Movilidad, la medida en discordia

La propuesta sobre los haberes jubilatorios y su actualización fue la que mayor controversia despertó en el programa presentado por el gobierno de Alberto Fernández.

Dos días atrás, el nuevo gobierno presentó un programa con más de 10 medidas con el objetivo de reactivar la economía pero sin perder de vista el equilibrio fiscal y el externo. Si bien por la magnitud del anuncio era esperable que éste pasara a ser el centro de la agenda mediática, hubo una iniciativa en particular que despertó las mayores controversias y debates: la propuesta sobre los haberes jubilatorios y su actualización.

Este tema se robó todas las cámaras por varios motivos. El primero, sin dudas, fue por la traumática experiencia reciente en la plaza del Congreso cuando el gobierno de Cambiemos quiso modificarlas. Pero además de esto, también se destaca el hecho de que es un tema muy sensible ya que afecta, para bien o para mal, a más de 6 millones de personas. Por último, por los recursos en juego y lo radical de la propuesta, frente a lo que se esperaba.

¿Cuál es la propuesta?

El aspecto principal es que suspende la movilidad jubilatoria por los próximos 6 meses. Es importante destacar que el aumento previsto del 8,7% para diciembre fue otorgado, lo que implicó para 2019 un incremento punta a punta de 51,1% para todos los jubilados, beneficiarios de la Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM), que cobran el 80% de la mínima, y otras prestaciones. Por otro lado, esto no implica que los haberes queden congelados sino que la diferencia radica en que en lugar de ser aumentados en marzo y junio por la ley de movilidad, esto se llevará a cabo de manera discrecional por medio de un decreto.

Además, esto se complementa con dos bonos de $5.000 que serán otorgados en diciembre y enero a quienes cobran el haber mínimo, la PUAM y los beneficiarios de pensiones no contributivas. A junio de 2019 había poco menos de 3 millones de adultos mayores que cobraban la mínima (50% del total de jubilados) y 1,5 millones de beneficiarios de la PUAM y de pensiones no contributivas.

El gráfico a continuación muestra la evolución en términos reales de las jubilaciones, diferenciadas por deciles de ingreso (los más altos implican jubilaciones más elevadas, y viceversa). Como se puede apreciar, los jubilados de la "base de la pirámide" fueron los más perjudicados, con una pérdida de más del 12% de su poder de compra.

Por otro lado, se ve claramente cómo durante 2017 los deciles más altos se despegan, lo que les permite terminar con un poder de compra casi idéntico a pesar de la abrupta caída que sufren entre fines de ese año y todo 2018. Con lo cual, lo que se observa es una redistribución regresiva en los haberes ya que los más favorecidos fueron los de ingresos más elevados. Esto fue gracias a la famosa "reparación histórica", una de las banderas del gobierno de Cambiemos, que reconoció todos los litigios de los haberes más altos, de ahí la fuerte mejora en sus ingresos.

Variación de las jubilaciones en términos reales por decil de ingreso

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC y ANSES.

Asimismo, si bien no está confirmado (porque en el proyecto de ley no está aclarado), todo indica que el sector que gana por encima de la mínima (actualmente de $14.066) y hasta $19.066, cobrará un bono proporcional con el fin de mantenerlo por encima. Por ejemplo, un jubilado que actualmente cobra $17.066 debería recibir dos bonos (uno ahora en diciembre y otro en enero) superiores a los $2.000, porque de lo contrario quedaría con un haber por debajo de la "mínima + bono".

Como se mencionó anteriormente, luego de esto se otorgará en marzo y en junio un incremento, que por como está redactado en el proyecto ("el Poder ejecutivo fijará trimestralmente el incremento del haber, atendiendo prioritariamente a los sectores de más bajos ingresos"), indicaría que el haber mínimo (deciles 1 a 4) y los niveles cercanos a éste (deciles 5 a 7) se va a incrementar igual o por encima de la inflación, mientras que los deciles de mayores haberes (8 a 10) probablemente se aumenten por debajo.

