico.

Al repasar un trabajo anterior del economista junto con Daniel Heymann podemos también entender por qué rechazó el remanente del préstamo con el FMI. Allí lo que encuentran es que las proyecciones de este organismo suelen ser muy optimistas respecto al impacto negativo que tienen las políticas de ajuste sobre el PBI, llevando a los países a la trampa de austeridad mencionada anteriormente.

La lógica sería la siguiente: el FMI determina que el país necesita llevar a cabo un ajuste en el gasto público para que a fin de año el déficit fiscal sea del 1% del PBI (por ejemplo, un déficit de $100 en relación a un PBI estimado de $10.000). El problema es que el ajuste termina teniendo un impacto más grave de lo proyectado en el PBI (digamos que se termina ubicando en $8.000). Sumado a eso, el menor nivel de actividad económica lleva a una caída en la recaudación del gobierno, que termina haciendo que el déficit fiscal sea mayor al estimado, tanto por este motivo como por el achicamiento de la economía (si por ejemplo el déficit termina siendo de -$200 entonces el resultado fiscal sería del 2,5% del PBI, contra el 1% que era la meta inicial).

El desajuste entre el resultado proyectado y el real genera dudas respecto de la capacidad de pago del gobierno, provocando el aumento de la prima de riesgo y el encarecimiento del financiamiento, que cierra y refuerza este círculo vicioso. Un caso paradigmático fue el de Grecia.

La objeción principal que marca Guzmán en este caso es que la receta del FMI para lograr la sostenibilidad de la deuda pública se basa casi exclusivamente en llevar a cabo un ajuste fiscal, sin tomar en consideración el deterioro económico que esto provoca y que, paradójicamente, podría derivar en un problema de insostenibilidad mayor.

Al invertir el argumento se hace evidente por qué en la asunción el presidente Alberto Fernández insistió con la idea de primero crecer para poder pagar. La justificación, precisamente, es evitar esta trampa y para eso se necesita, primero, estabilizar la economía y luego reencauzarla en una senda de crecimiento que permita generar los recursos para el pago de la deuda. Como quedó claro en estos cuatro años, dicha estabilización requiere que no haya saltos disruptivos en el tipo de cambio. Por eso es tan necesario el desplazamiento del pago de la deuda, ya que demanda dólares que en este momento escasean y que presionarían al alza la cotización de dicha moneda.

¿Qué hay que hacer entonces?

Volviendo a su último trabajo, podemos encontrar indicios respecto de las condiciones que según el ministro de Economía se deberían respetar para lograr un acuerdo que deje a ambas partes satisfechas. Es decir, un acuerdo que genere las condiciones genuinas para lograr que la economía se embarque en un proceso sostenible que permita el (re)pago de la deuda pero sin dañar el desempeño económico ni las condiciones socioeconómicas de la población.

La primera condición es política, y aquí radica el aspecto más novedoso de su propuesta. Para que los acreedores acepten la propuesta de reestructuración, ésta debe venir acompañada de un programa fiscal creíble que demuestre que la economía podrá generar la capacidad de pago necesaria. Como vimos antes, este programa no puede basarse solo en aplicar un ajuste severo ya que su impacto negativo en el PBI terminaría agravando el problema y demandando un ajuste todavía mayor que difícilmente pueda ser implementado, ya que sería inaceptable para la sociedad. Esta restricción política, que podríamos denominar como el grado de tolerancia de la sociedad al ajuste, no es unívoca sino que depende de cuestiones culturales y construcciones históricas propias de cada país.

La segunda condición, que sería la económica, es que el nivel de ajuste a su vez tiene que ser compatible con un sendero de crecimiento económico que permita generar las condiciones de pago (en términos estrictos, en su trabajo Guzmán afirma que incluso el PBI podría caer, pero esta caída no debería superar el 1% anual). Por ejemplo, una política fiscal muy contractiva que lleve a una recesión económica muy grande quedaría descartada por no ser económicamente factible.

Una vez elegida la política fiscal que cumpla con esas dos condiciones, se debe estimar el impacto que esto tendría en el desempeño económico y luego en la capacidad de pago del gobierno. Por último, se debe contrastar dicha capacidad con el total de la deuda a pagar y de esa manera se obtendría el tamaño de la reestructuración necesaria tal que el gobierno pueda afrontar los pagos futuros de la deuda sin volver a caer en un default. En esta línea se encuentra lo que dijo el flamante funcionario en entrevistas recientes, haciendo alusión a la idea de aplazar la deuda por dos años (incluyendo, probablemente alguna quita sobre los intereses y/o el capital).

¿Qué conclusión se obtiene de todo esto? Desde ya, no podemos precisar con seguridad cómo será la reestructuración que tiene el discípulo de Joseph Stiglitz en mente. Pero a partir de sus investigaciones previas, lo que sí podemos asegurar es que cree necesario implementar una política fiscal que sea compatible con el crecimiento económico de modo que eso genere los recursos necesarios para ir afrontando los vencimientos de deuda, sin volver a incurrir en un incumplimiento de los pagos.