Jubilaciones: la madre de todas las batallas

¿Hacia dónde vamos con el nuevo sistema previsional?

Iván Schargrodsky
17 de febrero de 2020 11:02 hs
ivan@cenital.com  
@ischargro

El anuncio del viernes por la tarde sobre la actualización de los haberes jubilatorios -luego de la decisión del Gobierno de dejar sin efecto por seis meses la ley de movilidad jubilatoria que Cambiemos había reformado en 2017- dio el segundo paso en una de las discusiones más álgidas en la agenda pública

Si bien sería un error pensar en este anuncio de manera aislada, sin comprender su relación con todo el programa económico al cual se ve en buena medida condicionado y al que al mismo tiempo condiciona, lo cierto es que los jubilados de más de 20 mil pesos no pueden ser contemplados como los ganadores del modelo anterior.

Sin dudas, la línea de corte es demasiado baja. Está claro que esta demanda no la pueden poner sobre la mesa los funcionarios o entusiastas camaradas de ruta del ex Presidente Mauricio Macri, quienes le recortaron más de 20 puntos de poder de compra a los adultos mayores.

Así las cosas, una exitosa reestructuración de deuda es un requisito mandatorio para que el gobierno pueda despejar los nubarrones que relampaguean en el horizonte cercano. Parte de esa negociación tiene como premisa el equilibrio fiscal, el cual a su vez está tensionado principalmente por la dinámica del gasto previsional que dejó el gobierno saliente.

Pero el programa económico tiene como objetivo revertir el deterioro social de los últimos años y la política de seguridad social, por su gravitación, es la principal herramienta para ese fin. En este juego de restricciones y necesidades simultáneas es que se debe analizar el reciente anuncio.

¿De dónde venimos?

El debate sobre la insostenibilidad del sistema previsional encuentra de cada lado de la grieta un culpable.

Para el oficialismo el punto bisagra está en la Reparación Histórica, que implicó en los hechos un incremento en los haberes medios y altos que resultaba insostenible en el mediano plazo. Les asiste la verdad si tomamos en cuenta que la propia ANSES en febrero de 2017 advertía en un informe que los pagos por la Reparación Histórica acabarían con el FGS hacia el 2050.

Del otro lado, la oposición encolumnada en Juntos por el Cambio sostiene que el pecado original se encuentra en las moratorias previsional que impulsó el kirchnerismo a partir de 2005. Un planteo ligeramente engañoso si tenemos en cuenta que cerca del 40% de los recursos de ANSES se originan desde hace tres décadas en recaudación de impuestos generales (principalmente IVA y, hasta 2017, Ganancias).

El trasfondo es, indudablemente, ideológico. Unos consideran que el sistema jubilatorio debe perseguir un objetivo solidario y redistributivo, otros que debe garantizar ante todo una retribución proporcional al salario y cantidad de aportes en el mercado formal.

En resumidas cuentas, lo que se observa en los últimos años son dos etapas muy claras que nos llevan hasta el anuncio del viernes y se explican en la concepción que la gestión anterior tuvo sobre el sistema jubilatorio: restablecer la pirámide previsional con las desigualdades inherentes -meritocráticas, si usted quiere- al mercado de trabajo.

Evolución de las jubilaciones entre 2015 y 2019

Enero 2015 = 100, en términos reales (media móvil 6 meses)


Fuente: INDEC y ANSES

El anuncio del Gobierno
En marzo se dará el primero de los dos aumentos por decreto luego de la derogación de la ley de movilidad jubilatoria que reformó JxC. Se espera que al comienzo del segundo semestre se cuente con un nuevo esquema que sortee la contingencia de estos primeros meses.
A diferencia de la fórmula polinómica de movilidad del kirchnerismo, la que implementó el macrismo en 2017 se puede calcular perfectamente con información pública ya que solo considera la inflación y la evolución del salario registrado. En consecuencia, los aumentos por decreto de marzo y junio serán auditados en relación con la pauta que hubiese dado la fórmula anterior, que para el primer mes es de 12,56%.
Si tomamos como premisa ese incremento, la propuesta del gobierno de dar una suma fija para todos los jubilados de $1.500 más un aumento de 2,3% en relación con el haber percibido en diciembre, deja ganadores y perdedores.
De acuerdo con los números oficiales el 75% del universo previsional recibirá un incremento igual o ligeramente superior al 12,56%. Este cálculo resulta de considerar los beneficios y no los beneficiarios; es decir, teniendo en cuenta que hay beneficiarios que cobran jubilación y pensión. Del lado de los perdedores se encuentra el 25% restante que se compone de los jubilados con haberes medios y altos.
¿A cuántos beneficia y a cuántos perjudica?

