Frente al COVID-19, más multilateralismo y cooperación internacional

Científicos y científicas de América Latina proponen un manifiesto para encarar el virus por vía de la colaboración global.

La pandemia de COVID-19 pone en primera plana la crisis sanitaria en la que el mundo se encuentra inmerso. Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) resaltan la urgencia de que los países adopten medidas de distanciamiento físico y solidaridad social que puedan ayudar a frenar el aumento de contagios y ganar tiempo hasta aumentar capacidades de respuesta y desarrollar alternativas terapéuticas y de inmunización. Es por ello que, a los fines de reducir el impacto de la pandemia, junto a las medidas que cada país adopte, resulta fundamental fortalecer la coordinación político-sanitaria dentro de los países y entre gobiernos, así como la cooperación internacional en los campos de la salud, la ciencia, la tecnología y el desarrollo social.

La importancia de la salud como derecho, y además objetivo y condición de los procesos de desarrollo, se pone aún más de manifiesto en un escenario de profundización de brechas de inequidad y de aumento de riesgos epidémicos a escala global. A la hora de actuar rápidamente contra el COVID-19, las respuestas nacionales demandan coordinación y estrategias de convergencia a nivel multilateral y regional. Esto se hace aún más evidente y necesario en las regiones más vulnerables del mundo y en aquellas con profundas inequidades, como por ejemplo América Latina.

Arabia Saudita, en su condición de presidente pro tempore del G20, ha convocado para esta semana una Cumbre Virtual Extraordinaria de Líderes con el objetivo de coordinar respuestas frente a la pandemia. Su realización seguramente habría sido más propicia en enero o febrero de este año. De todos modos, resulta una ocasión idónea para que la comunidad internacional asuma el desafío de ejercer una gobernanza multilateral en esta crisis. Con ese fin, ponemos en conocimiento algunas propuestas que podrían impulsarse:

1. Coordinar mecanismos para promover una mayor y mejor inversión a largo plazo en los sistemas de salud pública que garantice el acceso de toda la ciudadanía a la atención médica y asegure la protección frente a nuevas epidemias. La pandemia ha puesto en evidencia la importancia del fortalecimiento de los sistemas sanitarios y del acceso universal y equitativo a la salud como derecho humano fundamental. Es necesario que los acuerdos que sean adoptados contemplen el principio elemental de que la salud, la educación, la ciencia y la innovación tecnológica no sean considerados bienes del mercado ni se apliquen criterios de minimización de gastos y maximización de rentabilidad financiera.

2. Establecer bases regulatorias permanentes para garantizar la supervisión primaria de los Estados en la provisión de bienes y servicios esenciales en la prevención y manejo de problemáticas sanitarias transfronterizas globales.

3. Garantizar la cooperación humanitaria bilateral y multilateral, con criterios equitativos de distribución y en base a las necesidades y capacidades estructurales de cada sistema de salud.

4. Fortalecer un sistema integrado de datos a nivel global que permita compartir más recursos e información confiable desde los países que están atravesando las fases más críticas hacia los que están en etapas iniciales de contagio o no están aún en situación de pandemia.

5. Consensuar estrategias generales que permitan el desarrollo y la utilización de capacidades instaladas de los sistemas de ciencia y tecnología locales y las instituciones académicas con las cuales están estrechamente vinculadas. Por ejemplo, para la realización de testeos masivos o el acceso remoto a herramientas, capacitaciones y know-how. Las instituciones académicas de nuestra región aún deben modernizarse y asegurar sus capacidades. En este sentido, estrategias de cooperación internacional que permitan aprovechar experiencias previas jugarán un rol central para acelerar el crecimiento en esta dirección.

6. Impulsar una red y/o cuerpo internacional de científicos y expertos coordinados por la OMS que apoye iniciativas e instituciones de cooperación internacional en salud, cuya labor se extienda más allá de la actual crisis y configure un espacio que sistematice aprendizajes y contribuya al manejo coordinado de posibles futuras pandemias. La cooperación internacional es una potente herramienta epidemiológica. Es por ello que urge fortalecer las capacidades de respuesta en los diferentes niveles de coordinación.

