La reforma judicial y la necesidad del consenso

Desde el oficialismo dejaron trascender que se trabajaría en un proyecto para marzo del 2020, aunque hay quienes creen que el tema podría ingresar en "extraordinarias" para evitar embates previos de los afectados.

Ariel Zak
15 de diciembre de 2019 11:12 hs
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@Ariel_Zak

"Estamos trabajando para lograr consenso político con los actores afectados por la reforma." La frase se repite en boca de un funcionario en condiciones de responder sobre la reforma judicial anunciada por el presidente Alberto Fernández durante su discurso ante la Asamblea Legislativa el día de su asunción. La charla se extiende y la respuesta vuelve, con matices, pero siempre con una misma palabra como eje: "consenso".

La búsqueda del más alto nivel de acuerdos está relacionada con el hecho de que la reforma pretendida saldrá por una ley del Congreso -no por decreto- y por el hecho de que algunos de los cambios requerirán mayorías especiales como es el caso de la designación de un nuevo Procurador General de la Nación. Por eso desde un principio desde el oficialismo dejaron trascender que se trabajaría en un proyecto para marzo del 2020, aunque eso podría cambiar: en el gobierno hay quienes creen que el tema podría ingresar en "extraordinarias" para evitar embates previos de los afectados.

Los cambios

Aunque aún no se conoce la letra chica del proyecto de reforma del Poder Judicial, el oficialismo -incluso desde antes de asumir- hizo saber que algunos aspectos tendrían que ver con un añejo proyecto de Gustavo Béliz que proponía convertir en juzgados federales todos los juzgados nacionales de la Ciudad de Buenos Aires y diluir así entre unos 70 magistrados el poder de los 12 federales que habitan el tan cuestionado edificio de Comodoro Py.

El primer cambio que se introduciría para modificar el comportamiento del Poder Judicial sería la entrada en vigor del nuevo código acusatorio en todo el país -que ya está aprobado y no necesita tratamiento parlamentario- que el gobierno de Cambiemos comenzó a ejecutar en Salta y Jujuy y que tenía previsto que llegara a la Ciudad de Buenos Aires en 2025. "La idea es que el 2020 ya se implemente en todo el territorio nacional. Sabemos que habrá que destinar recursos y trabajar con los actores que intervendrán", se sinceró una fuente del oficialismo.

La aplicación de ese Código implicará dotar de mayor poder a los fiscales que serán, en rigor, quienes llevarán adelante las causas por narcotráfico, corrupción y trata de personas y pondrá a los jueces en lugar de controladores del proceso. Son estos últimos -aunque no todos- la principal resistencia a la implementación de ese cambio. La puesta en práctica del nuevo Código significará también la resignificación del papel del Procurador General de la Nación.

El Procurador

Ese lugar se encuentra ocupado de manera interina por Eduardo Casal -fiscal ante la Corte- desde que el gobierno de Cambiemos forzó la renuncia de Alejandra Gils Carbó.

El principal candidato a ocupar ese cargo es el juez federal Daniel Rafecas. Se trata de un magistrado de amplia trayectoria, reconocido por los movimientos de Derechos Humanos por sus fallos en esa materia y apenas resistido por un sector del radicalismo que no le perdona su investigación en la causa de las Coimas en el Senado y por quienes se embanderaron con la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por la firma del memorándum con Irán en la causa AMIA. La intención de colocar a Rafecas en la Procuración fue anticipada por Cenital el 19 de agosto cuando se informó que ese lugar estaba reservado para un juez de Comodoro Py.

El diario Página/12 anunció este sábado que el pliego se Rafecas sería enviado al Senado la semana próxima. Y otra vez sonó la palabra "consenso": para que sea designado necesitará que lo voten dos tercios de los senadores que estén presentes a la hora del tratamiento y la votación de su nombre para ese cargo. Si no se ausentara ningún senador -algo probable por la importancia del tema y la trascendencia del candidato- necesitará 48 voluntades. El Frente de Todos tiene 41 asegurados. El resto será cuestión de negociación. En la Casa Rosada creen que llegan.