Así configurado, el anuncio parece tener neutralidad fiscal. Una suerte de juego de suma cero en la que los jubilados de haberes superiores a $16.200 financian, con un menor aumento, la pauta más generosa para los jubilados de la mínima. De esta manera el gobierno lograría sostener en términos reales los haberes de la base sin por ello tensionar aún más el resultado fiscal (y así evitar sumar dificultades al proceso de reestructuración de deuda).
El coco está en la casa
El principal planteo que se le hizo a la propuesta es el de la afectación de derechos adquiridos, dado que la pauta de marzo de acuerdo con la movilidad previa se definía por la evolución de la inflación y salarios de los últimos meses de 2019. El fantasma de la litigiosidad, que algunos creen que se fue, pero -si readaptamos a Troilo- siempre está volviendo.
El gobierno confía en el carácter contingente de estos aumentos (que solo se aplicarán en marzo y junio) y seguramente también en que la pérdida para la mayoría de los perjudicados no resulta tan significativa como para repagar el esfuerzo de iniciar una demanda ante la justicia.
Es muy posible que los tiempos de la justicia jueguen a favor del gobierno -bah, como ocurre siempre-, pero puede aparecer un cisne negro y sobre todo si tenemos en cuenta que ingresó por la Cámara de Diputados un proyecto que busca recortar derechos previsionales para los funcionarios judiciales y miembros del cuerpo diplomático.
Esta esquirla que se proyectó sobre el gobierno en la negociación para aprobar la ley de solidaridad social en diciembre se propone aumentar un 7% los aportes de estos funcionarios y sumar restricciones en la cantidad de años de servicio para acceder a la jubilación especial.
Bendito botiquín
Un complemento importante del anuncio del viernes fue el lanzamiento de un plan de 170 remedios gratuitos a cargo del PAMI. Estos medicamentos van a estar disponibles con una bonificación del 100% a partir del primero de marzo y, de acuerdo con fuentes oficiales, tendrá un costo aproximado de $30 mil millones, que será financiado con la recaudación del impuesto PAIS -el recargo de 30% sobre la compra-venta de moneda extranjera para turismo y atesoramiento. Al anuncio oficial, como siempre, le faltó un mayor detalle sobre el impacto directo de este programa sobre el bolsillo de los jubilados.
Sin embargo, está claro que la incidencia de este rubro sobre la canasta de consumo de los adultos mayores es muy significativa, y que seguramente se acentuó durante estos últimos años debido a la dinámica inflacionaria de un mercado que cuenta con un alto contenido importado y donde las regulaciones por parte del gobierno fueron más bien escasas. Si excluimos los rubros vinculados con tarifas, el caso de productos farmacéuticos dentro de salud es el que más creció en los últimos cinco años.
Variación en % acumulada desde enero de 2016 a enero 2020, IPC-CABA
Excluyendo tarifas, los precios de medicamentos fueron los que más crecieron desde 2016

Nota: se considera el índice de CABA ya que a diferencia del INDEC cuenta con la desagregación del subrubro "Productos farmacéuticos"
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de CABA
En suma, dos interrogantes se abren a partir de ahora. Por un lado, el avance de las demandas que desde el lunes comenzarán a llegar a la justicia. Por el otro, cómo se va a configurar la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, que deberá perseguir la quimera de una regla que potencie el efecto redistributivo, minimizando el riesgo de litigiosidad y a la vez resolviendo las tensiones en la sostenibilidad financiera que dejó el gobierno anterior.