¿Qué dice el proyecto que envió Alberto Fernández al Congreso?

El ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció una iniciativa con una gran cantidad de medidas fiscales y tributarias.

Este martes el ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció en conferencia de prensa un mega-proyecto de ley "de solidaridad social y reactivación productiva" que será enviado al Congreso de la Nación con una vasta cantidad de medidas fiscales y tributarias de alto impacto económico.

Como sucede frecuentemente en estos casos, lo que se explicó y se aclaró durante la conferencia fueron los puntos generales del proyecto y las principales medidas. Sin embargo, con el correr del día fueron apareciendo las dudas de siempre vinculadas con la letra chica. Incluso, circuló información errónea como por ejemplo que se iban a duplicar las contribuciones patronales cuando el proyecto sostiene que ni siquiera se van a aumentar.

Las (fundadas) dudas tienen su origen en cuestiones de interpretación acerca de la siempre enrevesada redacción que tienen estos proyectos. Esas dudas se irán disipando con la aclaración de las autoridades correspondientes durante su tratamiento en el Congreso.

Donde sí es necesario detenerse es en un tema que el ministro de Economía hizo hincapié en los dos discursos que dio hasta ahora: la consistencia macroeconómica. Algo que es sumamente importante y que en las últimas gestiones no se pudo lograr.

La consistencia macroeconómica admite diferentes maneras de ser conceptualizada y, por ende, definida. Para el caso argentino actual, dicha consistencia implica que las medidas adoptadas no generen un incremento en la necesidad de divisas ni en el déficit fiscal, debido a que ambos factores serían desestabilizantes para la economía al provocar la devaluación del tipo de cambio. El primero de manera directa, el segundo porque llevaría a la expansión del endeudamiento o la emisión monetaria.

Precisamente, el desafío de este paquete de medidas es lograr al mismo tiempo la reactivación de la economía pero sin perder de vista la consistencia macroeconómica. Este desafío es muy complejo, el contexto actual de elevada inflación, déficit fiscal y escasez de divisas deja muy poco margen para lograrlo porque la mayoría de las medidas conllevan a un trade off (una especie de disyuntiva, en castellano). Por ejemplo, un aumento en la Asignación Universal por Hijo (AUH) impulsa el consumo y por ende la producción, pero al mismo tiempo eso puede llevar al incremento de los insumos importados (una mayor necesidad de divisas) y al aumento del déficit fiscal. Por otro lado, una suba de impuestos mejora el resultado fiscal pero probablemente frene la reactivación económica.

¿Se puede lograr, entonces, una reactivación que sea consistente en términos macroeconómicos? Por ahora, sin las estimaciones correspondientes resulta imposible de saber, sobre todo aquellas vinculadas con el impacto recaudatorio de las medidas. No obstante, al analizar el paquete en su conjunto, queda claro que el objetivo es ese, ya que se combinaron medidas que apuntan a la reactivación económica con otras que apuntan a preservar el equilibrio fiscal y el externo. En líneas generales, se podría resumir como un programa que busca redistribuir ingresos desde los sectores con mayor propensión al gasto en dólares hacia los sectores con mayor propensión al gasto en pesos.

Las medidas

Vayamos entonces a las propuestas del Poder Ejecutivo.

- Entre las que buscan impulsar la actividad económica, por medio de la mejora del poder de compra y el incentivo a la producción, se encuentran el congelamiento de las tarifas por hasta 180 días (el tiempo que tomará el Gobierno para diagramar un nuevo esquema tarifario); el aumento por decreto de la AUH, de salarios mínimos del sector privado (con exención en aportes y contribuciones) y de las jubilaciones (con suspensión de la movilidad, uno de los aspectos más polémicos ya que eso puede llevar a litigios si es que los haberes más altos no son aumentados en la misma cuantía que el haber mínimo).

- Una moratoria para las micro, pequeñas y medianas empresas, con el fin de alivianar las cargas tributarias, pero asegurando al mismo tiempo que regularicen sus obligaciones (por medio de un período de gracia de 6 meses, esquema de cuotas y condonación de intereses punitorios); y por último, la devolución del IVA a los sectores más vulnerables (sin precisar el monto).

El problema con estas medidas es que conllevan una mayor necesidad de financiamiento y de divisas, debido a que el aumento en la producción demanda más insumos importados. Por lo tanto, deben venir acompañadas de un aumento en los impuestos, ante las restricciones mencionadas anteriormente.

En este sentido, el criterio para la selección de los impuestos fue una mezcla de las siguientes condiciones: i) que fueran progresivos, es decir que tengan una incidencia positiva en la redistribución del ingreso; ii) que redujeran la demanda de divisas; iii) que fueran de fácil recaudación; iv) que fomentaran el ahorro en pesos.

- Aumento del impuesto a los Bienes Personales (que, en realidad, lo que hace es retrotraer la reducción escalonada que había hecho el gobierno de Mauricio Macri, restaurando las alícuotas que van del 0,5% al 1,25% sobre el excedente del mínimo no imponible). Como novedad, se introduce una alícuota de hasta el 2,5% sobre la tenencia de bienes en el extranjero. A eso se suma la actualización de los derechos de exportación sobre la soja, trigo y maíz, productos industriales y servicios (cuya alícuota efectiva resta definirse en el Congreso).

- Incremento de la tasa estadística (que pasa del 2,5% al 3%) y el impuesto del 30% al atesoramiento y a los gastos en dólares, fundamentalmente aquellos destinados al turismo en el extranjero y a la compra de bienes y servicios finales (e-commerce, Netflix, Spotify). La salida de divisas en estos rubros llegó a superar los 10.000 millones de dólares en 2018, y a pesar de la fuerte devaluación en 2019 se mantienen en niveles elevados (7.500 millones en los últimos doce meses).

Aquí vale una aclaración luego de que circulara que esto era homologable a una devaluación del 30%. La medida no afecta a los insumos ni a bienes para inversión importados, con lo cual su impacto en la cotización oficial del dólar y en los precios a priori no debería ser significativo. Lo que probablemente suceda es que la brecha con el tipo de cambio paralelo tienda a aumentar hasta ubicarse en el 30% (porque si fuese más baja, las personas que viajan se volcarían a la compra de dólares billete para sus gastos en el extranjero).

Por último, hay una serie de medidas tributarias que buscan frenar reducciones de impuestos previstas para 2020 por la reforma tributaria de la gestión anterior (el congelamiento de las contribuciones patronales y de la alícuota del impuesto a las Ganancias para las empresas, que se mantiene en 30% en lugar de bajar al 25%), sumado a otras dos que buscan fomentar el ahorro en pesos (el aumento del impuesto al cheque para los cobros en efectivo y la eliminación de los plazos fijos y bonos en pesos del impuesto a la renta financiera).