Protestas y persecuciones religiosas en India

El gobierno de Modi enfrenta cuestionamientos tras aprobar una Ley de ciudadanía que excluye a inmigrantes musulmanes de la posibilidad de acceder a ese derecho.

Leticia Martínez
18 de diciembre de 2019 15:12 hs
leticia@cenital.com  
@aletimartinez

Se intensifican las protestas en la India por una enmienda en la Ley de Ciudadanía que no incluye a los musulmanes. Mientras el premier Narendra Modi sostiene que la norma no contempla a los seguidores del Islam porque no necesitan protección, la oposición afirma que la nueva legislación es claramente "antimusulmana". En las calles, crece la violencia entre los manifestantes que rechazan la medida y la policía que reprime las movilizaciones.

¿Cómo es la Ley de la polémica?

El pasado 11 de diciembre, con el voto mayoritario del partido nacionalista hindú Bharatiya Janata (PBJ), del Primer Ministro Modi, se aprobó en el Congreso una enmienda a la Ley de Ciudadanía de 1955. La nueva norma establece que los inmigrantes provenientes de tres países: Afganistán, Pakistán y Bangladesh, puedan acceder a la nacionalización pese a haber ingresado a la India de manera ilegal, aún cuando se hubieran mantenido en esa condición durante años.

El objetivo de la norma, según el gobierno de Modi, es un "gesto humanitario", que busca brindar asistencia a los inmigrantes que son minoría en esos países y que escaparon de persecuciones. El punto que dio origen a las protestas fue que pese a que India es un Estado laico, restringe la norma a las religiones de los inmigrantes. La Ley establece que las personas que lleguen de los estados vecinos recibirán la ciudadanía si son hindúes, sijs, budistas, jainistas, parsis o cristianos, pero no si son musulmanes. Es por eso que los seguidores del Islam, que representan el 14% de la población total india, rechazan la medida que consideran discriminatoria.

"Se cree que el objetivo principal de la norma es que los hindúes que vinieron de Bangladesh obtengan la ciudadanía india, a pesar de haber estado de manera ilegal durante algunos años y a pesar de no tener visa. Lo más notable de la norma, es que los musulmanes no están incluidos en la lista", explica en diálogo con Cenital la especialista en India y Magíster en Relaciones Internacionales, Sabrina Olivera, sobre la decisión oficial que dio origen a las protestas de los últimos días.

¿Cuáles son los argumentos?

"Desde el Partido Bharatiya Janata, del primer ministro Modi, aducen que en realidad no se menciona a los musulmanes porque lo que se pretende es proteger a las minorías religiosas y los musulmanes en esos tres países, Afganistán, Pakistán y Bangladesh, no son minoría", explica Olivera, y agrega que el PBJ es "un partido político con una fuertísima impronta hinduista y siempre prioriza la dialéctica en cuanto a que los hindúes son perseguidos por los musulmanes".

Por su lado, la oposición, la comunidad islámica en el país y organizaciones de derechos humanos denuncian que la norma es "antimusulmana", y que se enmarca en una política de Estado que busca fortalecer los derechos de los hinduistas sobre la minoría de musulmanes. Olivera resalta además que los partidos opositores denuncian que temen que el gobierno termine con el secularismo en el país, establecido, desde la independencia, en la Constitución.

Una de las apuestas de la oposición tiene que ver con buscar la declaración de ilegalidad de la enmienda, por considerar que viola la constitución. Sin embargo, el primer ministro brindó una curiosa respuesta a la denuncia de los políticos opositores, que Olivera detalla: "El Gobierno sostiene que la propia Constitución en algunos artículos determina la 'discriminación positiva' de cierto grupos, es por eso que esta norma no debería entenderse como inconstitucional porque se estaría haciendo una 'discriminación positiva'".

Protestas

Tras la aprobación de la norma, la semana pasada comenzaron las movilizaciones en el norte indio y rápidamente se extendieron al resto del país. A la par también se expandió la represión policial contra las protestas, que se llevan adelante en barrios de mayoría musulmana, como así también en más de 20 universidades.


Esta semana el epicentro de las protestas se dieron en la Universidad Jamia Millia Islamia de Nueva Delhi, donde la Policía reprimió con gases lacrimógenos y golpeó a los estudiantes con bastones. En otras casas de estudios se dieron situaciones similares. Hay al menos seis muertos y cientos de heridos, y los videos de la violencia se viralizaron en las redes sociales.

El ojo en Cachemira

El conflicto no es el único abierto en India en relación a su población musulmana. El territorio de Cachemira, región disputada históricamente con Pakistán está poblado mayoritariamente por seguidores de esa relación. A mediados de año, el gobierno de Modi quitó el status de semiautonomía que tenía la región y militarizó la zona. Quienes viven en la región denuncian que sus derechos fueron restringidos, así como su posibilidades de comunicarse con el exterior y sus movimientos.

Olivera explica que los problemas de Cachemira, y las denuncias de terrorismo, se metieron en la discusión de la enmienda, luego de que la oposición pidiera una reunión con el presidente, Ram Nath Kovind, para conversar por la enmienda. "Modi los desafió preguntándoles por qué no se animan a dar la ciudadanía a todos los paquistaníes, haciendo alusión de la rivalidad histórica entre India y Pakistán.

Habrá que esperar para saber qué sucede con la enmienda, pero el gobierno no parece dispuesto a dar marcha atrás pese a las protestas y reclamos de inconstitucionalidad. "Hay algunos medios y opositores que determinaron que va a existir una persecución religiosa con esta norma y desde el PJB dicen que es una campaña para para hacer una interpretación errónea. El gobierno niega que haya una persecución religiosa y dice muy firmemente que va a continuar con la implementación de la Ley, que obtuvo mayoría en las dos cámaras", concluye Olivera.

Como Donald Trump, Vladimir Putin o Recep Tayyip Erdogan, Narendra Modi también aparece dispuesto a jugar la carta religiosa como impulsor de su propia legitimidad política.