7. Crear una red de contención económica mundial para apoyar a países y sectores más afectados, fortaleciendo los sistemas nacionales de innovación y los sistemas de salud, especialmente en los países y regiones más vulnerados. Ello requerirá del impulso de líneas de financiamiento acordes con objetivos previamente definidos por los países a nivel multilateral, tales como la Agenda 2030 del desarrollo sostenible de Naciones Unidas.

8. Formular un acuerdo mundial para el movimiento y circulación de personas que habilite el cruce de fronteras de especialistas y sanitaristas de manera rápida y efectiva. Contemplar una normativa que regule el apoyo de empresas aeronáuticas privadas, además de las públicas, para poder hacer más efectivas las medidas.

9. Crear un comité para la coordinación, el seguimiento y la implementación de medidas farmacéuticas, como vacunas y drogas antivirales, promoviendo prácticas de investigación abierta, intercambio de información, y acción coordinada para su distribución que considere las necesidades y capacidades de los países en desarrollo.

10. Generar un fondo común de inversión con aporte de corporaciones transnacionales que fomente el aprovechamiento de las tecnologías digitales y de la telemedicina en países en desarrollo, y en forma conjunta con ellos, en base a sus necesidades. La cooperación internacional es clave para que el potencial de tecnologías como los diagnósticos remotos de enfermedades, sensores de epidemias, y cadenas de bloques estén al alcance de todos los países.

El COVID-19 no es el agente causal de la crisis sanitaria global. Es, por el contrario, un detonante que pone de relieve las fallas estructurales de los frágiles sistemas de salud y de ciencia y tecnología del mundo. Creemos firmemente que para la construcción de sociedades equitativas y sostenibles se requiere de la regulación y participación activa del Estado y de la sociedad civil velando por los intereses e integridad de tres pilares centrales: salud, educación y ciencia y tecnología. Dejar en manos del mercado su regulación sería una falacia, además de una temeridad que nos haría más vulnerables. La próxima Cumbre Virtual del G20 debería ser el disparador para poner en marcha una gobernanza multilateral que haga frente a la nueva pandemia de manera coordinada y equitativa, considerando las necesidades de los países en desarrollo y anticipándose también a otros eventos futuros.

La iniciativa surgió de un grupo de científicos y científicas de América Latina miembros de TYAN, la red de Afiliados Jóvenes de TWAS (The World Academy of Sciences), en colaboración con investigadores e investigadoras del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), Argentina. Con la premisa de que la cooperación científica es clave para salir de la emergencia sanitaria global, extendemos la colaboración a nivel regional y global para sensibilizar a los gobiernos, instituciones multilaterales, organismos regionales, corporaciones transnacionales y organizaciones de la sociedad civil sobre la gravedad del asunto.

Firmantes:

