Todo lo que tenés que saber sobre la reforma judicial que prepara el Gobierno

El Ejecutivo busca llevar el proyecto al Congreso en sesiones extraordinarias. Los sorteos y los concursos de los jueces en la mira de la Casa Rosada.

Ariel Zak
13 de enero de 2020 11:01 hs
ariel@cenital.com  
@Ariel_Zak

En los principales despachos del Poder Ejecutivo comenzó a acelerarse la velocidad de cocción de la reforma judicial. La intención, aseguran desde la Casa Rosada, es llevar el proyecto al Congreso en sesiones extraordinarias.

¿Cuáles son los cambios que propone el gobierno?

Los principales ejes son ampliar la cantidad de juzgados federales de la Ciudad de Buenos Aires, emprolijar el proceso de selección de magistrados, promover la aplicación del sistema acusatorio que dotará de mayor poder a los fiscales, despegar a los servicios de inteligencia de las causas judiciales y, un tema no menor, modificar el sistema de sorteo de causas judiciales. En el oficialismo sospechan que las vulnerabilidades de ese mecanismo permitieron seleccionar "bolillas calientes" para que determinadas denuncias contra la administración kirchnerista cayeran siempre en las mismas manos.

Los cambios impulsados por el presidente Alberto Fernández y sus más estrechos colaboradores afectarán a los pobladores de los tribunales -sobre todos los federales-, pero también a los habitantes del Consejo de la Magistratura y a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Los cambios en el Consejo de la Magistratura podrían estar incluidos en el proyecto de ley con el que se promueva la reforma o bien correr en un canal paralelo y llevarse a cabo a partir de acuerdos celebrados en ese cuerpo. En relación a la AFI, quien ya trabaja en eso es la interventora Cristina Caamaño.

Aunque aún no se conoce la letra chica del proyecto de reforma, el oficialismo -incluso desde antes de asumir- hizo saber que algunos aspectos tendrían que ver con un añejo proyecto de Gustavo Béliz, que proponía convertir en juzgados federales todos los juzgados nacionales de la Ciudad de Buenos Aires y diluir así entre unos 70 magistrados el poder de los 12 federales que habitan el tan cuestionado edificio de Comodoro Py.

La idea de la disolución no fue celebrada en los tribunales de Retiro, desde donde algunos magistrados federales enviaron mensajes a la Casa Rosada. Lo que sí ven como algo viable es unificar la competencia de ese fuero con la de los jueces de los fueros penal económico y penal tributario, que son muchos menos.

Los pormenores de la reforma permanecen aún bajo las llaves del presidente y del secretario de Asuntos Estratégicos, Béliz. Algunos aspectos también son trabajados por la ministra de justicia Marcela Losardo, según indicaron fuentes oficiales.

Sorteos y concursos

Entre los temas que podrían incluirse en el proyecto de reforma o tramitarse en paralelo se encuentran la modificación del sistema de sorteos que se utiliza para asignar las causas entre los distintos jueces y la modificación de los concursos mediante los cuales se seleccionan a los magistrados.

El sistema informático que se utiliza para sortear las causas "es manipulable por la mano del hombre y eso lo vuelve menos confiable", sostuvo una fuente judicial del oficialismo que afirmó que el Gobierno pretende modificarlo. Por caso, en Comodoro Py, donde tramitan las denuncias por corrupción, narcotráfico y trata, los sorteos se llevan a cabo entre los seis (de doce) juzgados que se encuentran de turno con la Cámara Federal porteña pero es posible condicionarlos: se le puede incluir información manualmente para direccionar el sorteo. Por ejemplo, se puede indicar que un juzgado tiene sobrecarga de casos y así hacer que sean menos posibilidades de que ese tribunal resulte sorteado.

"Debemos ir hacia un sistema de sorteos que tenga la menor cantidad de condicionamientos posibles", remarcó la fuente que trabaja en la búsqueda de consensos de cara a estos cambios.

En relación a los mecanismos de selección de jueces, fuentes del Consejo de la Magistratura señalaron a Cenital que Fernández bajó la orden de "autolimitar" el papel de los consejeros en los procesos. Los concursos tienen tres etapas: la presentación de antecedentes, el examen escrito y la entrevista personal. En la actualidad un juez puede posicionarse en los primeros lugares de un concurso si realiza un buen examen y reúne buenos antecedentes pero ese posicionamiento puede verse luego violentamente alterado por las entrevistas personales. Eso permite que a veces las ternas -que el Consejo eleva luego a la Casa Rosada- pueden no resultar representativas de la idoneidad de los concursantes. Este hecho generó que varios jueces y profesores convocados para integrar jurados para los exámenes de los concursos declinaran de aceptar el convite, según pudo saber Cenital.

