Tenemos que hablar de las cárceles

Más cárceles, más presos, más sistemas de encierro: la tendencia es mundial. Durante las últimas décadas, a excepción de algunos países escandinavos, en distintos lugares del mundo, desde Estados Unidos hasta Brasil, también en países europeos, hubo -y sigue habiendo- una propensión a aumentar las tasas de encarcelamiento con políticas más punitivas, sin que eso derive en una disminución de la tasa de delito.

La Argentina no es la excepción y su situación preocupa en especial porque el número de personas privadas de la libertad supera por mucho la capacidad que hay de alojarlas. En todo el país hay cerca de un cincuenta por ciento más de presos de los que tienen lugar y la provincia de Buenos Aires tiene más del doble de presos del cupo. En un momento de desborde carcelario, aparece en el mundo, y también en el ámbito local, la pandemia del coronavirus, que hace que cualquiera se pueda contagiar al estar a menos de un metro de una persona infectada.

La oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU), presidida por Michelle Bachelet, manifestó su preocupación por la llegada del virus a lugares de detención y pidió medidas urgentes a los gobiernos del mundo. «El COVID-19 ha empezado a golpear prisiones y centros de detención de migrantes, también lugares de cuidado de personas de la tercera edad y hospitales psiquiátricos, esas instituciones están en un riesgo evidente. Las autoridades deberían buscar formas para liberar aquellas personas especialmente vulnerables al COVID-19, entre ellos los detenidos más viejos o enfermos, también convictos de crímenes menores», aconsejó en un comunicado.

La crisis por el COVID-19 llevó a presos de Brasil, Colombia, Argentina, Perú y Paraguay a protestar por sus condiciones de detención, siempre delicadas y ahora más riesgosas. El reclamo tiene que ver con la falta de elementos de higiene -aconsejados para la prevención- y con el hambre al que son sometidos cuando no cuentan con los víveres que les aportan sus familias, a quienes les solicitaron no asistir en los horarios de visita, para evitar que se contagien dentro de prisión.

En la Argentina, cinco presos murieron en motines en distintas cárceles del país. Hay quienes, además, como apunta la ONU, reclaman excarcelaciones para los que tienen prisión preventiva y para los mayores de 65, población de riesgo entre los que contraen el virus.

«La autoridad no está cumpliendo con la cuarentena. Se hacen cambios de guardia por semana con 2.150 efectivos que ingresan a la unidad y no están tomando precaución con los enfermeros ni con los maestros», denuncia por video un recluso de la cárcel de Coronda, donde murió un preso. «No nos dejan pasar alimentos y la comida de acá es incomible», dice envuelto en un pañuelo, para no ser identificado.

Organismos de derechos humanos subrayan la vulnerabilidad de los presos ante la pandemia y reclaman medidas urgentes. «La población carcelaria en América Latina está en una situación de alto riesgo fundamentalmente porque existe un problema común que es la sobrepoblación carcelaria en todos los países, sin excepción», le dijo a Efe el director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.

Cuántos presos hay

En la Argentina, en los últimos 19 años, se duplicó la cifra total de presos: de las 43.174 personas que el país tenía en 2001 privadas de la libertad según un censo del Ministerio de Justicia nacional, ahora el Sistema Nacional de Estadística sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) da cuenta de 94.883 presos (2018), lo que lleva a una tasa de 213 presos cada 100.000 habitantes.

Cada provincia tiene su propio servicio penitenciario, sus propias cárceles y su propio régimen carcelario. También existe el Servicio Penitenciario Federal (SPF), que tiene a su cargo establecimientos en distintas provincias para presos por delitos federales. En total, el país tiene 308 unidades de detención, sin contar comisarías. Las jurisdicciones con más cárceles son el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPF), con 62, y el Federal, que tiene 32. Más de la mitad de los presos del país está en la Provincia de Buenos Aires.

Que hay hacinamiento en las cárceles argentinas, sobre todo bonaerenses, no es novedad. Tampoco lo es que hay quienes consideran que los condenados deben pasar en prisión lo máximo posible. La discusión se torna más compleja al pensar cómo hacer para que, al salir, esas personas no vuelvan a cometer delitos. Sin embargo, en la actualidad, es difícil mejorar el panorama de salida de los presos cuando la urgencia está en sus condiciones de detención.