Las escuchas

Otros temas que podría abordar la reforma judicial integral tiene que ver con el sistema de escuchas judiciales que pasó a estar bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia durante la gestión de Cambiemos. Se trata de un sistema que fue muy cuestionado durante los últimos cuatro años en los proliferaron por los medios conversaciones entre ex funcionarios kirchneristas investigados por la justicia. Eso no había ocurrido cuando dependían del Ministerio Público Fiscal. Podrían volver hacia allí. También se volvería a estudiar la implementación de la ley del arrepentido, según dijo la flamante ministra de Justicia Marcela Losardo en una entrevista radial en la que aclaró, de todas formas, que no es una prioridad.

Algunos cambios ya empezaron a ocurrir. "Ningún ciudadano, por más poderoso que sea está exento de la igualdad ante la ley. Y ningún ciudadano por más poderoso que sea puede establecer que otro es culpable si no existe debido proceso y condena judicial firme", había dicho Fernández cuando anunció que impulsaría la reforma. Este viernes el ex ministro de Planificación Julio De Vido y su ex segundo Roberto Baratta fueron excarcelados en la causa de los Cuadernos. El fallo fue de un tribunal oral a instancias de la Cámara Federal de Casación Penal que sostuvo que no había elementos reales que permitieran determinar que sus libertades ponían en riesgo el desarrollo del proceso judicial que se les sigue. El regreso de la presunción de inocencia. Las causas siguen y el Poder Judicial deberá probar que son culpables o que intentan evadirse de la justicia si pretende volver a encarcelarlos.

Los nombres en Justicia

Al hacer pública la conformación de su gabinete, el presidente confirmó lo que ya todos daban por hecho: Marcela Losardo, su socia de toda la vida, la abogada que también lo acompañó desde siempre en la función pública, será la ministra de Justicia. "Porque el vínculo con la justicia lo va a manejar él. Y piensan de la misma manera", graficó un hombre cercano al presidente electo.

La elección de Losardo fue bien recibida en los tribunales federales de Comodoro Py, donde la consideran una dialoguista. Algunos jueces, incluso, ya habían tomado contacto con ella antes de que se oficializara su designación. La noticia también fue bien recibida por la amplísima mayoría de los cinco jueces de la Corte Suprema. Un dato al respecto: formó parte de la cátedra de Derechos Reales de Elena Highton de Nolasco con quien conserva un buen vínculo.

Más allá de la elección de Losardo y de que el propio Fernández es abogado especialista en Derecho Penal y tiene puentes propios con la Corte y con Comodoro Py, en los tribunales federales de Retiro algunos magistrados comentaron en los últimos días las visitas de Gerónimo Ustarroz, hermano de crianza de Eduardo Wado de Pedro, y Juan Martín Mena, ex jefe de Gabinete del ministerio de Justicia y subsecretario de Inteligencia de la Nación, hombres cercanos cercanos a Cristina Fernández de Kirchner. No hubo grandes mensajes. Pero lo leyeron como "señales". Mena será viceministro de Justicia y Ustarroz se perfila para ser, además, el nuevo representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de la selección y la remoción de jueces.

Del Consejo de la Magistratura también podrían salir algunos gestos trascendentes para el Poder Judicial. Cenital pudo saber que, por ejemplo, el gobierno podría acelerar el concurso para cubrir las dos vacantes que tiene la Cámara Federal porteña, el tribunal que revisa los fallos de los jueces que llevan adelante las causas contra los funcionarios de la administración nacional. Un tribunal clave para el poder político. Entre los candidatos con mejores antecedentes se encuentra el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, quien también es candidato a ocupar el juzgado federal con competencia electoral de La Plata. En un gesto de abroquelamiento, esta semana ese tribunal reeligió a Martín Irurzun como presidente. Es el camarista que, con un fallo propio, dio impulso a las detenciones de ex funcionarios bajo la excusa de que el poder que detentaron y podían seguir teniendo resultaba una amenaza para el avance de las investigaciones en su contra.

Otro concurso que se definirá en el corto plazo es el que tiene por objetivo ocupar la vacante abierta en las Sala B de la Cámara Comercial que es la que interviene en el concurso del Correo Argentino. A ese tribunal le falta un integrante que debería sumarse a las juezas María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini. Será una designación a la que estará atento el presidente saliente Mauricio Macri.