Para corregir las falencias de los concursos, una de las vías que estudia el oficialismo es promover un tope al puntaje que se pueda asignar a los concursantes en las entrevistas, de modo de que el impacto sea menor y que un candidato que estaba ubicado, por ejemplo, después de los diez primeros, no pueda llegar por arte de la magia -o de los acomodos políticos- a integrar una terna.

Sistema acusatorio

En paralelo, desde el Ejecutivo siguen bregando por la entrada en vigor del nuevo código acusatorio -que ya está aprobado y no necesita tratamiento parlamentario- en todo el país. El gobierno de Cambiemos comenzó a ejecutarlo en Salta y Jujuy y tenía previsto que llegara a la Ciudad de Buenos Aires en 2025. "La idea es que el 2020 ya se implemente en todo el territorio nacional. Sabemos que habrá que destinar recursos y trabajar con los actores que intervendrán", se sinceró una fuente del oficialismo.

La aplicación de ese Código implicará dotar de mayor poder a los fiscales que serán, en rigor, quienes llevarán adelante las causas y pondrá a los jueces en lugar de controladores del proceso. Para encabezar este cambio el Ejecutivo ya propuso como Procurador General de la Nación -cargo ocupado de manera interina por Eduardo Casal- al juez federal Daniel Rafecas. Por estas horas, a nivel parlamentario, el oficialismo trabaja para lograr el consenso necesario para aprobar su pliego, aunque aseguran que "ya tiene los votos".

Inteligencia

Otra de las metas de la reforma judicial es desvincular a ese poder del Estado de los servicios de inteligencia. Lo que no está definido aún es si la separación será total. Entre otras cosas, según las fuentes consultadas por Cenital, se buscará que la AFI no esté involucrada con el tratamiento de las escuchas judiciales; ni en su elaboración ni en el traslado de su contenido. La oficina encargada de realizar las escuchas judiciales pasó a estar bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia durante la gestión de Cambiemos. Esa decisión fue muy cuestionada durante los últimos cuatro años en los que proliferaron por los medios conversaciones telefónicas de ex funcionarios kirchneristas investigados por la justicia. Eso no había ocurrido cuando dependían del Ministerio Público Fiscal. Podrían regresar a esa órbita.

Además se buscaría deshacer la figura de las precausas que habilitaron a los servicios de inteligencia solicitar autorización a jueces para pinchar teléfonos en el marco de supuestas investigaciones criminales y que habrían permitido generar información de apariencia legal para usar con fines espurios. En rigor, una precausas es un elemento que linda con la ilegalidad, previsto para casos de urgencia o mucha sensibilidad como pueden ser amenazas a la seguridad nacional. Tiene una extensión máxima de 120 días; después debe decidirse si se inicia una causa judicial o se destruye lo producido. La intervención de la AFI detectó cierto nivel de descontrol en el uso de esa herramienta.

Jubilación de los jueces

Avanza también en los despachos oficiales la elaboración del proyecto de reforma de los sistemas de jubilaciones especiales de jueces y diplomáticos. A pesar de que su instalación en la agenda pública había generado la sensación de un inevitable choque de intereses entre los magistrados y el Ejecutivo, Cenital pudo saber que los puentes entre ambos lados ya fueron tendidos y que las partes intentan acordar posiciones para llegar a un proyecto que no genere una andanada de medidas cautelares.

Los canales serían varios. El principal tiene que ver con el buen vínculo que existe entre la ministra Losardo y la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, que presiden el camarista Marcelo Galo Tagle; algo que quedó cristalizado en la cena de camaradería de esa organización a la que asistió la funcionaria. En las negociaciones también intervendrían representante del Poder Judicial en el Consejo de la Magistratura Ricardo Recondo y el ex juez Luis María Cabral.

¿Cómo sería un acuerdo posible para los jueces? Fuentes judiciales sostuvieron que debería mantenerse el 82 por ciento móvil y que estarían dispuestos a hacer un aporte mayor, incluso cuando el aporte actual supera en un 10 por ciento al del resto de los asalariados. También estarían dispuestos a que se les suba la edad de jubilación de 60 a 65 años.

"A pesar de la edad establecida, la inmensa mayoría de los judiciales se van después de los 65 años. Son los menos los que se jubilan antes de esa edad", sostuvieron fuentes de la Asociación de Magistrados quienes remarcaron además que en el Poder Judicial "hay muchas vacantes sin cubrir por lo que no está ingresando al sistema previsional el 25% o más de lo que deberíamos aportar".