Qué es el hacinamiento en prisión

Hablar de sobrepoblación carcelaria es mencionar, por ejemplo, que no hay suficientes camas. Los presos se turnan para dormir, no entran en los pabellones, muchas veces no comen y faltan agentes penitenciarios que puedan ocuparse de la vigilancia.

En el ámbito federal, la sobrepoblación alcanza el 14,28% más del espacio disponible (unos 1.747 presos más de los que entran, sobre una capacidad de 12.235). El informe 2018 de la Procuración Penitenciaria Nacional dice que «a partir de 2016, el incremento de la población se ha exacerbado».

En la Provincia de Buenos Aires la situación es dramática: hay más del doble de presos de los que puede haber. Cuando Daniel Scioli dejó la gobernación bonaerense, a fines de 2015, la gestión entrante denunció deudas con los proveedores de alimentos para los internos, falta de medicamentos y lo que hasta entonces era la sobrepoblación carcelaria más alta de la historia, que sigue aumentando hasta hoy. Además, un informe de la Comisión Provincial por la Memoria documentaba un aumento fuerte de muertes violentas en ese servicio penitenciario, de los más grandes de Sudamérica.

Pero también hay otras provincias en situación de hacinamiento. En Tucumán, por ejemplo, donde no hay cárceles federales, los presos son alojados en dependencias policiales o de Gendarmería porque no hay lugar en las cárceles provinciales. Las personas que quedan meses privadas de su libertad en comisarías, algo que está prohibido, suelen dormir en el piso porque no son espacios pensados para contener reclusos mucho tiempo. A eso se sumaron, durante la gestión de María Eugenia Vidal en el Ejecutivo bonaerense, las dos mayores tragedias de la historia de las comisarías de esa provincia; 17 muertos (en Pergamino y Esteban Echeverría), incendiados dentro de una celda.

Andrea Lombraña, Natalia Ojeda y Carolina Di Próspero, doctoras en antropología social del programa de Ciencia y Justicia del Conicet, coordinan un equipo interdisciplinario que analiza el sistema carcelario hace más de diez años. Desde 2015, se vincularon al Centro Universitario de San Martin, dentro de la Unidad 28 en José León Suárez, una unidad con capacidad para 450 presos, que hoy aloja 1.050. Para Lombraña, además de la superpoblación, hay otras dos urgencias: que se deje de tercerizar el tratamiento de los reclusos y que haya más capacitación del personal penitenciario. «Cuando una persona entra al servicio, se le asigna un tratamiento único. Se acuerdan objetivos a cumplir en el periodo de detención. Al haber tantos detenidos, es imposible que el Estado pueda asegurarles a todos el acceso a esas actividades, entonces entraron organizaciones privadas y de la sociedad civil, con mucha autonomía. El Estado delega su función socializadora. Y no conocemos las intenciones de todas estas organizaciones que dan trabajo, educación, recreación, confort espiritual», explica la especialista.

Además de que el hacinamiento aumenta la violencia entre los presos, la sobrepoblación resulta en que no haya plazas de estudio o de trabajo para todos, lo cual reduce los recursos con los que pueda contar un preso para no volver a delinquir. Sólo en algunos casos, y con muchas limitaciones, ahí ayudan los patronatos de liberados.

Cómo trabaja un preso

En las cárceles del país hay tres tipos de trabajo:

-Para el Estado: tareas de limpieza, mantenimiento, algún taller. Tiene más ventajas cualitativas que económicas. El preso que ayuda en la cocina come mejor, y el que hace limpieza se mueve con mayor libertad por los pabellones. Pero el peculio que reciben es simbólico: en Provincia de Buenos Aires ronda los cincuenta pesos por mes. Está mejor organizado en el SPF, donde existe el Ente de cooperación técnica y financiera (Encope), que arma rutinas laborales y formación en oficios. En ese caso, reciben un salario mínimo.