Por último, durante todo ese semestre se trabajará sobre un nuevo proyecto para modificar la pauta de la movilidad jubilatoria. Todo indicaría que esta reforma va a seguir el espíritu de los próximos decretos: una actualización diferenciada con un efecto redistributivo que implique una mayor tasa de actualización para quienes cobran haberes más bajos en relación a los más altos.

Vamos a volver... al 2003

Al escuchar las primeras palabras de Alberto Fernández, sobrevolaba en el ambiente un aire "muy 2003". En este sentido, la estrategia para el tema jubilatorio que definió el Presidente es casi un calco de aquel momento. Al asumir el gobierno de Néstor Kirchner, la mínima estaba en $150 (53 dólares) y las raquíticas arcas imposibilitaban otorgar aumentos generalizados, aun cuando solo el 60% de los adultos mayores tenían una jubilación. Desde ese momento y hasta 2008 el gobierno fue otorgando aumentos por decreto principalmente a jubilados/as con la mínima y esporádicamente al resto.

La virtud de aquella estrategia fue una rápida recuperación de la mínima que para fines de 2008 alcanzó el equivalente de 200 dólares, resolviendo uno de los temas más acuciantes a la salida de la convertibilidad. La contracara fue un aumento de la litigiosidad de parte de quienes tenían haberes superiores a la mínima y que obtuvieron actualizaciones menores. Esta litigiosidad fue lo que conformó el germen de "reparación histórica".

Esta política aplicada por el kirchnerismo durante sus primeros 6 años es la misma que el gobierno busca implementar en estos 6 meses, y que condujo a lo que se conoció como el "achatamiento" de la pirámide previsional: la diferencia entre la "base" (jubilados con la mínima) y la "cima" (jubilados con la máxima) se fue reduciendo año a año producto de los aumentos diferenciados por decreto.

Del laberinto se sale por arriba

El sistema jubilatorio que dejó el macrismo tiene preocupantes tensiones, principalmente como consecuencia de la Reparación Histórica. El problema de esta medida es que combinó la actualización de los haberes más altos con una tasa de cobertura cercana al 100%, perjudicando seriamente la sostenibilidad del sistema de seguridad social. Incluso la propia ANSES sostuvo en un informe en febrero de 2017 que los mayores gastos previsionales originados en la Reparación Histórica terminarían por consumir casi la totalidad del FGS hacia el año 2050.

Entre los especialistas en seguridad social existe un consenso en que es necesario reformar el sistema jubilatorio, sobre todo luego de esta medida. Esto se debe a que los ingresos proyectados a futuro del sistema no alcanzarían a financiar el aumento de los haberes, con la ley de movilidad actual. Por tales motivos, hace largo tiempo que el debate previsional se dirime en las arenas de las reformas paramétricas (aumentar la edad jubilatoria y/o la cantidad mínima de años de aportes) o las estructurales (pasar a un sistema de capitalización o a un híbrido público/privado).

El Gobierno vino a tirar una diagonal sobre una agenda que parecía entrampada entre estas reformas de corte más conservador, las cuales derivarían en un recorte de derechos a los adultos mayores. Sin duda, la propuesta actual constituye una novedad interesante por su tinte redistributivo, en donde se buscará descomprimir la tensión financiera volviendo a un sistema más progresivo, de la mano de una movilidad segmentada de acuerdo a los diferentes niveles de haberes.

A diferencia de la gestión anterior, esta nueva lógica interpreta que en un contexto de espacio fiscal muy limitado no se puede aumentar la jubilación a todos en la misma magnitud, pero tampoco se puede perjudicar a los que menos ganan. Así, el Ejecutivo parece decidido a reabrir esta estrategia, aún sabiendo que tiene enfrente al viejo fantasma de la litigiosidad previsional. Habrá que ver si esta vez es diferente.