Adriana Erthal Abdenur (Amassuru), Agustina Garino (FLACSO), Agustina Marchetti (CONICET-UNR), Alejandra Kern (UNSAM), Alejandro Frenkel (UNSAM), Alejandro Simonoff (IRI-IdIcsh-UNLP), Alejo Vargas Velasquez (Universidad Nacional de Colombia), Anabella Busso (UNR-CONICET), Andrea Lima (Universidad de Chile-TYAN), Andrés Malamud (Universidad de Lisboa), Ariel González Levaggi (UCA), Bárbara Bavoleo (CONICET-UNLP), Belén Herrero (CONICET-FLACSO), Bernabé Malacalza (CONICET-UNQ), Bruno Ayllón (UCM), Bruno Dalponte (FLACSO), Camila Santos (BRICS Policy Center/ IRI PUC-Rio), Camille Amorim Leite Ribeiro (PPGEEI-UFRGS), Camilo López Burian (UDELAR Uruguay), Carla Morasso (UNR), Carlos R. S. Milani (IESP-UERJ/CNPq); Carolina Sampó (CONICET-UNLP), Cecilia Inés Jiménez (IDH CONICET-UNC), Celeste Ceballos (CIECS CONICET-UNC), Cintia Quiliconi (FLACSO-Ecuador), Clarissa Giaccaglia (CONICET-UNR), Cristina Lazo (Universidad Católica de Chile), Daniel Blinder (UNSAM), Deisy Ventura (USP/ABRI), Desiree D’Amico (UCC), Diana Tussie (CONICET-FLACSO), Elodie Brun (COLMEX), Emanuel Porcelli (UBA), Ernesto Vivares (FLACSO Ecuador), Esteban Actis (UNR), Eva Acosta Rodríguez (CONICET-UNC-TYAN), Fabián Britto (OITTEC-UNQ), Federico Brown (USP, Academia Ciencias Ecuador, TYAN), Federico Merke (CONICET-UDESA), Federico Rojas de Galarreta (ICP-PUCC), Fernando Nivia-Ruiz (Universidad Javeriana de Colombia), Fernando Porta (UNQ), Florencia Rubiolo (CONICET-UCC), Francisco Leal (Universidad Nacional de Colombia), Francisco Urdínez (PUC Chile), Franco Cabrerizo (CONICET-UNSAM-TYAN), Geovana Zoccal Gomes (BRICS Policy Center), Gilberto M. A. Rodrigues (Universidade Federal do ABC, Brazil), Gino Pauselli (Universidad de Pensilvania), Giovanni Molano Cruz (Universidad Nacional de Colombia, IEPRI), Gladys Lechini (CONICET-UNR), Guadalupe González González (El Colegio de México), Gustavo Lugones (OITTEC-UNQ), Gustavo Rojas (CADEP Paraguay), Hernán Grecco (CONICET-UBA-TYAN), Iván Maisuls (Universidad de Münster, Alemania), Iván Miranda Balcázar (Universidad Mayor de San Andrés-UMSA), Janneth Karime Clavijo (CIECS CONICET-UNC), Javier Surasky (IRI-UNLP), Javier Vadell (PUC-Minas), Jean-Francois Prud’homme (COLMEX), Jorge A. Schiavon (CIDE), Jorge Pérez-Pineda (Universidad Anáhuac México), Jorge Resina (Universidad Complutense de Madrid), Jorgelina Loza (IGG-CONICET), José A. Sanahuja (Universidad Complutense de Madrid, España), José Fernández Alonso (CONICET-UNR), Juan Cruz Olmeda (El Colegio de México), Juan Gabriel Tokatlian (UTDT), Juan José Vagni (CONICET-UNC), Juan Pablo Prado Lallande (BUAP, México), Juan Santarcángelo (CONICET-UNQ), Juliana Peixoto (CONICET-FLACSO), Julieta Zelicovich (CONICET-UNR), Leonardo Stanley (CEDES), Lia Baker Valls Pereira (UERJ), Lorena Ruano (CIDE), Luciana Ghiotto (CONICET-UNSAM), Maria Esperanza Casullo (Universidad Nacional de Río Negro), Maria Noel Dussort (CONICET-UNR), Mariana Albuquerque (UERJ), Mariana P. Serrano (CONICET), Mariano Mosqueira (UCC), Mario Lozano (UNQ-CONICET), Matias Rafti (UNLP, CONICET), Mauro Sola-Penna (UFRJ), Mayte Anais Dongo Sueiro (Pontificia Universidad Católica del Perú), Melisa Deciancio (CONICET-FLACSO Argentina), Miriam Gomes Saraiva (UERJ Brasil), Monica Cingolani (UCC), Mónica Hirst (UNQ-UTDT), Nahuel Oddone (ISM), Nicole Jenne (Pontificia Universidad Católica de Chile), Norberto Consani (IRI-UNLP), Oscar Vidarte (Pontificia Universidad Católica del Perú), Pablo Bolaños Villegas (Universidad de Costa Rica-TYAN), Pablo Nemiña (CONICET-FLACSO-UNSAM), Patricia Gutti (UNQ), Patricia Zancan (UFRJ-TYAN), Paula Ruiz (Universidad Externado de Colombia), Paulo Esteves (BRICS Policy Center / PUC-Rio), Pía Riggirozzi (Universidad de Southampton), Pilar Gaitan (Corporación La Paz Querida Colombia), Raquel Drovetta (UNVM-CONICET), Ronald Vargas-Balda (CONICET-UNSAM), Santiago Lombardi Bouza (OCIPEx), Silvia Fontana (UCC), Silvio Miyazaki (USP Brasil), Sofía Conrero (UCC), Thiago Rodrigues (INEST/UFF, Brasil), Valeria Pattacini (UNSAM), Verónica Basile (CONICET-UNC), Yraima Cordero (UFRJ-TYAN).