-Para terceros: hay incentivos para que pequeñas empresas se establezcan con sus negocios dentro de las cárceles y contraten mano de obra. Como es una actividad altruista de los dueños de esas pymes, el Estado los exime de pagar algunos impuestos. Como no siempre la propuesta es tan tentadora, los dueños recortan el salario de los trabajadores.

-Autogestionario: la persona privada de la libertad monta su propio negocio dentro del establecimiento y comercializa fuera del penal, en general, a través de Mercado Libre.

Los modos de pago difieren de una provincia a otra, pero suele suceder que los servicios penitenciarios destinan un porcentaje de esas mínimas ganancias de los presos a lo que llaman «gastos de mantenimiento» del recluso. Otro porcentaje se destina a la reparación de sus víctimas. Y un porcentaje menor queda, entonces, para los familiares del encarcelado o para su salida, pero nunca es un monto considerable para permitirle vivir ni un mes sin trabajar al recuperar la libertad.

Delitos en prisión

También hay formas ilegales que tienen los presos de juntar dinero. Una de ellas tiene que ver con los secuestros exprés que realizan desde la cárcel: llaman a una persona al azar, sacada de una guía telefónica, le hacen creer que tienen secuestrado a un familiar y piden dinero para el rescate. Esto no sucede sólo desde prisión, pero es un argumento para que los teléfonos celulares estén prohibidos dentro de cualquier penal.

«Sería ingenuo ignorar que el 70 u 80 por ciento de la población penitenciaria tiene celular. Nadie tiene el coraje suficiente para regularlo», plantea el juez Mario Juliano, miembro del Tribunal en los Criminal 1 de Necochea, director ejecutivo de la Asociación Pensamiento Penal. Y agrega: «Con el celular, pasa como con todo elemento que se prohíbe: funciona en el mercado negro. Con una regulación razonable, funcionaría mejor. Es una herramienta pacificadora. Si no tuvieran teléfonos celulares, estaríamos con un motín todos los días. Por supuesto hay que intentar minimizar los riesgos con un control. Hay quienes no deberían tener celular, como los involucrados en redes de trata o los que intimidan a testigos, pero no es más del diez por ciento. El resto lo usa para hablar con las familias o mirar internet. Hoy se cometen delitos con celulares de una forma exponencialmente mayor fuera de las cárceles que adentro y no por eso cuestionamos prohibir la telefonía celular».

En el contexto de pandemia del coronavirus, ante el reclamo de familiares y abogados de algunos detenidos, el Servicio Penitenciario Bonaerense habilitó el uso de celulares en lo que dure la emergencia, para que estén en contacto con sus familias. La medida fue ordenada por la justicia y también se replicó en Chubut y Mendoza.

Cuánto cuesta un preso

Hay algunas administraciones que creen pertinente hacer la cuenta de lo que le cuesta cada preso al país. Especialistas consultados para esta nota explican que es una cuenta fácil de hacer si se piensa en el presupuesto del servicio penitenciario correspondiente y se lo divide por la cantidad de presos que contiene. Sin embargo, quedaría afuera la justicia penal, por citar un caso. También hay quienes advierten que hubo denuncias de corrupción sobre el destino del dinero para la comida de los presos. Aunque los presupuestos dicen que los reclusos comen mejor en prisión que en sus hogares, las denuncian dan cuenta de que eso nunca se concreta. Por eso la cuenta se hace más difícil.

El gobierno bonaerense informaba, en el último año de la gestión de Vidal, una inversión de 33 mil pesos por cada detenido. En la provincia de Santa Fe, para citar una diferencia, el año pasado el cálculo era de 18 mil pesos por recluso. En Tucumán, los presos tienen muy pocos derechos y, quienes trabajan, lo hacen gratis, para conseguir beneficios en la progresividad de la pena.

La emergencia

Por el hacinamiento, tanto el SPF como el Bonaerense están en emergencia. No es una forma de decir: es una declaración oficial que implica capacidades extraordinarias para contratar servicios sin los procedimientos habituales; convocar a personal retirado y definir ascensos sin control legislativo.

