La pesada herencia de Macri también fue para Larreta

“Ni Ministerio de Salud había”, dijo el presidente Alberto Fernández sobre el final de la conferencia de prensa en la que junto a Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta anunció la extensión de la cuarentena en la Argentina. La alusión a la situación en que recibió el país y, particularmente, el sistema sanitario de manos del gobierno de Mauricio Macri fue escueta pero marcada. Kicillof hizo más hincapié en el ruinoso estado de la provincia tras la gestión de María Eugenia Vidal al hablar de las dificultades para gestionar el distrito en medio de la pandemia de coronavirus. El otro integrante de la mesa también podría hablar de la pesada herencia que le dejaron Macri y Vidal, pero claro, le está vedada la posibilidad de responsabilizar a las gestiones porteñas anteriores porque su partido gobierna la Ciudad desde hace casi 13 años.

En 2007 Mauricio Macri ganaba las elecciones en la Ciudad montado en una promesa que hoy suena violenta: erradicar las villas. Así lo decía. Erradicar. El PRO, apenas terminados los festejos por la victoria electoral, convocaba en agosto de ese año a una mesa de diálogo con los vecinos de los barrios populares para charlar sobre la urbanización en algunos casos y, con quienes vivían en la 31, sobre la erradicación. Según estimaciones de la época, el metro cuadrado en la villa estaba valuado en u$s 6.000.

Cuando cumplió un año como jefe de Gobierno, sus prioridades habían cambiado. Macri anunció en junio de 2008 en una entrevista con el diario La Nación que estaba pensando en un plebiscito para saber si “los porteños” (los que no vivían en villas, claro está) querían pagar más impuestos para erradicar o urbanizar esos barrios carenciados. “Hay 350.000 personas viviendo en situación irregular, en villas e inmuebles usurpados. Pero hay otras prioridades para los porteños. Creo que hay que abrir el debate sobre esta cuestión. ¿La Ciudad puede hacerse cargo de la urbanización? ¿Qué quieren los vecinos que se haga con su dinero? La gente tiene que saber que intervenir en las villas tiene un costo. El costo serí­a aumentar impuestos o no hacer otras obras”, dijo Macri. Llamativamente, no había incluido esos asteriscos en sus promesas de campaña. De todas formas, el plebiscito que agitó en ese reportaje nunca se hizo. Tampoco avanzó con obras ni relocalizaciones en las villas.

Tuvieron que pasar dos años más para que, en 2010, creara por decreto el «Programa de Mejoras para las Villas 31 y 31 bis”, a cargo del Ministerio de Ambiente y Espacio Público que entonces comandaba el hoy vicejefe de gobierno, Diego Santilli. Dentro de un mes, el decreto cumplirá diez años.

Comenzó entonces la gestión del macrismo en las villas con una marca de origen que continúa hasta hoy: la dispersión de las responsabilidades, la superposición de funciones y, finalmente, la acumulación de secretarías, unidades, institutos y cargos para encargarse de lo que sucedió con cuentagotas: las mejoras en los barrios populares de la Ciudad.

Un año después de la sanción del decreto, en 2011, Macri anunciaba con bombos y platillos la creación de una Secretaría de Hábitat e Inclusión pero ya no dentro del Ministerio de Ambiente sino en la órbita del de Desarrollo Económico, que comandaba Francisco “Pancho” Cabrera. La flamante Secretaría quedó a cargo de Marina Klemensiewicz, coordinando acciones con el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), la Unidad de Gestión e Intervención Social (UGIS), la Corporación Buenos Aires S.E. (CBASE), y el Programa de Regularización y Ordenamiento del Suelo Urbano (Prosur Hábitat). Dos ministerios, una secretaría, un instituto, una unidad, una corporación, un programa, cientos de funcionarios y diez años después la Villa 31 enfrenta una pandemia con muchos de sus habitantes sin agua potable, la mayoría de ellos hacinados, y una explosión de contagios que alarma a las autoridades sanitarias de la Ciudad, de la Nación y de los municipios cercanos a la capital.

La multiplicidad de organismos provocó y provoca superposición de tareas y responsabilidades. Esto, generalmente, no significa que dos o más funcionarios se hacen cargo del mismo problema, sino que finalmente ninguno toma la decisión de avanzar porque son cuestiones que le competen a otro. Además, genera confusión entre los vecinos, que deben adivinar a qué organismo recurrir cuando necesitan resolver cuestiones vinculadas a la vivienda en la Ciudad. En el caso del Barrio 31, la Secretaría de Integración Social y Urbana, que con Rodríguez Larreta quedó a cargo del bullrichista (de Esteban) Diego Fernández, tiene bajo su órbita responsabilidades que en otros barrios le competen a su jefa, la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat, María Migliore. 

El recorrido de ambos funcionarios no podía ser más distinto. Fernández es dueño de la cadena Dashi Sushi Bar, fue jefe de gabinete de Bullrich en el Ministerio de Educación porteño y director de una Fundación offshore que, según los Panamá Papers, radicó el ex ministro en Estados Unidos. Fernández apostaba a quedarse con el Ministerio que finalmente ocupó Migliore. En plena emergencia del Barrio 31 a raíz de la cuarentena y la pandemia, salió a la luz un contrato que el funcionario firmó por más de dos millones de dólares para, con un préstamo del Banco Mundial, pagarle a una consultora para reclutar trabajadores para la Gerencia Operativa de Reasentamiento (otra dependencia más), encargada de relocalizar a los habitantes de la Villa 31 que viven en el sector más complicado, ubicado bajo la autopista.

Sin embargo, la que terminó poniendo la cara públicamente por la gestión de Fernández (y por las gestiones que la antecedieron) terminó siendo Migliore, a quien tampoco le asistió el beneficio de hablar de la pesada herencia. La ministra, valorada entre funcionarios del Frente de Todos vinculados a los movimientos sociales, terminó envuelta en una pelea muy áspera con la presidenta de Aysa, Malena Galmarini, por la responsabilidad sobre las conexiones de agua corriente dentro del barrio, que la Ciudad intentó (erróneamente) asignarle a la empresa.

La dispersión de responsabilidades y presupuesto sumada al perfil gerencial de un partido que hizo de la militancia barrial una extravagancia (al punto de que sus dirigentes con vinculación territorial suelen ser destacados y diferenciados del resto) provocó que el Estado porteño llegara mal y tarde a un problema que las organizaciones sociales con presencia en las villas le anunciaron durante semanas.

Hoy, a un mes y un día del primer caso de Coronavirus confirmado en el Barrio 31, el panorama es desolador. En 31 días, los contagiados pasaron de 1 a 2593. Los muertos son 22. En la Ciudad con más recursos y mejor infraestructura del país, fue necesaria la intervención de hecho de la Nación para asistir con testeos y protocolos de aislamiento y atención. Recién ahora, Rodríguez Larreta anunció la creación del “mayor centro de aislamiento de la Ciudad” en Costa Salguero y consiguió el edificio de la Terminal de Cruceros, cerca del Barrio 31, para hacer más análisis.

La herencia era pesada, es cierto. Pero gobernar es, entre otras cosas, lo que hace cada uno con la herencia que recibe.