Apenas asumió en la Provincia, María Eugenia Vidal firmó el decreto de necesidad y urgencia donde declaró el Estado de Emergencia en el SPB, medida que ya fue prorrogada por su sucesor, Axel Kicillof, y así viene sucediendo con pocos baches desde hace 15 años. «Los prefiero amontonados que liberados», decía hace un par de años el ministro de Seguridad de Vidal, Cristian Ritondo, cuando se le preguntaba por la sobrepoblación carcelaria.

En marzo de 2019, el gobierno nacional decretó la emergencia por tres años por la superpoblación en las cárceles del SPF. La resolución lleva la firma del entonces ministro de Justicia, Germán Garavano, que explica que el aumento de presos se debe a «las políticas exitosas de seguridad pública» y que por ello el número seguiría subiendo.

Un año más tarde, la justicia rechazó el pedido de prisión domiciliaria que hizo el represor Miguel Etchecolatz para prevenir el contagio de coronavirus en la cárcel de Ezeiza. Para la justicia, «no corre peligro de contagio en su lugar de detención», aunque también el tribunal le solicitó al Servicio Penitenciario que refuerce el área de sanidad de cada penal para los internos que son grupo de riesgo, como el ex jefe de Investigaciones de la Policía Bonaerense durante la última dictadura militar, que tiene 90 años y siete condenas por delitos de lesa humanidad.

Por qué hay más presos

En los últimos años, hubo hechos sociales, políticos y legislativos que derivaron en un aumento en el número de presos de todo el país, a pesar de que cerca de la mitad no tiene condena. Algunos de estos hitos:

-En 2004, Juan Carlos Blumberg convocó a una multitud en la Plaza del Congreso para reclamar justicia por el secuestro y asesinato de su hijo Axel. Allí propuso el endurecimiento de las leyes penales. Enseguida logró que muchas de ellas fueran aprobadas: aumento de las mínimas en determinados delitos, penas hasta 50 años de cárcel, límites a las libertades condiciones.

-Aumento de juicios abreviados: pactos con el imputado para que se declare culpable a cambio de una pena morigerada

-En 2016, se aprobó la ley de flagrancia, que acelera de manera notoria el juzgamiento de aquellos que son descubiertos al momento de cometer un delito (a veces hay condena en tres días).

-Ley de limitación de excarcelaciones: se decidió para los delitos graves.

¿Se puede reducir el número de presos?

«Hay una sobreutilización de la privación de la libertad con prisiones preventivas, con condenas y con libertades transitorias. Hay una corriente judicial que le tiene miedo al qué dirán», aventura el radical Leandro Halperín, legislador porteño por Evolución y especialista en asunto carcelarios. Lo que propone Halperín, a partir de ese diagnóstico, es que las víctimas deberían ser parte de la decisión. «Por ejemplo, con el robo de celulares, mucha veces no es violento pero termina con el delincuente en prisión y quizás la víctima prefiere un acuerdo extra judicial donde le paguen un celular o le compren uno mejor o que esa persona haga una probation», sugiere.

Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se pregunta si, para bajar la tasa de encarcelamiento, es necesario bajar la tasa de delito, y se responde: «Puede ser, pero el grueso tiene que ver con que hay que racionalizar el Código Penal para que las penas sean más cortas. Hay que permitir salidas anticipadas, sacar la detención por consumo de drogas y flagrancia, trabajar sobre la prisión preventiva. Es política judicial, penitenciaria y de persecución penal, más que reacción a la tasa de delito. ¿Querés que la gente se quede años y años en prisión? ¿Querés que el que tiene consumos problemáticos vaya preso? Ésas son las preguntas que hay que hacerse».

Mientras tanto, el titular de la Corte Suprema de Justicia bonaerense, Eduardo Néstor de Lázzari, ordenó a la Mesa de Diálogo carcelario a que debata dos propuestas de la Comisión Provincial por la Memoria y del CELS para comenzar a transitar las salidas de detenidos que estén en condiciones de obtener la prisión domiciliaria. Lo que la política no tramitó en las últimas décadas, quizás ahora lo impulse un virus mundial.